Venezuela: inhabilitan a líder opositor

Manuel Rosales
Image caption No es la primera vez que la Contraloría venezolana aplica esta medida a ex funcionarios.

El ex gobernador del occidental estado Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales – exiliado en Perú, después de que se ordenara su detención por cargos de corrupción – fue inhabilitado políticamente por 12 meses, por lo que no podrá competir por un puesto en la Asamblea Nacional en las próximas elecciones de septiembre.

La decisión emana de la Contraloría General de la República, y se basa en el incumplimiento un artículo de la Ley Anticorrupción que sanciona a los ex funcionarios que no consignen una declaración patrimonial jurada en los términos y condiciones establecidos en ese instrumento jurídico.

También fue inhabilitado el ex gobernador del estado Sucre, en el oriente del país, Ramón Martínez, por un período de ocho meses.

Mientras que portavoces oficialistas saludaron la decisión como ajustada a la Constitución y las leyes, los de la oposición la condenaron como "inconstitucional, ilegal e injusta".

Más casos

No es la primera vez que la Contraloría venezolana aplica esta medida a ex funcionarios, coincidiendo con la pronta celebración de unas elecciones.

El caso más conocido es, quizás, el del ex alcalde del municipio Chacao, en Caracas, Leopoldo López, quien fue inhabilitado en 2008 antes de las elecciones regionales en las que aspiraba a ocupar el cargo de alcalde mayor de la ciudad. López ha llevado su expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su caso, como ahora, los sancionados acusan al gobierno de privarlos de sus derechos políticos sin que se les haya efectuado juicio o se les diera el derecho a la defensa.

El contralor Clodosbaldo Russián negó que se tratara de una "venganza política" y señaló que también se han practicado inhabilitaciones fuera del marco de procesos electorales, según reportó la agencia oficial ABN.

"Esto desembocó ahora porque se vencieron los lapsos", declaró, al tiempo que manifestó que los inhabilitados "tienen la posibilidad de acudir a los organismos jurisdiccionales para intentar demostrar su inocencia".

Ricardo Sucre, integrante de la secretaría de la Mesa de la Unidad –que reúne a las principales organizaciones políticas de oposición– insistió, en declaraciones a BBC Mundo, en que la inhabilitación busca efectivamente imponerle obstáculos a quienes tenían oportunidad real de ganar en las venideras elecciones.

"Son figuras que el gobierno ha señalado, a las que ha acusado de corrupción, a las que quiere desacreditar. De llegar al Parlamento, hubieran puesto sobre el tapete un mensaje contrario al que quiere enviar el gobierno", dijo.

Destituido

Image caption Este martes pareció sellarse la ruptura entre el oficialista PSUV y la organización PPT.

Por otro lado, este martes pareció sellarse la ruptura entre el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y su aliado de larga data, la organización Patria Para Todos (PPT), con la destitución del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Albornoz.

Parlamentarios del PSUV votaron a favor de sustituirlo por una militante de sus propias filas, en medio de las protestas de las fracciones opositoras, que aseguraban que la posibilidad de reemplazarlo no está contemplada ni en la Constitución ni en el reglamento interno de la Asamblea.

Las relaciones entre el PPT y el PSUV parecieron llegar a un punto de no retorno este año, cuando el primero aceptó entre sus filas al gobernador del estado Lara, Henry Falcón, una figura regional de peso quien, según algunos, reuniría las condiciones para hacerle competencia al jefe del Estado, Hugo Chávez, en una futura contienda presidencial.

Falcón desertó de las filas del PSUV tras manifestar profundas diferencias con la organización y criticar algunos aspectos de la gestión de Chávez.

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