Perú: ¿agua o petróleo?

Cataratas de Ahuashiyacu, en Perú
Image caption Los ambientalistas dicen que las opciones son: tomar agua o explorar pozos de petróleo.

"Perú, un país minero" es un eslogan que puede ser visto en los edificios gubernamentales y escuchado repetidamente en los medios de comunicación estatales.

Forma parte de una agresiva campaña que lanzó el presidente Alan García para atraer las inversiones privadas y estimular la economía.

Pero no sólo se trata de captar compañías que se dedican a la minería, el motor tradicional de la economía de la nación andina.

Las empresas que buscan petróleo y gas también son bienvenidas, especialmente en el Amazonas de Perú, cuya extensión ocupa más de la mitad del país.

Exploración

"San Martín, región verde" es el eslogan de una de esas provincias del Amazonas que ha creado su propia visión de desarrollo.

Tiene el tamaño de Costa Rica y el verdor de una isla. Cuenta con bosques tropicales y posee tierras de pastoreo.

"En un país tan extenso y geográficamente diverso como Perú, debería haber cabida para más de un enfoque", dijo el abogado Octavio Alvarado, quien con su colega Jaime Bustamante, ganó un caso frente al gobierno.

Los abogados se opusieron a un plan respaldado por el Ejecutivo, para llevar a cabo actividades de exploración de petróleo y gas en San Martín, por sus efectos en el medio ambiente.

El mes pasado, en un fallo, la Corte Constitucional de Perú indicó que la exploración petrolera debía suspenderse en las montañas de la Cordillera Escalera hasta que el gobierno apruebe un plan de desarrollo regional.

Salud

Image caption Según Villanueva, la Cordillera Escalera es un banco de agua para la población.

En un país donde la fe en la independencia del poder judicial está siendo apenas restablecida, el dictamen de la Corte Constitucional era inesperado.

El fallo sentó un precedente importante, pues se fundamentó en el derecho básico a beber agua potable.

"También hace referencia a algo extremadamente importante", dijo Bustamante, quien no recibió pago, durante más de dos años, por su trabajo en el caso.

"No se puede poner en peligro la salud de las futuras generaciones por sacarle un provecho inmediato a los recursos naturales. Hasta ahora ha sido un concepto raro en este país".

Área intocable

La concesión de explotación petrolera en el área denominada bloque 103, le pertenece a un consorcio transnacional.

Por una parte está la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con la mayoría accionaria con 40%. También está la española Repsol y la brasileña Petrobras con 30% cada una.

Se trata de un territorio de más de 8.780 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Puerto Rico.

Una sexta parte de ese territorio pertenece a la Cordillera Escalera, un área de conservación, que de acuerdo con la instancia judicial no puede ser tocada.

Grupos ambientalistas señalan que las montañas son el hogar de especies silvestres únicas como el oso de anteojos, mejor conocido en la región como oso andino o ucumari.

También apuntan a que es una importante fuente de agua para los ríos en el norte de San Martín.

Ubicada en el oriente de la cordillera de los Andes, es el primer altiplano en ser tocado por las nubes que se desplazan hacia el oeste, sobre la cuenca del Amazonas.

El resultado es lluvia abundante, pues las montañas absorben el agua como esponjas y la filtran.

Hacer una perforación para explorar petróleo en cualquier parte de la Cordillera Escalera podría contaminar las aguas, de acuerdo con los ambientalistas.

"Es literalmente un banco de agua para toda la población de aquí", señaló el gobernador de San Martín, César Villanueva. "No podemos permitir que la toquen".

Agua limpia

El caso es más complejo de lo que parece.

Image caption Para Bustamante y Alvarado, el modelo de desarrollo del gobierno no funciona.

Una solicitud para que el área fuese declarada bajo protección fue introducida en 2000, pero no fue hasta 2005 que el gobierno la aprobó.

Entre tanto, el Ejecutivo otorgó las concesiones de exploración petrolera.

Ahora, el Plan Maestro enfrenta varios desafíos. El recién creado Ministerio del Ambiente podría tener la última palabra en el proyecto de desarrollo de la zona.

Grupos ambientalistas en San Martín que temen que las actividades de exploración sean aprobadas, han salido a las calles a protestar.

