Argentina: la crisis se muda al Congreso

Martín Redrado, presidente del Banco Central
Image caption Martín Redrado tuvo que ser restituido en su cargo tras una decisión judicial.

La disputa entre el gobierno de Argentina y el Banco Central del país (BCRA) se mudó ahora al Congreso, que se encontraba en pleno receso veraniego.

Este jueves, las comisiones de Finanzas y Hacienda y la de Presupuesto de la Cámara de Diputados designaron a sus titulares, tras el recambio de legisladores de diciembre pasado.

La nominación constituye un paso indispensable para que el Parlamento pueda avanzar en el análisis de la situación del presidente del Banco, Martín Redrado, removido del cargo por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la presidenta Cristina Fernández, que dio paso a una aguda crisis institucional.

Ahora, los recién nombrados jefes de Finanzas y Presupuesto se reunirán con el vicepresidente Julio Cobos, en su condición de cabeza del Senado, en una comisión especial que emitirá un dictamen para la presidenta. En él, deberán “aconsejar” sobre el futuro del economista al frente de la entidad monetaria.

La intervención de este cuerpo bicameral es un requisito establecido por la carta orgánica del Banco, que indica que el recambio de sus autoridades no puede decidirse desde el poder Ejecutivo sin previa consulta a los legisladores.

La mandataria Fernández había optado por saltearse ese paso y hacerlo mediante un decreto, lo que acarreó no sólo las críticas del arco opositor sino, además, el freno de la medida desde la Justicia.

Con el caso trabado en tribunales, Fernández decidió abrir el juego por la vía legislativa, aunque el citado dictamen puede quedar sólo en una formalidad: no tendrá carácter vinculante y la última palabra en la materia la tendrá la presidenta.

Reservas en pugna

La confrontación ente Fernández y Redrado comenzó después de que la mandataria requiriera la transferencia de unos US$6.500 millones de las reservas federales que custodia el BCRA a un fondo especialmente creado para pagar vencimientos de deuda pública.

Redrado se opuso a la medida, por considerar que afectaba la autonomía de la entidad bajo su mando, y la presidenta ordenó su remoción, una medida que luego debió revertirse por un fallo judicial y que aún se estudia en tribunales.

Ahora, con la convocatoria a una comisión bicameral, Fernández intentará cumplir con las formalidades y acelerar la decisión sobre un tema que ha agitado la escena política.

“El hecho de que el dictamen que salga de esta comisión no sea vinculante indica que ella tiene la potestad de decidir si lo toma en cuenta. Es un consejo que debe requerir, pero es su responsabilidad exclusiva decidir”, expresó ante BBC Mundo el diputado oficialista Carlos Heller.

Sin embargo, las voces críticas reclaman que el DNU por el que se decidió despedir a Redrado sea primero derogado.

“El consejo de esta comisión debería ser previo y no posterior, si nos atenemos a lo que dice la carta orgánica (del BCRA)”, declaró el opositor Alfonso Prat-Gay, uno de los que integrará el cuerpo consultivo.

¿Legítima?

En tanto, la decisión del gobierno de utilizar parte de las reservas federales para pagar vencimientos de deuda externa durante 2010 –establecida por otro decreto presidencial- también continúa trabada en la Justicia.

Y las fuerzas políticas opositoras proponen llevar la discusión más allá: a la validez de la deuda misma.

Un grupo de diputados hizo una presentación judicial para exigir que se suspenda el canje de bonos que alista el gobierno "hasta tanto no se revise la legitimidad” de los montos adeudados.

Image caption La presidenta Fernández puede insistir en su decisión de destituir a Redrado una vez que el Congreso dé su opinión.

El canje en cuestión involucraría títulos por un valor de US$20.000 millones, que están en manos de acreedores que no adhirieron al canje de 2005, cuando Argentina hizo una oferta para reestructurar US$102.000 millones en mora.

La acción de amparo para frenarlo, auspiciada por el izquierdista Proyecto Sur, plantea que, según un fallo del año 2000, la deuda contraída por el último régimen militar (1976-1983) se considera "contraria a los intereses" del país y, por tanto, el canje debería congelarse hasta que el Congreso intervenga en la materia.

"Argentina está renegociando deuda al 14 ó 16% de interés con una emisión de bonos que es una irresponsabilidad absoluta, cuando Uruguay y Brasil están cambiando deuda al 5 y 6%. Esto es una bomba de tiempo", expresó el titular del partido, Fernando Solanas.

En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el canje “está muy encaminado”, aunque deberá ser evaluado por la Comisión de Valores estadounidense en los próximos días, y estimó que un 60% de los bonistas podría plegarse a la oferta.

Según cifras oficiales, la deuda externa de Argentina supera actualmente los US$124.000 millones.

El propuesto debate sobre la legitimidad de los préstamos se basa en que, durante los siete años del régimen militar, la cifra se incrementó de US$8.000 millones a 46.000, gastados –según los denunciantes- en cuestiones ajenas al bien común.

Sin embargo, la presidenta Fernández consideró que "una vez que el primer gobierno democrático y los posteriores reconocieron la deuda, no hay manera de hablar de deuda ilegítima”, y acusó los partidos opositores de usar la causa para su propio beneficio electoral.

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.