Guatemala: "Rosenberg ordenó su muerte"

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció este martes que el abogado Rodrigo Rosenberg ordenó su propio asesinato y que el presidente del país, Álvaro Colom, y la Primera Dama , Sandra Torres, no son responsables de esta muerte, ocurrida el 10 de mayo pasado.

Image caption Según la investigación, Rosenberg ya había dejado su testamento hecho y el negocio a manos de sus hijos.

El crimen ocasionó una crisis política en el país a mediados de 2009, luego de que se difundiera un video en el que Rosenberg responsabilizaba por su posible homicidio al mandatario y a su mujer.

Siete meses después, el jefe de la CICIG, Carlos Castresana, dijo que el abogado estaba en “un proceso de huida a ninguna parte” ya que sufría una intensa depresión por la muerte de su madre, el asesinato de un cliente y su hija el 18 de abril de 2009 (Khalil y Marjorie Musa, mujer con quien sostenía una relación sentimental) y por problemas personales y económicos luego de su reciente divorcio.

Rosenberg creía que el asesinato de Khalil Musa se debía a que éste habría descubierto actos de corrupción en un banco local, en el que estarían involucrados el mandatario, su esposa, y el secretario privado del presidente, Gustavo Alejos. Así lo aseguró en un video difundido luego de su muerte.

Sin embargo, “no tenía ninguna prueba” aseguró Castresana, aunque el funcionario agregó que "Rodrigo Rosenberg era una persona honorable y estaba convencido de lo que estaba diciendo. Pensó que con su muerte podría llamar atención al caso”.

Las pruebas

La investigación de la CICIG apuntó a que los hermanos Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Paiz, primos de la ex esposa de Rosenberg, eran los autores intelectuales del asesinato. Ambos están prófugos.

Según la comisión, ellos contrataron al grupo de sicarios para cometer el asesinato. Sin embargo, no sabían que el objetivo era el abogado. “Él les había dicho que lo estaban extorsionando y amenazándo de muerte, pero que antes de que lo mataran, él mataría primero”, explicó Castresana.

Las supuestas amenazas que recibió Rosenberg fueron realizadas desde teléfonos celulares que él mismo ordenó comprar y, según el rastreo de llamadas, éstas fueron realizadas desde la misma residencia de Rosenberg.

Entre las evidencias clave también están los videos tomados por cámaras apostadas en el sector donde ocurrió el hecho, la identificación de los vehículos utilizados y sus propietarios, el decomiso de teléfonos celulares utilizados, la revisión de documentos propiedad del abogado y entrevistas a testigos y al menos nueve sujetos detenidos (entre ellos, ex policías).

Otra pieza clave en la investigación es un cheque por US$40.000 con el cual el abogado habría utilizado para pagar por su propia ejecución. Este cheque fue enviado por el ex ministro de Comunicaciones, Luis Alejos, a la secretaria de Rosenberg como un pago por un negocio ajeno al caso.

La secretaria tenía instrucciones del abogado de enviarlo a los hermanos Valdés Paiz, pero desconocía el motivo de la orden: el dinero serviría para pagar a los sicarios.

El cheque nunca fue cambiado. Según la CICIG, los Valdés Paiz pagaron de su bolsa el monto por el crimen cometido, con el cual, a su entender, los hermanos habían ayudado a su primo político a acabar con su extorsionador.

La política

El video que Rosenberg grabó obedece a que dos amigos suyos le convencieron de protegerse grabándolo. Se trata de Luis Mendizabal y del periodista Mario David García. Ambos confirmaron el dato.

Castresana sostuvo que la investigación no revela motivo alguno en Rosenberg para perjudicar políticamente al presidente.

Sin embargo, la CICIG reveló que Mendizabal sí había resultado momentáneamente perjudicado porque varios contratos que tenía con el gobierno (por emisión de pasaportes y otros documentos de identidad) fueron cancelados.

Un lapso después de ocurrido el crimen, los contratos fueron reanudados.

Caso paradigmático

La muerte de Rosenberg y de los Musa es parte de los 6.451 homicidios ocurridos en Guatemala en 2009. Según Castresana, el país no debería tolerar esas cifras (mayores que durante el conflicto armado interno), que representan 90 muertes por cada 100 mil habitantes en el departamento de Guatemala, la tasa más alta del mundo a decir del comisionado.

En contraste, hay sólo 230 condenas por homicidio en 2009.

La CICIG contó con un equipo de 300 investigadores de Guatemala, Latinoamérica y Europa. Este es un lujo que no tienen el Ministerio Público ni el Organismo Judicial por falta de recursos.

Sin embargo, Castresana resaltó la importancia de los hallazgos en el caso Rosenberg como un ejemplo de lo que se puede lograr con los recursos adecuados. El caso ahora está en manos de los tribunales de justicia.

En la conferencia de prensa, también participó el Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate, quien aseguró que quienes aportaron datos irrelevantes para desviar la atención del caso podrían ser procesados por falso testimonio.

Una de las hipótesis falsas involucraba al opositor Partido Patriota, en cuyas pesquisas participó el ex ministro de Gobernación Salvador Gándara. Este llevó a la CICIG a hablar con un testigo que condujo a pistas sin ninguna relación con el caso.

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