El Salvador militariza cárceles de alta peligrosidad

Policía Nacional Civil
Image caption Personal de élite trabajará con el ejército para reforzar el perímetro en torno de las cárceles.

El ejército de El Salvador empezó a controlar las cárceles de alta peligrosidad del país, luego que el presidente, Mauricio Funes, anunciara medidas de emergencia contra el delito.

La ola de violencia, que alcanzó su punto máximo el pasado fin de semana, tras la masacre de 14 pasajeros calcinados a bordo de un autobús, obligó al jefe de Estado a adelantar el despliegue de la Fuerza Armada en las prisiones de alta peligrosidad.

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La medida había sido anunciada en la celebración del primer año del ascenso al poder de Funes en un intento de atajar el flanco más débil de su gobierno: la seguridad pública.

Esta se hizo efectiva con la ocupación de tres recintos penitenciarios por tropas armadas que ejercerán el control dentro y fuera de ellos.

Según informes de inteligencia policial, las cárceles son el lugar donde se planifica la mayor parte de los delitos en el país.

"Ustedes saben bien que desde el interior de algunos centros penales donde están detenidos jefes pandilleros y delincuentes peligrosos se ordenan crímenes y atentados", dijo Funes durante una cadena nacional para explicar la medida.

Duelo nacional

La Asamblea Legislativa decretó este jueves tres días de duelo nacional por las víctimas del atentado al autobús, en solidaridad con los familiares dolientes.

Image caption La Mara Salvatrucha controla la comunidad 22 de abril, en el municipio de Soyapango.

Desde el domingo, cuando incendiaron la unidad del transporte público en la localidad de Mejicanos, el debate político aumentó así como también el reclamo de aplicación de medidas más drásticas contra las pandillas.

Diputados del partido Gran Alianza Nacional (GANA), por ejemplo, solicitaron una reforma constitucional para implantar la pena de muerte y la declaración del Estado de excepción.

En Mejicanos, una lugareña dijo a BBC Mundo que "la población vive presa del pánico porque el municipio es disputado por las pandillas 18 y Mara Salvatrucha, que viven extorsionando a los motoristas (conductores) para que puedan circular".

En lo que va del año, al menos 75 empleados del transporte han sido asesinados en represalia por no pagar las denominadas "rentas", una especie de impuesto cobrado por pandilleros diariamente.

Ley antimaras

Funes también anunció que el Ministerio de Seguridad presentará ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de criminalización de las pandillas que no violente la Constitución salvadoreña.

La medida recibió este jueves el apoyo unánime de la Asamblea Legislativa para criminalizar la pertenencia a las maras.

Sin embargo, en 2003, el ex presidente Francisco Flores promovió una ley antimaras que dio pie a las políticas "Mano Dura" y la iniciativa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las principales organizaciones empresariales saludaron la propuesta de Funes al tiempo que llamaron a todos los sectores de la sociedad a cerrar filas contra el delito.

La Cámara de Comercio e Industria dijo "que esta es una batalla en la que todas las instituciones públicas y privadas del país deben aportar".

Primera jornada

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, confirmó el desplazamiento inicial del ejército en cuatro cárceles del país.

Image caption Una patrulla del ejército rodea el Centro Penitenciario de Cojutepeque, dominado por la pandilla 18.

Los militares reforzaron el interior y el exterior de las prisiones de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, al este del país, y los penales de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz; Chalatenango, al norte, e Izalco, en Sonsonate.

Ciudad Barrios alberga miembros de la Mara Salvatrucha, en tanto que Izalco de la 18 y Zacatecoluca, conocida popularmente como Zacatraz, es el centro de máxima seguridad que acoge a los peores delincuentes del país.

El operativo es el colofón de una serie de medidas extraordinarias que incluyó el traslado previamente de líderes que organizan revueltas.

En tanto, en el centro de readaptación para menores de Tonacatepeque, al norte de la capital, un custodio fue lesionado durante un intento de amotinamiento.

Un pelotón de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) fue destacado para contener la refriega.

Resultados

La PNC también informó que en Ciudad Barrios, 157 al noreste de la capital, efectuó una requisa en coordinación con miembros de las divisiones de Seguridad Pública y Antinarcóticos.

Image caption En la cárcel de Ciudad Barrios fueron confiscados teléfonos celulares y chips.

Las autoridades se incautaron de 92 porciones de marihuana, 10 teléfonos celulares, 25 chips, 30 punzones, 13 cuchillos hechizos, brocas, desarmadores, baterías y cargadores para teléfonos.

El subdirector de Áreas Especializadas Operativas, comisionado Roberto Villalobos, dijo a BBC Mundo que el procedimiento fue realizado tanto adentro del penal como en las áreas administrativas.

"Los hallazgos los encontramos en los catres, huecos de las paredes, en los ruedos de los pantalones y la ropa de los reclusos", dijo Villalobos.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) demandó la formación de una "gran alianza nacional por la seguridad y la cultura de paz”.

En El Salvador, hay 19 cárceles a nivel nacional con capacidad para 7.900 presos, pero actualmente hay 20.500.

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