Decretan prisión por los bombazos de Chile

La investigación para dar con los responsables de una seguidilla de explosiones en Santiago de Chile tuvo su primer gran avance este martes, cuando 14 personas quedaron en prisión preventiva al ser formalizadas por integrar una "asociación ilícita de carácter terrorista".

Image caption Desde 2005, en Santiago de Chile han estallado 98 explosivos de baja potencia.

Desde 2005, el Ministerio Público indaga a grupos calificados como anarquistas o subversivos, acusados de estar detrás de 98 artefactos de bajo poder que detonaron en diversos puntos de la capital chilena.

Luego de dos meses a cargo del caso, el fiscal Alejandro Peña ordenó un operativo policial en Santiago y Valparaíso que el pasado sábado terminó con una detención múltiple que derivó en la audiencia de este martes.

Durante una maratónica jornada judicial que superó las 15 horas, Peña denunció una "asociación ilícita de carácter terrorista, que consiste en la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en diferentes puntos de la Región Metropolitana".

Para ello se valió de la intervención de conversaciones telefónicas y la incautación de documentos y otras evidencias, como rastros de explosivos que permitieron identificar a los participantes en 23 atentados específicos.

"Un show"

En los allanamientos del sábado destacó la detención de Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales Suhriman, ambos ex integrantes del movimiento Lautaro, que en los 90 realizó intervenciones armadas y estuvo tras la muerte de policías y guardias de seguridad.

Retamales y Morales participaron en 1992 en un atentado en el que murieron tres detectives que escoltaban al entonces intendente de Santiago, y cuando cumplían condenas respectivas de 20 y 15 años fueron favorecidos por un indulto en 2004.

Hoy son sindicados como los líderes de la asociación terrorista denunciada por el fiscal Peña, aunque a juicio del abogado defensor Alberto Espinoza las pruebas dadas a conocer en la audiencia no son suficientes para condenarlos.

"A juicio de cualquier persona se puede advertir una debilidad y una precariedad que permiten sostener que (en la fiscalía) tienen algo parecido a un show, porque no se ven elementos para calificaciones terroristas", declaró a la prensa.

Los 14 detenidos fueron formalizados por asociación ilícita con carácter terrorista, y además Retamales junto a otros seis imputados enfrentarán cargos por instalación de artefactos explosivos. Cada uno se enfrenta a penas de hasta 20 años de cárcel.

Para Héctor Salazar, otro de los abogados defensores, la prisión preventiva decretada por el juez Roberto Guzmán no se justifica, en especial porque no se cumplen los elementos de una asociación ilícita.

"Tienen domicilios conocidos, no están ocultos, realizan actuaciones públicas y se dice que detrás de eso se disfrazan de asociación ilícita. La verdad es que no calza con una descripción de un grupo de ideología anarquista una organización propiamente tal", indicó.

Ninguna debilidad

Tras la captura de los 14 imputados, el presidente Sebastián Piñera tuvo palabras de elogio para la labor de las policías y el Ministerio Público, y destacó este primer gran avance para esclarecer el llamado "caso bombas".

"Nuestro compromiso es devolverle a la gente honesta su derecho a vivir en paz y tranquilidad, y estas bombas que se habían hecho habituales en nuestro país yo espero que desaparezcan. El gobierno en esta materia no va a tener ninguna duda, ninguna debilidad para combatir al terrorismo, al narcotráfico, ni a la delincuencia", manifestó.

El momento más trágico desde que en 2005 comenzaron a registrarse las explosiones en bancos, empresas, iglesias o cuarteles policiales se dio cuando Mauricio Morales Duarte, de 27 años, murió el 22 de mayo de 2009 luego que estallara el artefacto que transportaba.

Entre las pruebas presentadas por Alejandro Peña este martes se incluyeron videos en que los actuales detenidos reivindicaban la acción de Morales. El fiscal también denunció que uno de los imputados recibió un giro de 950 euros desde Italia para seguir financiando estas actividades.

El largo proceso de formalización terminó con 41 detenidos por causar desórdenes y desmanes en las afueras del edificio de tribunales, pese a la gran presencia policial para evitar los incidentes que ya se habían registrado tras los allanamientos del pasado sábado.

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