Última actualización: martes, 18 de agosto de 2009 - 21:50 GMT

Jacinta y la justicia mexicana

Jacinta Francisco Marcial

Jacinta, en un penal de Querétaro, México.

"El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".

Con estas palabras, el investigador de Amnistía Internacional (AI) Rupert Knox explicó a BBC Mundo porque su organización ha declarado a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial "prisionera de conciencia".

La mujer, de 46 años, cumple en México una condena de 21 años de cárcel por haber secuestrado a seis policías hace tres años.

"Es una indígena otomí, viene de un sector de la sociedad muy vulnerable, que no tiene las posibilidades de defenderse contra las acusaciones", señaló Knox y agregó:

"Por ser tan débil, la justicia y el ministerio público han ido en su contra".

Uno de los abogados de Jacinta, Andrés Díaz, afirma que ella cayó en uno de "los agujeros negros del sistema de justicia mexicano en los que suele caer la gente sin recursos".

"Castigo colectivo"

Hace tres años, un 26 de marzo, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entraron al mercado central de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, México, vestidos de civil, con la intención, dijeron, de buscar y confiscar drogas y material "pirata".

Presa de conciencia

Jacinta Francisco Marcial

El concepto de preso de conciencia es uno de los pilares de actuación de AI desde sus comienzos.

"Es una forma de señalar que una persona no sólo ha sido procesada injustamente, sino que ha sido procesada por motivos políticos, por la etnia, el género, sus creencias, u otras actitudes que son parte de la identidad humana".

Los vendedores protestaron y pincharon los neumáticos de algunos de los vehículos en que iban los agentes. La disputa terminó el mismo día, cuando el jefe de la policía regional ofreció a los vendedores una indemnización por los daños a sus mercancías.

Cuatro meses después del incidente, la señora Jacinta fue sacada de su domicilio y llevada a la Procuraduría General de la República.

Su abogado Andrés Díaz dice que ella recién se enteró de qué la acusaban cuando llegó a la prisión. Un juez la condenó a 21 años de prisión.

El abogado Andrés Díaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, describió a BBC Mundo una larga lista de supuestas irregularidades del caso, desde la ausencia de un traductor (el castellano no es la primera lengua de Jacinta), la falta de presunción de inocencia, el doble rol de policías -que fungen como supuestas víctimas e investigadores a la vez- y, a final de cuentas, "la falta de todo derecho a un proceso justo".

Díaz ve en el encarcelamiento de Jacinta un deseo de castigar a una comunidad.

"Hubo pruebas"

Aunque para Amnistía Internacional la indígena otomí fue condenada sin pruebas, Minerva Amado, portavoz de la Procuraduría General de la República, le dijo a BBC Mundo que esa dependencia sí presentó evidencias al juez.

En su momento, la PGR presentó ante el juez los elementos que consideró necesarios, las pruebas suficientes que, a su parecer, ameritaban para la presunción de responsabilidad

Vocera de la PGR

"En su momento, la PGR presentó ante el juez los elementos que consideró necesarios, las pruebas suficientes que, a su parecer, ameritaban para la presunción de responsabilidad".

Ante la pregunta de si la dependencia podría retirar los cargos, la vocera subrayó que el caso ya no está en las manos de la dependencia.

"Ya no es nuestra responsabilidad, la PGR no fue quien sentenció a esta mujer, fue el juzgado. Ya no es nuestra decisión".

Amado informó además que el gobierno federal se encuentra formulando una posición oficial en respuesta a la declaración de Amnistía Internacional.

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