Agreden a periodistas en Caracas

Periodistas atacados en Venezuela. Foto: Cadena Capriles
Image caption Los periodistas lesionados trabajan para la Cadena Capriles. Foto cortesía Cadena Capriles

Doce periodistas resultaron lesionados con heridas de diversa consideración en el centro de Caracas cuando fueron atacados por un grupo de personas supuestamente simpatizantes del gobierno, mientras repartían volantes en contra de una legislación relativa a los medios de comunicación.

Se trata de un artículo incluido en un proyecto de Ley de Educación, que se discute este jueves en la Asamblea Nacional, y que según los reporteros le dará facultades al Poder Ejecutivo para suspender la actividad de cualquier medio de comunicación cuando así lo crea conveniente, una versión que ha negado el ministro de Educación, Héctor Navarro.

Mientras, manifestantes a favor y en contra de la misma ley -que unos creen vital para el progreso de la "revolución bolivariana" y otros consideran busca "ideologizar" a los niños y politizar las escuelas – se agrupaban en el centro de Caracas.

Los primeros, con camisas rojas y despliegue logístico -con música y distribución gratuita de comida y bebida- se instalaron en tres de las cuatro esquinas que rodean el edificio legislativo. Desde dos de ellas, líderes arengaban a la multitud desde tarimas colocadas a tal efecto.

Los segundos no pudieron acercarse al mismo edificio. Cordones de policías metropolitanos les cortaron el paso con gas lacrimógeno y chorros de agua. En un episodio de corta duración, un grupo de adversarios a la ley que logró recortar distancias recibió pedradas.

Discriminados

Portavoces de los opositores a la ley, que incluía varios rectores de universidades nacionales, dirigentes estudiantiles, representantes de organizaciones de padres y otros grupos civiles, denunciaron haber sido repelidos violentamente por los funcionarios de seguridad, al tiempo que dijeron haber sido discriminados porque no se les permitió entregar un documento ante la Asamblea Nacional.

El centro de la capital se convirtió así en un hervidero del que no escaparon, unas cuadras más abajo, los periodistas lesionados, que trabajan para la Cadena Capriles, también ubicada en esa zona de la ciudad.

Esta compañía, que incluye uno de los periódicos de mayor circulación, el tabloide Últimas Noticias, goza de la simpatía del presidente Hugo Chávez, quien incluso publica semanalmente su columna en ese medio.

Según le describió a BBC Mundo el periodista Juan Pablo Arocha, uno de quienes efectuaba la entrega de volantes, "llegaron unas personas afectas al oficialismo, con banderas e insignias del partido de gobierno y con un discurso por el que se nos acusaba de ser de derecha".

Otros portavoces señalaron que algunos tenían símbolos de un canal comunitario de línea oficialista, conocido como Ávila TV.

"Impactante"

Image caption Los simpatizantes del gobierno también se manifestaron, pero a favor de la ley.

Los agresores patearon y golpearon a los reporteros a mano limpia y con piedras y palos. Algunas de las víctimas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para ser atendidos de las heridas.

Arocha indicó que los periodistas estaban plenamente identificados como tales, con franelas y colgantes.

"Fue impactante, porque no estábamos participando en ningún acto violento. Algunas personas aquí en la redacción están visiblemente afectadas, algunas llorando", refirió.

El evento ha causado conmoción en la comunidad periodística venezolana, en momentos en que representantes sindicales y gremiales denuncian lo que consideran es una arremetida en contra de la prensa independiente y la libertad de expresión, a través de medidas como el reciente cierre de 34 emisoras de radio por supuestas irregularidades relativas a su documentación.

Mientras, la Asamblea Nacional se dispone a aprobar una serie de proyectos polémicos 48 horas antes de que termine el período ordinario de sesiones.

El principal de ellos es la mencionada Ley de Educación, pero también se encuentra en el "orden del día" una Ley de Registro Civil y una ley que permitirá a la "comunidad organizada" en las ciudades tomar terrenos que considere abandonados.

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