Michoacán: 27 funcionarios a prisión

Partidarios de los funcionarios arrestados
Image caption Manifestantes partidarios de los arrestados marcharon por las calles de la Ciudad de México.

Un juez ordenó el arresto de 27 de los 30 funcionarios públicos detenidos a fines de mayo en el estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los arrestados hay siete alcaldes, el fiscal Miguel García Hurtado y varios jefes policiales quienes se encontraban bajo detención preventiva.

Los inculpados fueron recluidos en un penal de mediana seguridad por su presunta colaboración con "La Familia Michoacana", uno de los carteles de la droga más peligrosos de México y el principal productor de drogas sintéticas del país.

El procurador General de la República (fiscal), Eduardo Medina Mora, dijo que existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

"Las 27 personas referidas, ahora inculpadas, aprovechándose de su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico", dijo el fiscal.

"El michoacanazo"

Image caption Los funcionarios fueron detenidos a finales de mayo por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

Esta semana cientos de partidarios de los funcionarios públicos acusados de formar parte de una red de protección del cartel de "La Familia" marcharon en las calles de Ciudad de México para exigir su liberación.

Tres de los alcaldes detenidos en mayo no fueron enviados a prisión, pero continuarán bajo detención preventiva a la espera de que se agoten las investigaciones, informó la fiscalía.

El último episodio del llamado "michoacanazo" se produce cuando faltan dos semanas para las elecciones legislativas en el país.

México ha sido escenario de una disputa entre carteles de la droga que luchan por el control del territorio que ha dejado más de 2.500 muertes violentas en lo que va del año, que se suman a las 6.300 víctimas fatales del año pasado.

Según ha reconocido el propio gobierno del presidente Felipe Calderón, las organizaciones delictivas han logrado infiltrar numerosas instituciones públicas y corromper a funcionarios a distintos niveles.

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