Bogotá estudia denunciar a Caracas ante la CPI

Hugo Chávez.
Image caption Colombia amenaza con llevar a Chávez ante la justicia internacional.

Llevar a funcionarios de un país frente a la Corte Penal Internacional (CPI) como estudia hacer Colombia con el gobierno de Venezuela, no es una tarea fácil y, además, puede llevar mucho tiempo.

En eso coinciden los expertos consultados por BBC Mundo en Bogotá, como el ex fiscal general de la nación Alfonso Gómez Méndez y la abogada Claudia Medina, del Centro Internacional de Toledo para la Paz.

Por segunda vez desde marzo de 2008, cuando Colombia atacó el campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes en Ecuador e incautó sus computadores, el gobierno de Álvaro Uribe, cuyo mandato finaliza el 7 de agosto, amenaza con llevar al gobierno de Venezuela ante la justicia internacional.

La primera vez, aunque Colombia creó un equipo jurídico para que estudiara el tema, la amenaza no prosperó, porque las relaciones diplomáticas con Venezuela se reanudaron rápidamente. Y ahora el nuevo anuncio vuelve a generar expectativas y cierto escepticismo, en momentos en que está a punto de asumir el poder Juan Manuel Santos.

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"La CPI no está diseñada para resolver problemas entre Estados y el anuncio de Colombia es infortunado, porque corremos el riesgo de enfurecer más a Chávez, sin que la amenaza implique un riesgo real para él", le dijo a BBC Mundo Alfonso Gómez Méndez.

Por su parte, Claudia Medina anota que primero hay que definir si alguna de las conductas con las cuales se quiere vincular a Chávez hace parte del mandato de la CPI, que estudia genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

CPI, subsidiaria

Image caption Juan Manuel Santos querría normalizar las relaciones con Venezuela.

Además, recuerdan Gómez y Medina, la CPI es subsidiaria, es decir, sólo opera en los casos en que la justicia de un país no quiere o no puede investigar y sancionar a los responsables de alguno de los crímenes que están en su mandato.

El jueves pasado, luego de que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe le entregó al Fiscal General de la Nación información sobre 60 ataques de la guerrilla en la frontera con Venezuela.

Según el Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, los grupos irregulares responsables atacan en Colombia y se refugian en Venezuela.

Al término de una reunión con Uribe, Mendoza declaró que esos ataques son constitutivos de delitos que conoce la CPI.

Y explicó que si esos comportamientos logran adecuarse a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía evaluará la posibilidad de establecer una relación entre esos ataques y el apoyo que le pudieran estar dando personas o autoridades detrás de la frontera de Venezuela.

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"Sin fundamento"

Medina cree que el anuncio de Colombia no tiene fundamento y obedece, sobre todo, a razones políticas.

Más allá de los requisitos para llevar un caso ante la CPI y para que el fiscal de la Corte lo acepte, este es un tema político, advierte Medina.

Para ella, todo se trata de un mecanismo de presión y la CPI está más concentrada en lo que ha ocurrido en otras zonas del mundo, como África.

Gómez Méndez, por su parte, se pregunta si vale la pena enfrascarse en una denuncia penal contra el gobierno de un país vecino con el que se tienen problemas, sabiendo que eso no se acostumbra en la diplomacia.

Por esas razones, todavía es prematuro afirmar que la Fiscalía colombiana vaya a preparar un caso para llevar al Ejecutivo de Caracas ante la CPI. Y eso también dependerá de la decisión del nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que quiere normalizar las relaciones con Venezuela.

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