Bolivia: libertades en entredicho

Manifestantes bolivianos
Image caption Durante los violentos disturbios en Pando murieron 11 personas, la mayoría campesinos.

Naciones Unidas estableció que en Bolivia se violan los derechos humanos y, en materia de libertad de expresión, mostró su inquietud por "el alto número de atropellos y amenazas sufridos por periodistas y medios de comunicación".

Atribuye las mayores violaciones a grupos de choque de la oposición, mientras que en materia de prensa, las principales víctimas son los medios privados.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia presentó su informe correspondiente al año 2008 este miércoles.

En el documento estableció que la peor violación a los derechos humanos fue la masacre de Pando, ocurrida el 11 de septiembre de 2008.

La ONU se basa en los informes de la Fiscalía para señalar que en esa región murieron al menos 11 personas. Este dato difiere con el presentado por la Unión de Países Sudamericanos (Unasur), que dijo que habían muerto al menos 20 personas, aunque luego algunos ciudadanos cuyos nombres aparecían en la lista de fallecidos dijeron que estaban vivos.

Naciones Unidas señala que dos de estos 11 muertos pertenecían a la prefectura y que los demás eran campesinos.

Al igual que Unasur, la ONU acusó de la masacre a la opositora prefectura de Pando, al Comité Cívico de esa región y a grupos afines a la Prefectura.

Por otro lado, liberó de responsabilidad al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien la oposición señala como uno de los responsables de haber organizado a los campesinos que luego murieron baleados por los opositores.

El principal acusado de estos hechos es el ex prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz, sin que aún se haya iniciado el juicio en su contra.

Avances

El encargado de presentar el informe fue Denis Racicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, quien también destacó los avances logrados en esta materia.

Resaltó, por ejemplo, los avances en materia de derechos económicos, sociales y políticos, que se tradujeron, entre otras medidas, en rentas y bonos pagados a ancianos y escolares.

Sin embargo, la lista de preocupaciones es también amplia. Expresa su inquietud por "la violencia política vivida en diferentes departamentos del país, con irrupción de numerosos grupos de choque que, en distintas ocasiones, apoyaron violentamente las posiciones de las prefecturas y movimientos cívicos pro-autonómicos".

El informe se refiere a los enfrentamientos entre oficialistas y opositores que, entre agosto y septiembre del año pasado, dejaron muertos y heridos en las regiones del país.

Naciones Unidas también expresa su preocupación porque "se estaría poniendo en cuestión la independencia de la administración de justicia y su correcto funcionamiento".

De esa forma se aborda la falta de designación de autoridades que tiene semiparalizado al Poder Judicial. En este punto, la oposición boliviana acusa al Gobierno de ejercer presiones para descabezar al Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional no funciona por falta de quórum y la Corte Suprema de Justicia está a punto de caer en la misma situación porque tres magistrados ya cumplieron su mandato.

El oficialismo además inició un juicio de responsabilidades en contra del presidente de este órgano, Eddy Fernández, a quien acusa de retardar el juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Amenazas a la prensa

En materia de libertad de expresión, la ONU pone en evidencia que la muerte de un locutor de una radio municipal, los atropellos y amenazas a periodistas, así como los atentados y destrucción de instalaciones "no habrían merecido la suficiente atención de autoridades competentes encargadas de su esclarecimiento y sanción".

También expresa su preocupación por "los señalamientos hechos desde el Gobierno contra los medios y sus trabajadores, por un lado, y la difusión de informaciones tendenciosas y la incitación a la violencia política o racial en la que incurrieron varios medios privados, por otro lado".

El presidente Evo Morales suele decir que sus principales opositores son los medios de comunicación, a los que acusa de mentir sistemáticamente. Mientras que las organizaciones de prensa señalan al presidente como el responsable de las agresiones a los periodistas.

El informe también repara en las detenciones irregulares realizadas por órganos de seguridad, la falta de diligencia debida y la recurrencia de hechos de linchamiento.

Tanto gobierno como opositores se acusan mutuamente de ser quienes violan los derechos humanos. De hecho, un grupo de abogados presentó una demanda en contra del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que investigue la gestión de Evo Morales.

Ante esa situación, Morales pidió a la OEA que venga a investigar para que vea quiénes son los que verdaderamente pisotean los derechos.

El líder opositor Jorge Quiroga dijo este miércoles que el gobierno es el responsable de las violaciones a los derechos humanos porque defenestra instituciones, intimida al Congreso y agrede a la prensa.

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