Fernández retiene "facultades especiales"

Cristina Fernández de Kirchner
Image caption La extensión de las facultades ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un nuevo espaldarazo del Congreso argentino. Esta vez, en una sesión del Senado, donde se aprobó la prórroga de atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo.

Tras un debate largo y tenso, los senadores decidieron extender por un año las llamadas facultades delegadas, un paquete de 1.900 normas que permiten a la presidenta tomar decisiones normalmente atribuidas al Poder Legislativo. Entre ellas, la potestad de fijar las retenciones a las exportaciones agrarias.

La extensión de las facultades por otros doce meses ya había sido aprobada en Diputados la semana pasada, y la votación en la Cámara Alta dio al proyecto carácter de ley.

Pero el proceso estuvo marcado por las confrontaciones. Los representantes de la oposición – la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente- sumaron 30 votos, pero no lograron la mayoría. El oficialismo finalmente se impuso en el debate con 38 legisladores en acuerdo.

El senador Nicolás Fernández, representante del partido de gobierno y de la provincia de los Kirchner, Santa Cruz, celebró la decisión que "pondrá claridad" a las atribuciones extraordinarias que deben seguir en vigencia.

Sin embargo, el legislador de La Pampa Juan Carlos Marino votó en contra, al considerar que la sociedad argentina había pedido "un freno al uso y abuso del poder".

"Estamos delegando en un Poder Ejecutivo las obligaciones que son de todos nosotros", consideró el senador.

Fueron 20 intervenciones a lo largo de ocho horas hasta que el oficialismo obtuvo lo que había ido a buscar, en una sesión que transcurrió a puertas cerradas por cuestiones de seguridad.

Protestas de los ruralistas

Image caption Fuera del Congreso Nacional, los ruralistas protestaron por la decisión de vedarles el acceso al recinto.

Las facultades del poder Legislativo delegadas al Ejecutivo conforman un paquete de 1.900 leyes y decretos ley sancionados en 1975, que desde 1999 deben ser revisadas y convalidadas por el Congreso cada año.

La más controvertida de las atribuciones es un artículo del Código Aduanero, que permite a la presidenta fijar las retenciones a las exportaciones cuando, en realidad, las normas en materia tributaria deberían ser dictadas por el Congreso, tal como establece la Constitución argentina.

En el marco del sostenido enfrentamiento del gobierno con el sector agrario, este punto resulta particularmente polémico. Fue precisamente el aumento de los aranceles a los granos exportados los que hicieron detonar el conflicto, en marzo de 2008.

Los dirigentes agropecuarios reclamaban la suspensión de esta atribución. Con ello buscan que las alícuotas a las exportaciones del agro vuelvan a quedar en la órbita de decisión del Congreso.

Puertas afuera del Congreso Nacional, los ruralistas protestaron por la decisión de vedarles el acceso al recinto.

El presidente de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, reclamó por el vallado que impedía el paso, y consideró que el Parlamento debía ser un "lugar abierto" a los ciudadanos.

Los grupos del agro se congregaron para hacer presión contra la prórroga de las facultades, y sus protestas fueron escalando: hubo insultos, golpes y avances sobre las vallas de contención, que provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

"Hay que recuperar un Congreso que sea capaz de ir viendo cada una de las normas, en lugar de otorgarle más poder al gobierno", declaró el dirigente de la FAA

El simbolismo de un triunfo

Para el oficialismo, la decisión del Senado fue un triunfo representativo: el primero desde el revés sufrido en las elecciones legislativas del 28 de junio.

La presidenta Fernández corrió contra reloj para lograr la prórroga de estas facultades, que vencían el 24 de agosto, y logró un primer apoyo en Diputados ahora validado por la Cámara Alta.

Así, los analistas leen la decisión como un importante logro político que pocos se hubieran animado a predecir apenas semanas atrás. Una demostración de que el oficialismo cuenta con adhesión suficiente para llevar sus iniciativas adelante por la vía legislativa.

Según señalan algunos, el oficialismo quiere cambiar definitivamente el clima político adverso en el Senado, que tiene a la cabeza al vicepresidente Julio Cobos, enfrentado con la mandataria desde el año pasado.

Otros, sin embargo, consideran que la tendencia oficialista del Senado es simplemente consecuencia de que el recambio de legisladores, decidido en las urnas, aún no se ha concretado.

"Tras las elecciones, uno hubiera apostado que veríamos más fraccionamiento en el kirchnerismo, que no se está dando. Y la situación del oficialismo va a ser la misma hasta el recambio de diputados, en diciembre próximo", dijo a BBC Mundo Luciana Díaz Frers, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Para la analista, la prórroga de las facultades delegadas deja un balance ambiguo.

"Lo bueno es que, a partir de esto, se creará una comisión que en teoría va a revisar las 1.900 leyes delegadas, y a partir del informe que se elabore comenzarán a sacarse o limitarse algunas facultades", señala Díaz Frers.

Sin embargo, muchos argumentan que algunas ya deberían haberse quitado de la lista, si el gobierno quiere crear un ámbito de consenso para garantizar la gobernabilidad. Entre ellas, las que permiten fijar las polémicas retenciones al campo.

"Eso debería debatirse en un ámbito como el Congreso, y no ser fijado unilateralmente por el Ejecutivo", consideró la experta de CIPPEC.

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