Honduras: militares rendirán cuentas

Manifestación en Honduras.
Image caption Partidarios de Zelaya protestaron el 7 de enero en Tegucigalpa y exigieron el regreso del ex mandatario al poder.

El presidente de la Corte Suprema de Honduras, Jorge Rivera, citó a los miembros de la Junta de Comandantes para que rindan declaración el próximo jueves sobre la expulsión del país del depuesto mandatario Manuel Zelaya, aunque no ordenó el arresto de los militares.

El magistrado acogió de esta manera una acusación de la Fiscalía contra seis jefes militares por abuso de autoridad y por la expatriación ilegal de Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.

El periodista de la BBC, James Read, señala que la acusación de la fiscalía se basa en que la Constitución hondureña prohíbe la expatriación de ciudadanos de ese país.

El juez no ha decidido

El jefe del departamento jurídico del Ejército, Juan Carlos Sánchez, dijo a la radioemisora hondureña HRN que el citatorio es "para

que se discuta sobre el tema, y el juez decida cuáles son las medidas a tomar".

Agregó que "los militares deberán entregar sus testimonios sobre los hechos ocurridos ese día".

Si el juez determina que hay pruebas suficientes, abrirá un juicio.

La decisión del juez coincide con el inicio de una semana crucial en la que el Congreso hondureño busca dar pasos que puedan ayudar a superar la crisis política, ya que debatirá una amnistía para todos los involucrados en los hechos del 28 de junio que culminaron con la salida de Zelaya del poder.

Amnistía general

"Debe haber perdón para todos", sugirió el presidente electo Porfirio Lobo, que busca que el Congreso apruebe la amnistía.

"Los hondureños fueron a las urnas a votar por la paz y aquí no debe haber ni vencidos ni vencedores", declaró Lobo, quien ganó los comicios del 29 de noviembre, en los que votó menos del 50% del electorado.

Lobo, que asumirá el 27 de enero, sostiene que la amnistía es el primer paso para la reconciliación nacional, una de sus promesas de campaña.

Por su parte, Manuel Zelaya, que permanece refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 septiembre, rechaza la amnistía y sostiene que los delitos que cometieron quienes dieron el golpe no deben quedar impunes.

Entretanto, el portavoz del Departamento de Estado norteamericanao, PJ Crowley, dijo este lunes que Estados Unidos sigue concentrado en intentar resolver la crisis hondureña antes de la toma de posesión de Lobo.

"Continuamos alentando los esfuerzos para promover la reconciliación nacional. Y seguimos dando prioridad a las iniciativas que puedan tomar de aquí al 27 de enero", dijo Crowley.

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