La hora de los medios ecuatorianos

Al ambiente de confrontación permanente entre el presidente Rafael Correa y varios medios de comunicación en Ecuador, se ha sumado la discusión en torno a la regulación a los medios planteada por el proyecto de Ley de Comunicación presentado a la Asamblea Nacional por el partido de gobierno, Alianza País.

Image caption El mandatario ecuatoriano ya había anunciado que caerían "vacas sagradas", para referirse a dueños de medios.

Mientras Correa continúa cada sábado, durante su programa radial, criticando a lo que él llama la “prensa corrupta”, el oficialismo ha configurado una iniciativa legal por la cual, entre otras cosas, los medios estarían obligados a registrarse cada año ante un Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI) presidido por un representante del Ejecutivo.

“No es una ley mordaza, no existe censura previa”, ha insistido Rolando Panchana, asambleísta proponente del proyecto de Alianza País.

La propuesta de Panchana habla del respeto a la expresión de opiniones “sin censura previa y con responsabilidad ulterior”, seguido por normas como la eliminación de monopolios en la propiedad de los medios, la obligatoriedad de que cada medio cuente con un código de ética y un Defensor del Público, y la aplicación de sanciones que van desde multas hasta la cancelación del registro de funcionamiento de un medio.

Medios con registro

Opine: ¿Ley de medios es ley mordaza?

Según el proyecto legal, ningún medio podrá funcionar sin el registro otorgado por el CNCI, entidad que además tendrá atribución para “establecer las políticas de los medios de comunicación relativas al cumplimiento de los códigos éticos y la responsabilidad social de los medios” y “evaluar los mensajes difundidos por los medios”.

Este Consejo, en el cual no estarán incluidos los medios, estaría conformado por dos representantes del gobierno, uno de la Asamblea, uno de los gremios de comunicadores, uno de las facultades de comunicación y tres de la ciudadanía.

Críticos al gobierno han afirmado que será muy fácil que el ejecutivo tome control de dicho Consejo, más aún cuando el delegado del presidente de la República lo presidiría y tendría voto dirimente.

El asambleísta Panchana dijo a BBC Mundo que su proyecto de ninguna manera avala el control a los medios por parte del gobierno. No obstante, anunció que enviará una consulta a la Procuraduría del Estado para que se determine si tendría base constitucional la presidencia del CNCI, como consejo de carácter público, por parte de un delegado no designado por el Ejecutivo; de ser así, Panchana dijo estar dispuesto a cambiar su proyecto en este punto.

"Restricción de información"

Para el asambleísta opositor de Concertación Nacional, César Montúfar, quien también ha presentado un proyecto de Ley de Comunicación, la propuesta de Alianza País apunta hacia la restricción de información y el secretismo.

Como una muestra de ello, Montúfar citó que el proyecto de Panchana prohíbe a los medios de comunicación el difundir información producto del uso de cámaras ocultas o grabadoras escondidas y a la vez coloca como una causal de sanción a un medio el atentar contra la seguridad del Estado.

“Esto hace que exista una censura a la posibilidad de que actos gubernamentales puedan ser develados utilizando fuentes no convencionales de acceso a esa información. Si este proyecto hubiera operado en la década del Fujimorato en Perú, no se hubiera podido conocer absolutamente nada. Son los gobiernos autoritarios los que se sustentan en la restricción al flujo de información”, dijo Montúfar a BBC Mundo.

El proyecto de ley de Montúfar establece que debe haber una autoregulación por parte de los medios, sin intervención estatal, así como veedurías ciudadanas a los medios, de carácter no vinculante.

Un tercer proyecto, elaborado por organizaciones de izquierda agrupadas en el Foro de la Comunicación, fija la regulación a través de un Consejo Social de la Comunicación con atribuciones similares a las de la entidad propuesta por Panchana.

Sin embargo, es el proyecto de Alianza País el que cuenta con una mayoría a su favor en la comisión legislativa que procesa la ley en la Asamblea, en cuyo plenario la fuerza mayoritaria es el oficialismo.

Pese a ello, el asambleísta Montúfar dijo no ver con pesimismo el trámite legislativo de la ley. “No va a ser tan sencillo que el gobierno imponga su ley, pues hay una gran atención de la sociedad sobre las libertades fundamentales que están en juego”, afirmó.

A pesar de que la Constitución establece que la Ley de Comunicación, al igual que otros cuerpos legales, deben aprobarse hasta el 14 de octubre, la Asamblea Nacional ha manifestado que los plazos se extenderán para permitir un amplio debate nacional.

Mientras este debate por la ley se produce, la pugna Correa-medios continúa. Justamente para los próximos días se prevé un pronunciamiento del Consejo Nacional de Telecomunicaciones en torno a un informe jurídico que plantea cerrar por 90 días a la televisora Teleamazonas por reincidir en supuestas ilegalidades al trasmitir una grabación de audio clandestina efectuada en el despacho del mandatario.

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