Bolivia: jubilación temprana y estatal

El gobierno de Evo Morales prevé hacer un cambio radical en el sistema de pensiones de Bolivia, que incluye la estatización de los fondos y la reducción de la edad para acceder a la jubilación.

Image caption El vicepresidente dijo que administración de los fondos de pensiones pasará a manos del Estado.

Después de recibir esta oferta, la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió las medidas de presión iniciadas el lunes y que estaban destinadas a lograr un incremento salarial superior al 5%, que es el tope fijado por el Poder Ejecutivo.

Con el nuevo sistema, desaparecerán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que ahora son manejadas por el grupo suizo Zurich y el español BBV.

La administración de los fondos de pensiones pasará a manos del Estado, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, quien explicó que ese es un imperativo de la nueva Constitución Política del Estado.

Otro de los cambios que está expuesto en el acuerdo suscrito entre el gobierno y la COB es la reducción de la edad para acceder a la jubilación.

La edad para este beneficio bajará de un promedio de 65 a 58 años para todos los trabajadores y, en el caso de los mineros, éstos podrán gozar de la renta a partir de los 51 años, dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan trabajado en los socavones (minas).

Precisamente por eso, los primeros en aceptar el acuerdo fueron los trabajadores mineros, aunque eso les haya obligado a resignar un incremento salarial más allá del 5%.

No todos aceptan

Los que no se quedaron conformes fueron los maestros, quienes intentaron impedir la suscripción del convenio, pero fueron dispersados por los mineros, quienes hicieron detonar dinamita.

Los maestros y los fabriles anunciaron que continuarán con sus protestas, porque lo más importante para ellos es el incremento salarial.

Para el vicepresidente García Linera, los que persisten con estas medidas de presión son "las fuerzas contra revolucionarias", aquellos dirigentes que usan "la fraseología barata de izquierda, pero que son de la extrema derecha".

Es más, asegura que el sistema de pensiones que fue negociado con la COB es "el más avanzado de América Latina y uno de los más avanzados del mundo".

Doble riesgo

El analista económico Armando Méndez le dijo a BBC Mundo que, "lamentablemente, el gobierno no está viendo que el actual sistema de pensiones está funcionando bien".

Image caption Para los maestros y los fabriles lo más importante es el incremento salarial y no la jubilación.

Considera que traspasar la administración de las pensiones al Estado implica un doble riesgo. Por un lado, el de la ineficacia estatal y, el por otro, el hecho de que el Estado se convertirá "en juez y parte", porque actualmente el principal deudor de las AFP es el propio Estado.

El gobierno asegura que no hay riesgos, porque los aportes individuales de los trabajadores no serán dispuestos para otros fines y, por el contrario, se creará paralelamente un fondo solidario con dinero público para que la jubilación llegue, incluso, a quienes ahora no califican para el beneficio.

"Ese dinero no se toca, el gobierno es respetuoso de ese ahorro personal de los trabajadores", aseguró el vicepresidente ante los temores de algunos analistas en sentido de que el Estado podría echar mano del dinero de los aportes.

El nuevo sistema de pensiones debe convertirse en una ley antes de su aplicación.

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