Chile: ¿qué hacer con los mineros desempleados?

Una bolsa de trabajo para mineros desempleados: ésa fue la respuesta de emergencia del gobierno chileno a la crisis laboral que generó el derrumbe de la mina San José, en el norte del país, en las actividades de extracción de cobre y oro.

Image caption El derrumbe en San José generó una crisis en el sector minero.

La Feria Laboral se realizó en la ciudad de Copiapó, muy cerca de donde permanecen bajo tierra los 33 obreros atrapados tras el accidente del 5 de agosto.

Tuvo por destinatarios a los 300 trabajadores que quedaron desocupados desde que San José dejó de operar. Pero puso de relieve el problema de largo plazo que aqueja a la minería de pequeña y mediana escala en un país donde el cobre es motor de la economía.

Fuentes del Ministerio de Trabajo, organizador del evento, le dijeron a BBC Mundo que se presentaron casi 1.200 cupos en 24 empresas del sector, orientados a operadores, ingenieros, mecánicos y choferes, además de contadores y supervisores de riesgos.

Según la ministra de la cartera, Camila Merino, la feria fue un signo del "compromiso del gobierno, que era no dejar solos a los mineros y a las familias" y puede ser entendida como un "aporte para el desarrollo económico" regional.

Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Consultados por BBC Mundo, varios contratistas que proveen servicios y personal a la mina clausurada comentaron que las ofertas no alcanzaron a algunos técnicos altamente especializados y que los salarios, ante la urgencia de la demanda, eran demasiado bajos.

Lo que está en ciernes, dicen, es una crisis de la actividad de extracción en los desiertos norteños.

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Sin sueldos

El malestar entre los empleados de la Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, se puso de manifiesto después de que la empresa anunciara su intención de declararse en quiebra, lo que podría evitarle asumir los costos del rescate pero también las obligaciones con los trabajadores. Tras el accidente, adjudicado a fallas graves en la seguridad, la mina podría cesar sus actividades una vez que termine el rescate.

Como primera medida, el sindicato de la compañía le solicitó al gobierno de Sebastián Piñera que se hiciera cargo de los salarios mientras la mina permanece cerrada y de las indemnizaciones si la clausura resulta definitiva.

La presidenta sindical, Evelyn Olmos, declaró a BBC Mundo que los pagos habían sido garantizados hasta fines de agosto, pero que desde entonces todo es incertidumbre. Desde la organización proponen que "la empresa sea deudora del Estado y no de los trabajadores".

Se trata, según el sindicato, de unas 280 personas, más de 100 ocupadas en la mina y el resto empleadas por San Esteban en otras labores.

Sin embargo, el ministro de Minería, Laurence Golborne, declaró que "legalmente el gobierno no está posibilitado para asumir la responsabilidad" de las remuneraciones y las cargas sociales de una empresa privada.

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Contratistas parados

La decisión de la Justicia chilena, el 26 de agosto, de imponer un embargo preventivo de US$1,7 millones a San Esteban ha paralizado además el negocio de terceros vinculados al yacimiento.

La contratista Armamit, que provee mantenimiento de máquinas y arrienda también las propias, es una de las que permanece "de brazos cruzados". Cinco de los 33 mineros atrapados son personal de esta firma, y bajo tierra quedaron también parte de sus equipos. Además, el dinero que les adeuda San Esteban es, tras el embargo judicial, incobrable.

Image caption El ministro de Minería dice que el gobierno no puede asumir la responsabilidad.

"No tenemos nada, ni trabajadores ni maquinaria. Ahora hemos tenido que ir reparando algunos equipos viejos… Las máquinas estaban aseguradas, pero el seguro demora", expresó una de sus directivas, Victoria Quijada, en diálogo con BBC Mundo.

Fuera de la mina, también cuentan con otra veintena de trabajadores parados, a los que deberán abonarles salarios hasta fines de septiembre antes de declararlos cesantes.

"Nos da pena, nos llevó mucho tiempo formarlos. Ellos saben que en el futuro los volveríamos a contratar, pero por el momento no tenemos nada que hacer. El Estado nos ha prometido mucho pero nada se ha concretado", agregó Quijada.

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Clausuras

Según algunos de los asistentes a la Feria Laboral, las cuentas no cierran: les resulta mejor ser despedidos por sus contratistas y cobrar el seguro de cesantía que aceptar ofertas por sueldos mínimos.

El problema, dicen los expertos, es que la pequeña y mediana minería chilena sufre los efectos colaterales del derrumbe y las plazas de empleo están lejos de multiplicarse.

Según cifras de la Empresa Nacional de Minería (Enami), la actividad a pequeña escala genera anualmente 60.000 toneladas de cobre. En términos absolutos, representa apenas la producción de la más pequeña de las empresas del sector de "gran minería", que integran firmas como Escondida y Santa Inés de Collahuasi, además de la estatal Corporación del Cobre (Codelco).

Sin embargo, la pequeña minería es la principal fuente de ingresos para miles de familias del norte. Genera, según cálculos oficiales, unos 20.000 puestos directos.

Como primera reacción ante el derrumbe, el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) procedió a clausurar 11 faenas en la comuna de Taltal, al norte de Copiapó, que perdió así el 10% de sus fuentes mineras. A ellas se sumaron luego otras siete en comunas cercanas.

"Hay un antes y un después del derrumbe. Como sector, ahora estamos en el ojo del huracán", dijo el empresario Jorge Pavlevic, presidente de la Asociación Minera de Taltal.

La oleada de cesantías podría extenderse a más de un centenar de yacimientos, ya que -tal como reconocen funcionarios locales- muchas de las minas pequeñas no cumplen con normas mínimas de protección, como contar con dos vías de evacuación o chimeneas de ventilación.

Será, dicen las autoridades, un intento por lograr que el Código de Seguridad Minera sea más que letra escrita y puedan evitarse otros accidentes como el de "los 33".

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