Paraguay: "excesos" contra guerrilla

Fuerzas de seguridad durante un operativo contra el EPP
Image caption Del operativo Yaguareté forman parte más de medio millar de militares y policías paraguayos.

El operativo de búsqueda de miembros de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la detención de al menos 15 personas imputadas por supuesta vinculación con los guerrilleros, generó rechazo y denuncia de violaciones de los derechos humanos y de criminalización de las luchas sociales.

La Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la más importante organización del sector, solicitó que las investigaciones se realicen "evitando violaciones a los derechos civiles, torturas, abusos físicos y psíquicos, principalmente contra dirigentes sociales y miembros de organizaciones campesinas".

En sus denuncias, la organización hizo hincapié en errores de procedimiento y violaciones de derechos que supuestamente se cometen.

"Las órdenes de allanamiento son muy generales, no se individualizan con precisión los objetos a ser incautados, ni los lugares donde se realizarán", aseguró la Codehupy, que afirmó que la momento de ser detenidas, las personas no fueron informadas del motivo por el cual estaban siendo privadas de su libertad.

En un documento al que BBC Mundo tuvo acceso este viernes, la Codehupy denuncia que el patrón de actuación estatal en los últimos 20 años "es la represión y criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en numerosos casos de asesinatos, desapariciones, detenciones e imputaciones no demostradas, así como en la frecuentemente deficiente, insuficiente o interesada actuación de instancias como la Fiscalía".

Una investigación conocida como Informe Chokokue cita al menos 77 casos documentados de asesinatos de activistas y dirigentes sociales relacionados con la lucha por la tierra en Paraguay entre 1989 y 2005, a los que se suman más de 2.400 casos de campesinos procesados sin fundamento alguno en los últimos tres años.

El gobernador del norteño departamento de San Pedro, José Ledesma, un liberal que apoya al gobierno del presidente Fernando Lugo, también pidió al mandatario "no criminalizar la lucha social" en el Norte del país, donde el operativo conjunto militar-policial conocido como Yaguareté busca capturar a miembros del EPP.

"Conozco personalmente a las organizaciones campesinas y sociales de la zona y puedo dar testimonio de que no forman parte de grupos delincuenciales que secuestran personas", dijo Ledesma.

Enfrentamiento con ministro

Image caption La búsqueda de guerrilleros se realiza en el norte del país, por tierra, aire y agua.

En el documento de la Codehupy, los activistas de derechos humanos censuran las declaraciones del ministro del Interior, Rafael Filizzola, "quien ha venido reiteradamente asociando a organizaciones sociales, a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos con los crímenes que investigan la Policía Nacional y el Ministerio Público".

En declaraciones a la prensa, Filizzola había sostenido que "hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal".

Según los defensores de los derechos humanos, tales expresiones "reafirman ideas difundidas históricamente por quienes han abusado del poder represivo del Estado, como las de que los derechos humanos sólo sirven a delincuentes y que éstos no deberían ser considerados sujetos de derechos, libertades o garantías".

Fracaso del operativo

Del operativo Yaguareté forman parte más de medio millar de militares y policías paraguayos que intentan desarticular al grupo guerrillero acusado de llevar a cabo secuestros extorsivos.

El despliegue fue ordenado por el presidente Lugo tras la liberación del ganadero Fidel Zavala, que fue secuestrado por el EPP y mantenido en cautiverio por 94 días.

La búsqueda de guerrilleros se realiza en los departamentos de San Pedro y de Concepción, en el norte del país, por tierra, aire y agua.

A una semana de la intensa búsqueda, no se consiguió el resultado que se esperaba pese a que los rastrillajes se realizan diariamente. Según la prensa, "hasta ahora solo arrojó dos detenidos, pero por portación ilegal de armas".

"Hasta el momento las evidencias son muy pocas. Ojalá que más adelante podamos encontrar cosas que nos ayuden porque hay mucho esfuerzo de ambas fuerzas", dijo a periodistas el comandante en ejercicio de las Fuerzas Militares, el general Antenor Saiz.

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