Paraguay: temen militarización tras el estado excepción

Efectivos militares paraguayos
Image caption Según las autoridades, la presencia de militares en el norte del país disminuyó la criminalidad.

Tras 30 días de vigencia, se levantó en Paraguay el estado de excepción impuesto en cinco departamentos del norte del país para la búsqueda, captura y desmantelamiento de un grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Para el efecto, el gobierno dispuso un operativo conjunto entre militares y policías denominado Py’aguapy (tranquilidad), pero tras cumplirse el plazo de vigencia de la ley, no se logró el objetivo central para la que fue dictada la medida.

En cuanto a los resultados del operativo, para el gobierno y las autoridades de los departamentos en los que rigió el estado de excepción, son positivos, pues disminuyó el índice de delincuencia.

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Aunque no se encontró a ningún miembro del grupo guerrillero ni rastros de su existencia por el monte, se detuvo a 167 personas, de las cuales 93 de ellas tenían órdenes de captura por otros delitos.

"La evaluación no debe hacerse en base a expectativas que nosotros nunca nos hemos trazado y que nunca hemos considerado que eran objetivos", dijo a la prensa el ministro del Interior, Rafael Filizzola.

El secretario de Estado explicó que existen amenazas de todo tipo para la seguridad. "No sólo el EPP es una amenaza importante; tenemos otras como las que producen organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al lavado de dinero o a la trata de personas", aseguró.

En el mismo sentido, el presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, sostuvo que la presencia de un número significativo de militares y policías en el norte del país, contribuyó a que disminuyeran los índices de criminalidad e inseguridad, aunque el operativo no haya con su objetivo.

"Nos han comentado los gobernadores de los distintos departamentos donde estuvo vigente el estado de excepción, que ha mejorado la seguridad y la tranquilidad, han disminuido los robos, el abigeato, etc.", manifestó Carrizosa.

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Una medida injustificada

Image caption El despliegue de fuerzas militares en Paraguay continuará en las zonas donde actúa el EPP.

A criterio de la oposición y algunos analistas políticos, los resultados de la medida no sólo son negativos sino que las perspectivas de militarización y retroceso del proceso democrático son preocupantes, pues se acrecientan.

Para el abogado Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), "la medida nunca estuvo justificada; fue sólo una decisión mediática para disminuir la presión ejercida por un sector de la población y de los medios masivos de comunicación".

Martens le dijo BBC Mundo que no se registraron denuncias de violaciones graves de los derechos humanos. "Hubo alguna comunicación de ciertos abusos leves, nada grave ni excepcional", aseveró.

Por su parte, el analista político Marcial Cantero consideró que la medida "terminó en fracaso considerando los objetivos propuestos".

Cantero manifestó a BBC Mundo que se creó temor en la población y se arrinconó a las organizaciones campesinas "aumentando la criminalización de las mismas en los departamentos en donde rigió el estado de excepción".

Tanto el gobierno como el Congreso coinciden en que el estado de excepción no se va a prorrogar pero estudiarán la posibilidad de que los militares se queden en los departamentos en los que rigió la medida.

Ya el presidente Lugo había señalado que la intención del gobierno investigar las alternativas jurídicas que permitan a los militares continuar cumpliendo el rol de policía.

"Retroceso"

La Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna confiere a los militares la defensa de la soberanía territorial y únicamente pueden colaborar en la seguridad interna en caso de conmociones graves que atenten contra la institucionalidad del Estado.

La decisión gubernamental es solicitar al Congreso la modificación de esa ley de manera a que en cualquier época y en tiempos ordinarios las Fuerzas Armadas puedan trabajar conjuntamente con la Policía Nacional en cualquier punto del país.

"Hacer que los militares estén en las calles con sus armas sin necesidad de tener autorización del Congreso, será volver de facto el estado de excepción legal", le dijo a BBC Mundo el abogado especialista en derechos humanos Andrés Ramírez.

"Será un retroceso porque el ejército paraguayo se volverá un ejército de ocupación que apuntará sus armas contra sus propios compatriotas”, afirmó.

Marcial Cantero coincidió en que "no debe usarse este fracaso de los resultados para justificar otra medida, aún más lamentable como la modificación de la ley de seguridad que nos va a retrotraer a épocas oscuras y dictatoriales de nuestro país".

Mientras, los sectores empresariales, principalmente ganaderos y sojeros, piden la presencia militar, las organizaciones campesinas y sociales en general, se oponen a la continuidad de medidas excepcionales de facto.

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