Claves de la ley de medios

Cristina Fernández
Image caption Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentada por el gobierno de Fernández.

La Cámara de Senadores del Congreso de Argentina aprobó en la madrugada de este sábado un polémico proyecto de ley de medios impulsado por el gobierno de Cristina Fernández. La reforma ya contaba con la luz verde de Diputados.

La llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentada por el ejecutivo con el objetivo declarado de "desconcentrar y desmonopolizar" el mercado mediático, además de actualizar la legislación para adecuarse a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, para la oposición, detrás de la legislación hay una intención del Ejecutivo de ampliar su control sobre los medios y sus contenidos, y de crear otro modelo de concentración bajo la injerencia del Estado.

El principal objetivo de la iniciativa -afirman los opositores- es destruir al Grupo Clarín, el principal multimedios argentino, que desde hace tiempo está abiertamente enfrentado con la mandataria Cristina Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Lea: Clarín vs. Kirchner, en lucha abierta

Pero, ¿cuáles son los puntos más polémicos de una compleja norma que tiene más de 160 artículos y un sinnúmero de tecnicismos?

A continuación, BBC Mundo le detalla las claves para entender lo que discute el Congreso.

REPARTO DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO

La propuesta divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (entre ellos sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones e iglesias).

Hoy el Estado administra un canal de aire (Canal 7), la Radio Nacional y un sistema de radiodifusión al exterior (RAE), además de una agencia de noticias, a través de una empresa específicamente creada llamada Sistema Nacional de Medios Públicos.

De acuerdo con el gobierno, la nueva ley permitiría una mayor pluralidad de voces. Sin embargo, la oposición advierte que el tercio en manos del sector social podría ser entregado a grupos cercanos al poder, lo cual ampliaría el control del gobierno sobre los medios.

NUEVO ENTE DE CONTROL

De ser aprobada definitivamente por ambas cámaras, la ley creará una nueva entidad regulatoria: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, que reemplazará al actual Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).

Image caption Para los opositores, el principal objetivo de la iniciativa es destruir al Grupo Clarín.

Este organismo resulta clave para el mercado mediático, ya que es el encargado de otorgar licencias o declararlas caducas, así como de sancionar las violaciones a las normas por parte de las empresas.

Según la propuesta oficial, el organismo estaría integrado por una mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo y funcionaría en el ámbito del gobierno. Tanto la oposición como las ONG piden que la autoridad de aplicación sea autónoma y que esté protegida contra la interferencia política.

También se propone una revisión de las licencias cada dos años. El gobierno afirma que se trata de un control técnico, para garantizar el avance de las nuevas tecnologías. Para la oposición, podría ser utilizado como una herramienta de extorsión a los medios.

El proyecto final que se está discutiendo establece que el ente de control de medios deberá proponer estas revisiones al Congreso, antes de modificar las licencias establecidas.

MENOR CONCENTRACIÓN

La norma reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño. La ley de radiodifusión aprobada en 1980 permitía un máximo de cuatro licencias por empresa, pero una modificación del ex presidente Carlos Menem a finales de los años 90 amplió las licencias a las actuales 24.

En particular, la ley prohíbe a una empresa dueña de un canal abierto ser también proveedor del servicio pago de televisión por cable en la misma zona. Eso obligaría a conglomerados mediáticos a desprenderse de uno de sus negocios. El caso emblemático es el del Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, que debería vender Canal 13 o bien abandonar el negocio de las dos grandes operadores de cable que tiene bajo su órbita.

La norma obligará a los grupos mediáticos que superen el nuevo cupo a vender los medios excedentes en el plazo de un año.

Para la oposición, este plazo es motivo de conflicto, ya que obligaría a los actuales grupos mediáticos a vender de forma forzada, lo cual podría beneficiar -según argumentan- a empresarios cercanos al gobierno.

Asimismo, desde Clarín señalan que el servicio de cable transmite contenidos de distintas fuentes y no sólo los propios de la empresa, lo cual contribuye a la "pluralidad de voces".

NUEVOS JUGADORES

Por un lado, la ley establece un límite para la participación de capitales extranjeros en los medios, que no deberá superar el 30% del paquete accionario de una empresa.

Image caption El oficialismo convocó a una sesión especial para que la Cámara de Diputados comience a debatir la ley.

Permite, además, el ingreso de empresas públicas en el mercado de los medios audiovisuales.

El proyecto original del oficialismo habilitaba a las telefónicas para acceder al mercado de la televisión por cable, siempre que tuvieran un 70% de capital argentino. Eso les hubiera permitido competir por el llamado "triple play": la oferta simultánea de cable, teléfono e internet. Sin embargo, la propuesta generó gran rechazo ante los temores de que la iniciativa pudiera generar nuevos monopolios mediáticos, en manos de empresas como Telefónica, Telecom o Telmex.

En un anuncio inesperado, este lunes el gobierno finalmente prohibió la participación de las empresas telefónicas, en lo que definió como una concesión en busca de consenso para tratar la ley en el Congreso.

En el proyecto final, las telefónicas quedaron fuera pero sí fueron habilitadas las licenciatarias de servicios sin fines de lucro, como las cooperativas, a participar en este segmento del mercado de telecomunicaciones.

CONTENIDO NACIONAL

La norma establece nuevas pautas para la producción local: señala que el 60% de lo que muestra la televisión abierta debe ser hecho en Argentina. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 70% de producción nacional y el 30% de la música transmitida también deberá ser argentina, salvo en el caso de emisoras temáticas o destinadas a colectividades extranjeras. Los servicios de televisión por cable, en tanto, deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia, así como canales originados en el Mercosur y en otros países de la región latinoamericana.

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