Aseguran que 280.000 personas usan agua de la cordillera.

"Esta lucha no ha terminado, es sólo el principio", dijo Villanueva.

"Las compañías y el Estado intentarán hacernos respetar la concesión".

Insiste en que "no está en contra de la inversión", pero enfatiza que las compañías que trabajan "deben respetar el ambiente".

"Tenemos que defender la vida y eso significa el derecho de tener acceso a agua limpia", indicó Villanueva.

Conflictos activos

Los dos abogados consideran que este caso irá directo al corazón del modelo de desarrollo del gobierno y probará que un enfoque único no funciona.

El año pasado, hubo un boom en la economía peruana, que creció 9,84%, y que se convirtió en una de las más fuertes en el mundo.

De hecho fue la economía que se desarrolló con mayor rapidez en América Latina. Su ritmo de crecimiento se debió en gran parte a los altos precios que alcanzaron los minerales en el primer semestre de 2008.

Sin embargo, la riqueza no ha llegado a los habitantes de los Andes, donde la actividad minera se produce y donde la pobreza puede exceder 70% de la población.

La frustración ha crecido y con ella la tensión.

La Defensoría del Pueblo de Perú ha contabilizado más de 70 conflictos relacionados con las operaciones mineras.

Derechos corporativos

La economía en San Martín es casi absolutamente agrícola. Hasta la fecha no se han registrado actividades de extracción petrolera o minera.

Los niveles de malnutrición infantil y pobreza son menores a los registrados en las provincias que reciben ingresos por concepto de los derechos de explotación de las empresas mineras o petroleras.

Image caption Grupos ambientalistas han marchado en San Martín para protestar contra las mineras.

Un estudio hecho por la Universidad Agrícola de Lima demuestra que las ventajas económicas de mantener la fuente de agua limpia superan con creces las que puedan resultar de los derechos de explotación de petróleo y gas.

Los derechos de explotación se definen estado por estado sobre la base de la cantidad de minerales e hidrocarburos extraídos.

Pedro Solano, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señala que espera que el fallo de la Corte Constitucional siente un precedente al colocar al medioambiente y el derecho al agua por encima de los asuntos económicos.

Sin embargo, le preocupa que el gobierno central pueda anular el plan de desarrollo de la región porque socava su autoridad.

"Nosotros también tenemos que reconocer los derechos de la compañía que firmó un contrato legal con el Estado para ejecutar el trabajo", indicó.

Impacto reducido

Talisman Energy, la compañía líder del consorcio, se ha mostrado segura de que la situación se volteará a su favor.

La empresa canadiense le compró su participación accionaria a Occidental Petroleum, el año pasado.

"Este dictamen tiene un impacto reducido en nuestra operaciones", dijo la vocera de la compañía Phoebe Buckland en Ottawa.

Los directivos de Talisman Energy eran conscientes del desafío legal que enfrentarían cuando obtuvieron las concesiones de los bloques 103 y 64. Sin embargo, no tienen planes inmediatos para iniciar la exploración, según informó la portavoz.

Las actividades en el bloque 64, en el Amazonas peruano, también han provocado la resistencia de diversos grupos.

Se encuentra ubicada en un área ancestral que los indígenas Achuar reclaman como suya.

Esa tribu logró, en 2006, detener las operaciones de otra compañía petrolera, la Pluspetrol, que había contaminado ríos y causado graves problemas de salud entre sus miembros.

Agua o petróleo

Dentro del bloque 103, también hay varias comunidades nativas que viven debajo de la Cordillera Escalera.

Al atardecer en el poblado Alto Shambuyacu, los residentes disfrutan de un partido de voleibol.

"No sabíamos que había petróleo aquí", comenta en quechua, un líder de la comunidad, Víctor Salas.

"Nadie nos vino a informar. Pero sabemos que el agua es un elemento vital para vivir. Sabemos que es más valiosa que el petróleo, incluso más que el oro, y es nuestro deber cuidarla, así como también las montañas".

"Esa es la razón por la cual le hemos formulado a las autoridades la misma pregunta una y otra vez: ¿Qué podemos hacer como comunidad si hay una orden del Estado que permite la exploración petrolera?", reflexionó Salas.

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