Chile niega haber espiado a Perú

Mariano Fernández
Image caption El canciller chileno descartó cualquier actividad "ilegal" de su gobierno en las relaciones con Perú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano Fernández, descartó cualquier actividad "ilegal" de su gobierno en las relaciones con Perú, después de que Lima adoptara medidas diplomáticas contra Santiago por un supuesto caso de espionaje.

Las autoridades peruanas aseguran que un suboficial de su país entregó información reservada a Chile.

La polémica hizo que el gobierno de Perú llamara a consultas a su embajador en Santiago, Carlos Pareja.

Además, el presidente Alan García canceló su asistencia a una reunión a la que también debía acudir la presidenta chilena, Michelle Bachelet, -prevista en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Singapur-, y regresó a Lima antes de lo previsto.

Todo empezó este viernes, cuando la prensa peruana reportó un caso de traspaso de información confidencial a Chile, acusando de espionaje al suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Perú (FAP) Víctor Ariza, quien ahora se encuentra detenido.

Lea: Acusación de espionaje genera roce diplomático

Además, la justicia peruana ordenó la detención de dos supuestos militares chilenos, Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, en calidad de "instigadores de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje en perjuicio del Estado peruano".

El gobierno de Bachelet en un principio no hizo ningún comentario sobre el caso, aduciendo que no había una confirmación oficial desde Perú.

Cautela

Image caption El gobierno de Alan García decidió retirar a su embajador en Santiago.

Pero este sábado el canciller chileno aseguró desde Singapur que su país "no practica el espionaje".

"Descartamos la participación del gobierno chileno en cualquier actividad respecto de cualquier cosa que sea ilegal en la relación entre los dos países", señaló Mariano Fernández, quien pidió tratar esta situación con cautela.

"En estas materias hay que ser extremadamente prudentes, como nosotros hemos sido siempre. Hay que preocuparse de que esto está en manos de la justicia de otro país, y que la justicia de ese país resuelva la situación de las personas afectadas", sostuvo.

Desde Santiago la reacción llegó en voz de la ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, quien aseguró que la administración de Michelle Bachelet no tiene conflictos con Perú.

"Chile no tiene nada que ocultar. Estos son hechos que tienen que estudiarse, analizarse en Perú porque sucedieron allá, y Chile al respecto no tiene nada que decir y no tiene nada que ocultar tampoco", dijo la vocera de La Moneda a la prensa.

Además, Tohá aclaró que el gobierno chileno no va a llamar a consultas a su embajador en Lima, Fabio Vío.

"Chile ha actuado correctamente y no tiene ninguna situación en este sentido que aclarar con nuestro embajador allá", expresó, al tiempo que calificó de "precipitada" la decisión de ordenar el retorno del diplomático peruano.

Perú indignado

La confirmación definitiva del caso de espionaje en Perú llegó a través de su ministro de Defensa, Rafael Rey, quien respaldó la acusación contra Víctor Ariza Mendoza.

"Efectivamente se trata de un hecho de espionaje financiado por Chile aparentemente, y según la declaración de él mismo", señaló respecto del militar involucrado.

"Por supuesto que es indignante, es absolutamente lógico las medidas que el Perú ha decidido y que han sido comunicadas a través del canciller (José Antonio García Belaúnde). Qué más les puedo decir, que es indignante tanto como peruanos afectados por este personaje, y por supuesto por la actitud de los involucrados chilenos", manifestó.

Rey también aseguró que Ariza Mendoza realizaba sus actividades ilícitas desde "hace un par de años o un poco más”.

"(Ariza Mendoza) estuvo destinado en un determinado momento en 2003 en Chile", sostuvo el ministro.

Las reacciones se suceden en ambos países, que ya vieron afectada su relación por la demanda que Perú interpuso ante la corte internacional de La Haya en 2008, en la que reclama unos 35.000 kilómetros de área marítima, reavivando una rivalidad que se mantiene desde que Chile se quedó con territorios al ganar una guerra de 1879.

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