EE.UU.: el Senado aprueba la reforma financiera

El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, hizo una declaración ante la prensa tras conocer la noticia.
Image caption Geithner dijo que el siguiente paso es un tratado internacional que endurezca el negocio bancario.

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves por 60 votos a favor y 39 en contra una ambiciosa reforma del sistema financiero estadounidense, dejando el texto de 2.300 páginas listo para que lo firme la semana que viene el presidente Barack Obama.

La compleja reforma, que se hará realidad tres años después del comienzo de la crisis financiera, establece límites a la actividad de los bancos y ofrece más protección a los consumidores, con la esperanza de evitar que se produzca una nueva crisis del sistema financiero como la desencadenada en 2008.

La votación en el Senado pone fin a más de un año de debate parlamentario que comenzó cuando el presidente Barack Obama propuso la reforma en junio de 2009. La Cámara de Representantes la aprobó el mes pasado.

"Lamento que no podamos recuperar sus empleos, devolverles las casas embargadas o poner dinero en sus cuentas de jubilación", dijo el senador demócrata, Christopher Dodd, uno de los impulsores del proyecto. "Lo que podemos hacer es ver que nunca jamás pasemos por lo que este país pasó", añadió.

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Tratado internacional

La norma crea un órgano regulador que supervisará los riesgos generales para el sistema financiero y los grandes bancos tendrán que aumentar sus fondos de reserva para asegurar que disponen de liquidez en tiempos de crisis.

Asimismo, obliga a la reforma de las agencias de calificación y trata de arrojar más transparencia sobre el mercado de derivados, usado por algunos de los responsables del colapso financiero.

El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, dijo tras conocer la aprobación, que la reforma contribuye a un creciente consenso internacional sobre la necesidad de endurecer las normas que rigen el negocio bancario.

"A continuación nuestro objetivo", dijo Geither, "es negociar un tratado internacional que obligue a los grandes bancos a destinar mayores reservas, un colchón financiero mucho más grande para amortiguar las pérdidas".

"Victoria para Obama"

Image caption La reforma votada en el Senado se hará realidad tres años después del comienzo de la crisis financiera.

Aunque la intención original de Obama era que el proyecto contara con el apoyo de demócratas y republicanos, sólo tres senadores republicanos votaron a favor, junto con 55 demócratas y dos independientes.

Esta nueva ley representa una nueva victoria legislativa para Obama, según el corresponsal en Washington de la BBC, Paul Adams, que se suma a la conseguida en marzo con la aprobación de la reforma sanitaria.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de noviembre, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que los demócratas podrán esgrimir esta reforma ante el electorado.

Sin embargo, Adams apuntó que si se tienen en cuenta las encuestas será difícil que los demócratas puedan capitalizar esta nueva ley: el 71% de los sondeados dijeron conocer poco o nada sobre la reforma.

"Esta aparente falta de comprensión sobre una norma tan importante", señaló Adams, "puede indicar que la conexión que existe entre el mundo arcano de la política en Washington y la realidad del hombre de la calle es muy tenue".

¿Qué cambiará con esta ley?

La reforma crea cientos de obligaciones para las agencias de calificación, los bancos y fondos de inversión de alto riesgo.

Agencia de protección al consumidor

La ley crea una oficina especial para el manejo de las relaciones entre la banca y su cliente, que funcionará como defensora de la ciudadanía. Esa agencia se encargará de velar por que se cumpla el deseo del presidente Obama de que los contratos de préstamo y tarjetas de crédito, se redacten en un “lenguaje que todos puedan entender” y prestará asistencia a quienes hayan sido víctimas de prestamistas inescrupulosos. Además supervisará que los bancos no cobren altos porcentajes a los negocios por transacciones hechas con tarjetas de crédito.

Las agencias de préstamos no podrán otorgar hipotecas o préstamos que los beneficiarios no puedan pagar y se les impedirá aumentar las tasas de interés a clientes que hayan calificado para niveles menores. Los consumidores también quedarán protegidos de altas penalidades por recibir préstamos o por su pago temprano.

Mercados derivados

Uno de los principales aspectos de la ley es que obliga a las instituciones financieras a reportar todas las operaciones que realizan en el mercado de derivados. Son transacciones que se calculan en US$ 600 mil millones anuales que actualmente no cuentan con supervisión y en donde empezaron los problemas que generaron la crisis del 2007-08. Ese mercado quedará ahora bajo la supervisión de las autoridades reguladoras, lo que permitirá detectar problemas antes de que afecten la salud de la economía. Las instituciones que participen en ese mercado deberán garantizar que sus fondos cubren las operaciones que realizan.

No más rescates financieros

El gobierno federal tendrá ahora la autoridad para intervenir y eventualmente liquidar bancos y otras instituciones que confronten problemas, en vez de prestarles asistencia con fondos públicos como se había venido haciendo antes de la crisis del 2008.

Además el programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, equivalente al Banco Central, será auditado para conocer el destino de los fondos usados para apuntalar instituciones financieras afectadas por la crisis.

Agencias de calificación de crédito

Las oficinas que se encargan de evaluar el crédito no podrán beneficiarse financieramente de su respaldo inversiones que se consideren de alto riesgo y deberán responder en caso de que estas sean fallidas.

Nuevos controles harán que esas agencias deban responder por la confiabilidad de sus informes, en caso de que las inversiones que han recomendado demuestren no ser lo ventajosa o confiables que puedan haber dicho que eran, al punto que los inversionistas podrán presentar demandas judiciales a las empresas que hayan presentado información maquillada u ocultado detalles sobre programas considerados riesgosos.

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