Gobierno y oposición libran batalla naval en Costa Rica

Portaaviones.
Image caption Para el gobierno, es sólo la renovación de un acuerdo de patrullaje conjunto entre Costa Rica y EE.UU., firmado hace diez años.

El gobierno y la oposición libran una verdadera batalla naval en Costa Rica, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, la semana pasada, una autorización para que 48 Guardacostas y 46 buques de la Armada, incluyendo un portaaviones de Estados Unidos, atraquen en puertos costarricenses en los próximos seis meses.

Son diez Guardacostas y 12 barcos de guerra más que los aprobados en el permiso anterior.

La oposición está en contra, pero para el gobierno, es sólo la renovación de un acuerdo de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos, firmado hace diez años, en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico.

Incapacidad

El Ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, explicó a la Asamblea Legislativa que la participación de buques de guerra se debe a la incapacidad del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de "enfrentar la intensidad del narcotráfico en nuestras aguas".

"Ante esas circunstancias, el Servicio de Guardacostas tiene la potestad de pedirle a la Armada que le facilite buques que, para esos efectos, dejan de depender del mando de la Armada, para pasar a cumplir funciones de Guardacostas y están gobernados por autoridades del Servicio de Guardacostas", afirmó.

Consultado por la BBC, el ministro prefirió no referirse más al tema, en espera de que la Sala Constitucional resuelva un recurso sobre la vigencia del convenio, presentado por quienes cuestionan su validez.

Para sectores de la oposición, la explicación de Tijerino no es suficiente. "La manera como se otorga el permiso está en contra del sentido del acuerdo de patrullaje conjunto firmado por los dos países. Se están vinculando fuerzas policiales con buques de la Armada", dijo a la BBC el diputado del opositor partido Unidad Socialcristiana, Luis Fishman, quien fue también ministro de Seguridad Pública.

"Hay resoluciones constitucionales de que en estas operaciones, bajo ninguna circunstancia, pueden operar otros barcos que los policiales de los Estados Unidos, que son los Guardacostas. Pero el acuerdo aprobado incluye barcos artillados, inclusive portaaviones", añadió.

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¿Algo detrás?

La inclusión de los buques de guerra en el acuerdo hizo inevitable otro tipo de especulaciones sobre sus objetivos.

El ministro Tijerino enfatizó que se opone a militarizar la lucha contra las drogas. Y añadió, al ser consultado por una diputada: "Puede usted estar segura, señora diputada, de que si Estados Unidos tuviera la intención de invadirnos, o de atacar a un gobierno cercano a nosotros, no tendría ninguna necesidad de un convenio como este".

Y luego se preguntó: "¿Qué necesidad tiene, si están las bases del ejército de Estados Unidos en Colombia?".

Fishman, por su parte, señaló que "sería muy difícil para mí juzgar si hay algo detrás de esto. Estados Unidos no nos va a decir por qué quiere portaviones en la lucha antidrogas".

Debate

El debate se ha extendido a los medios y a la opinión pública. Muchos se preguntan por los objetivos de esta estrategia que estiman fracasada en países como Colombia o México, los dos centros del narcotráfico ubicados en las fronteras sur y norte de Centroamérica.

Para el conservador diario La Nación, la renovación del permiso a los barcos norteamericanos "en nada lesiona la soberanía costarricense. Hay una invasión, sí, pero no de las fuerzas norteamericanas. La incursión va por cuenta de los carteles de la droga, ayer colombianos y hoy también mexicanos", afirma, en su editorial del lunes pasado.

Image caption El acuerdo se firmó en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico.

Sus lectores se suman al debate: "La pregunta que plantea este editorial es cuánto estamos dispuestos a contribuir a cambio. La respuesta que sugiere es la entrega de la soberanía", afirma uno que, luego, agrega: "El segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad. La ayuda internacional, de cualquier tipo, no va a solucionar el problema. En última instancia es el gobierno de Costa Rica quien tiene la responsabilidad de planificar y ejecutar una estrategia contra el narcotráfico".

Otro, más irónico, dice: "Siendo así la cosa, y dado que estamos tan mal no sólo en seguridad, sino también en infraestructura, educación, administración de justicia, etc... pues llamemos a los gringos que nos vengan a gobernar. ¡Solo eso faltaría!".

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