Argentina y Uruguay pelean en la Corte

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Image caption Ambos países mantienen un pleito por la construcción de una fábrica de pasta celulosa.

Este lunes comienza una fase decisiva en la prolongada contienda que mantienen las vecinas Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa Botnia en la margen uruguaya del río que comparten.

Por tres semanas, el conflicto rioplatense se trasladará hasta los Países Bajos, donde la Corte Internacional de Justicia en La Haya escuchará las audiencias finales en el pleito que mantienen ambos países por la construcción de la fábrica de pasta de celulosa de capitales finlandeses.

Argentina presentó la demanda ante el tribunal internacional en 2006, por considerar que Botnia contamina el Río Uruguay, que ambos países comparten.

Montevideo ha rechazado el cuestionamiento y acusa al gobierno argentino de haber permitido que manifestantes contrarios a la instalación de la planta realicen un corte ilegal del principal puente que une ambos países, una medida que lleva más de tres años.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la organización de vecinos que mantiene la protesta en la provincia argentina de Entre Ríos, realizó el pasado domingo una multitudinaria marcha en respaldo a la posición argentina en La Haya.

Cristina Linba, una de las ambientalistas, dijo a BBC Mundo que continuarán con su reclamo más allá de lo que defina el Tribunal.

"No vamos a aflojar hasta que se relocalice la planta de Botnia", advirtió.

Cruces

En tanto el gobierno argentino se mostró confiado de un eventual fallo favorable ante la Corte Internacional.

"Nos preparamos con la convicción de que la razón está de nuestra parte", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taiana.

La postura argentina se basa en el presunto incumplimiento por parte de Montevideo del Tratado del Río Uruguay, que rige el uso de las aguas binacionales.

Sin embargo el gobierno de Tabaré Vázquez afirma que es Buenos Aires la que ha desatendido las condiciones de ese estatuto.

Image caption La instalación de Botnia es la mayor inversión industrial en la historia de Uruguay.

Hace unas semanas, la Cancillería emitió un comunicado acusando a Argentina de haber abandonado su responsabilidad de monitoreo conjunto del Río Uruguay.

Lea: Litigio ambiental sobre el río Uruguay

Más allá de los cruces, las autoridades uruguayas se han mostrado más salomónicas respecto al eventual fallo del Tribunal de La Haya.

El ex canciller y actual titular de Defensa, Gonzalo Fernández, consideró que es probable que la Corte “desestime” el caso y dé “una palmadita” en la espalda a ambos países.

Por su parte, el candidato oficialista para las elecciones presidenciales de octubre próximo, José Mujica –que lidera la contienda- evitó polemizar sobre el tema durante una visita a Buenos Aires la semana última.

Anteriormente, Mujica había señalado que si llega a la presidencia le pedirá a los dueños de Botnia que financien proyectos turísticos en Gualeguaychú, la ciudad argentina más próxima a la planta de celulosa.

Las dos caras de la moneda

La instalación de la filial de Botnia cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros de Montevideo, significó la mayor inversión de carácter industrial en la historia de Uruguay.

Según el economista Rafael Mantero, de la consultora uruguaya CPA Ferrere, la inversión inicial fue de unos US$1.100 millones.

Mantero dijo a BBC Mundo que la contribución anual que genera la empresa, desde que comenzó a funcionar a finales de 2007, representa más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay.

Para los asambleístas de Gualeguaychú, los beneficios económicos que trajo a Montevideo la instalación de Botnia no justifican el daño que, según ellos, está causando la empresa en las aguas del Río Uruguay.

"La contaminación está. Se huele todos los días. Está en el aire y en el agua", afirmó a este medio Cristina Linba.

La activista no descartó que en el futuro la Asamblea revea la metodología del bloqueo de puentes. Esta forma de protesta ha perdido respaldo en Argentina incluso desde el gobierno que, no obstante, no ha impedido su aplicación.

Sin embargo, Linba aseguró que las movilizaciones continuarán, en tanto no se ordene el cierre de la planta.

Hace unos días, el Congreso de Entre Ríos designó como "paraje histórico y cultural" la zona donde se centra la protesta ambientalista, una medida que suscitó protestas del otro lado del río.

En la audiencia oral de este lunes, será el turno de Argentina de exponer su postura ante el Tribunal Internacional de Justicia, mientras que Uruguay lo hará el 2 de octubre.

Según los analistas, la Corte podría tardar hasta un año en dar a conocer su veredicto.

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