Colombia: ¿ejecuciones impunes?

Soldados colombianos
Image caption Los jueces consideraron que los militares no podían seguir presos sin que se hubiese decidido su suerte.

En menos de una semana, una treintena de militares colombianos, de los 49 que estaban presos por las ejecuciones extrajudiciales más escandalosas de los últimos años, han quedado sorpresivamente en libertad. ¿La razón? Vencimiento de términos judiciales.

Los jueces que llevan los casos han considerado que esos militares no podían seguir privados de la libertad sin que se hubiera decidido su suerte en un juicio.

Las decisiones han generado controversia y alarma, y no es claro de quién es la culpa, si de los jueces, de los fiscales o de los abogados de la defensa.

Lo cierto es muchos temen que esos crímenes vayan rumbo a la impunidad.

Demoras para investigar

Así se lo expresó a BBC Mundo Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear, una organización de derechos humanos que asesora a dos familias de Soacha, un poblado cercano a Bogotá de donde fueron sacados una docena de jóvenes en 2007, que luego fueron asesinados.

Los muchachos, todos de familias humildes, eran engañados por militares que los llevaban a apartadas zonas del país donde luego aparecían muertos vistiendo prendas de combate y eran señalados como miembros de las guerrillas de izquierda o los paramilitares de derecha.

Según Carreño, las libertades de los últimos días se deben a un “problema fundamental: la implementación de mecanismos de impunidad desde la administración de justicia”.

“Hay demoras para indagar a personas, para practicar pruebas y luego, en las etapas de juicio, se aceptan maniobras dilatorias de la defensa”, se queja Carreño.

Pero el Consejo de la Judicatura, que investiga la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados, dijo este miércoles que no ha encontrado hasta ahora ninguna irregularidad en los casos.

El fiscal general interino, Guillermo Mendoza, admitió recientemente que hay fallas en su equipo de fiscales y reveló que la mitad de ellos no pasó un examen de conocimientos.

Y el procurador (inspector) general, Alejandro Ordóñez, admitió que las liberaciones son un "escándalo" con repercusiones internacionales.

También hubo quejas de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Estoy extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, así como en las madres de las víctimas y los testigos", declaró el director de esa oficina, Christian Salazar Volkmann.

Por los casos sucedidos a comienzos de 2007 con los jóvenes de Soacha todavía no hay condenas judiciales y las familias de las víctimas temen que habrá más libertades de sospechosos en los próximos días.

“Y el problema –concluye Carreño- es que una vez en libertad, será muy difícil volver a capturar a los responsables, que se enfrentan a penas que van de 40 a 60 años de prisión”.

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