ONU: “preocupa” polarización en Colombia

Christian Salazar, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Image caption Salazar dijo estar preocupado por la polarización.

No sólo son las ejecuciones extrajudiciales atribuidas al ejército, sino también los seguimientos ilegales a jueces, periodistas y opositores por parte de la policía secreta, el alto número de desplazamientos forzados y la creciente violencia de los paramilitares de derecha contra los civiles.

Esas son apenas algunas de las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El director de la oficina, Christian Salazar, está comenzando su trabajo en Colombia, luego de haber estado tres años al frente de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Irán.

En una entrevista con BBC Mundo, Christian Salazar señala que a él también le preocupa que Colombia -sumida en un conflicto armado desde hace cinco décadas- esté dividida y polarizada frente a los derechos humanos y la paz.

¿Cómo ve su oficina la situación de derechos humanos en Colombia hoy? ¿Cuáles son los principales motivos de preocupación para su oficina y por qué razones?

Image caption La ONU está prestando atención atención a la las ejecuciones extrajudiciales.

En la actualidad prestamos mucha atención a la las ejecuciones extrajudiciales; a las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales realizados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a defensores de derechos humanos, a periodistas y a políticos de oposición por parte del servicio civil de inteligencia DAS; y también a la creciente violencia contra la población civil que ejercen los grupos surgidos después de la desmovilización y aquellos que no se han desmovilizado.

Nos preocupa el alto número de desplazamientos forzados y que el país está dividido, polarizado en muchos temas en el ámbito de los derechos humanos y de la paz. No quiero crear la impresión de que todo está mal.

Hay avances importantes, como el esfuerzo del Ministerio de Defensa por implementar una política de derechos humanos y la labor de la Corte Suprema de Justicia al investigar vínculos entre políticos y paramilitares. Además el gobierno de Colombia mantiene una interlocución abierta y estrecha con nosotros, lo cual es muy positivo.

¿Qué tan grande sigue siendo el fenómeno paramilitar en Colombia?

Esta es una pregunta difícil y me temo que por ahora no le puedo dar una respuesta definitiva. Nuestra oficina ha dado seguimiento y ha analizado a los grupos paramilitares que no se acogieron al proceso de desmovilización. En la actualidad, estimamos que el problema se centra en los grupos que emergieron después de la desmovilización.

Estos grupos presentan un panorama muy heterogéneo. Tenemos información de que algunos de estos grupos cooperan entre sí, otros se están combatiendo, algunos hasta cooperan con la guerrilla y otros la combaten.

Sabemos también que estos grupos operan ya en el 15% de los municipios y su influencia crece rápidamente afectando a la población civil y generando una ola de violencia que nos preocupa profundamente. El año anterior la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo en Bogotá que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia tenían un carácter sistemático. ¿Amerita esa calificación que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue esos casos?

Image caption Salazar resaltó el esfuerzo del Ministerio de Defensa por implementar una política de derechos humanos.

Hay que ser muy preciso en este tema. La Alta Comisionada respondió a una pregunta de la prensa sobre el tema de la “sistematicidad”, de acuerdo con su experiencia como jueza de la CPI. El relator para ejecuciones extrajudiciales, quien visitó el país recientemente, habló también de prácticas sistemáticas.

Nuestra Oficina ha constatado que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica extendida a lo largo del país. Pero es decisión de la CPI y de su fiscal si abre o no una investigación y son los jueces de la Corte quienes califican si hay o no sistematicidad.

¿Cree que se están investigando todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y “falsos positivos”, y que se ha sancionado a todos los responsables?

Aunque hubiera sido deseable que las autoridades colombianas empezaran a actuar con rigor desde nuestras primeras recomendaciones, es muy positivo que el año pasado el gobierno hubiera destituido a altos militares por falta de control y supervisión.

También es un importante avance que el Ministerio de Defensa emitiera 15 medidas muy concretas para prevenir futuras ejecuciones, aunque quisiéramos conocer más en detalle las acciones que el ejército tomó al respecto, las dificultades en la implementación y el impacto concreto de estas medidas en el terreno.

Ahora es de vital importancia velar para que los procesos judiciales sobre las ejecuciones extrajudiciales se desarrollen en forma correcta y sin interferencias.

Lamentablemente registramos amenazas contra fiscales, testigos y familiares de víctimas, en la medida en que avanzan estos procesos. El caso más reciente fue el intento de asesinato de un testigo clave en Cali.

Han aumentado considerablemente las quejas por desapariciones forzadas. ¿A qué atribuye esa situación?

Nuestra Oficina no tiene indicios suficientes para afirmar que existe un aumento considerable de la desaparición forzada en Colombia, pero sí tomamos en serio las alertas de varias ONG al respecto. Me parece que la sociedad en su conjunto subestima la dimensión que tiene la desaparición forzada.

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación estima que por lo menos 50.000 colombianos han sido desaparecidos.

¿Qué tan receptivo ha sido el gobierno colombiano con las recomendaciones que le ha dado su oficina?

El gobierno colombiano ha tenido una política muy abierta. Estamos presentes en el país desde hace más de diez años con un mandato bastante completo. A lo largo de los años hemos hecho muchas recomendaciones al gobierno y tengo que admitir, con afán autocrítico, que francamente es muy difícil implementar un número tan grande y diverso de recomendaciones.

Por ejemplo, desde el año 1998 hicimos recomendaciones al gobierno sobre las ejecuciones extrajudiciales, pero sólo hubo reacción en los últimos dos años. En otros ámbitos hay un rechazo directo a las recomendaciones y debo expresar mi profunda tristeza por el hundimiento del proyecto de ley de víctimas, ya que no se logró romper la barrera partidista en favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

¿Qué opina de la afirmación del vicepresidente, Francisco Santos, según la cual algunos de sus antecesores manejaban su oficina como si fuera una ONG?

Creo que usted debería preguntar esto al vicepresidente. Yo llegué al país para cumplir el mandato del Alto Comisionado, es decir, observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno, prestar asesoría técnica y asesoría jurídica al gobierno y a la sociedad civil e informar al público colombiano e internacional sobre los resultados de nuestra observación.

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