Perú: Alan García da marcha atrás a decreto

Alan García, presidente de Perú
Image caption El gobierno dio marcha atrás a su proyecto de amnistía.

El presidente del Perú, Alan García, pidió al Congreso que revoque un decreto firmado por él mismo que hubiese perdonado a militares y policías sentenciados o investigados por violaciones a los derechos humanos.

La decisión se produjo horas después de que el escritor Mario Vargas Llosa enviara desde París una carta pública al presidente García en la que renunciaba de forma irrevocable a la jefatura del proyecto del Museo de la Memoria.

Según el escritor, lo hacía en protesta contra la norma conocida como Decreto Legislativo 1097 que, en su opinión, "constituye una amnistía apenas disfrazada" para beneficiar a policías y militares responsables de abusos de los derechos humanos y acusados de crímenes de lesa humanidad.

El mismo proyecto del Museo es polémico, porque busca rendir tributo a las víctimas de 20 años de conflicto armado en este país, en el que decenas de miles de peruanos cayeron ante la violencia extremista de Sendero Luminoso, pero también de la policía y las fuerzas armadas, según concluyó el Informe de la Verdad y la Reconciliación.

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19 palabras en Twitter

En cuestión de horas, la renuncia de Vargas Llosa elevó a nivel de debate nacional un tema que hasta entonces había venido siendo cuestionado por organizaciones civiles, para quienes tal decreto era una afrenta contra el mismo Estado de derecho que el presidente García decía defender.

Hacia el final de la tarde del mismo lunes la noticia vino por Twitter. A través de su cuenta en esta red social, la oficina de prensa de palacio de gobierno envió el mensaje: "Ejecutivo presenta Proyecto de Ley para derogar Decreto Legislativo 1097 y pide a Congreso tramitarlo con carácter de urgencia".

19 palabras que parecen querer contrarrestar a la advertencia del escritor, quien había dicho que de seguir adelante con esta ley sólo "va a traer desprestigio a su gobierno, y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto".

El cuestionado decreto, aprobado a principios de julio de este año, habría permitido el sobreseimiento de todo proceso judicial, y excarcelación, a miembros de la policía y de las fuerzas armadas acusados de crímenes de lesa humanidad, cometidos antes de 2003.

Una de las más claras interpretaciones que se dio a la ley fue que podía dejar sin efecto la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori, entre otros sentenciados.

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Derogación

Tan sólo este domingo, el ministro de Defensa, Rafael Rey, declaraba a CNN en Español que "lo único que hemos hecho es seguir estrictamente lo que nos mandó el Congreso".

Él se refería a que el Ejecutivo había recibido la autorización del Congreso a legislar sobre normas específicas ya existentes y que en ese sentido no habían cambiado ni añadido nada.

Pero este lunes el ministro de Justicia, Víctor García Toma, declaró a la cadena nacional RPP, que había "que reconocer que la norma del Ministerio de Defensa tiene una mala redacción y otra interpretación".

En todo caso, la decisión del presidente García es final: la ley debe ser derogada.

Según el diario El Comercio, el documento que se envió al Congreso señala que "no se realizó un adecuado estudio o consulta a las instituciones jurídicas del país y solo se tomó en cuenta las opiniones del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa".

Se tiene previsto que este martes el pleno del Congreso debata el proyecto, con carácter de urgencia.

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