Cuestionan poderes migratorios de la policía

Ante una sala colmada de activistas y miembros de la prensa, Julio César Mora relató al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos lo que él considera el resultado del prejuicio racial hacia los latinos.

Image caption El Senado está investigando los acuerdos del ICE con las policías locales.

"Un policía se acercó y nos preguntó a dónde íbamos. Le dije que llevaba a mi padre a trabajar. Nos ordenó que nos bajáramos, luego nos tiraron al piso y nos ataron las manos con precintos plásticos como si fuéramos criminales", explicó a los senadores en Washington.

Mora, un ciudadano estadounidense de origen hispano, y su padre, residente legal del país, fueron detenidos por agentes de la policía del condado de Maricopa, Arizona, a 100 metros de donde se llevaba a cabo un operativo contra inmigrantes indocumentados en un empresa de jardinería.

Su testimonio es una de las piezas de la investigación lanzada este jueves por el Senado sobre los acuerdos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con las fuerzas de seguridad estatales y de los condados para aplicar las leyes migratorias.

El programa es popularmente conocido como 287 (g), por ser esa la sección de la enmienda introducida en 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad que habilita a las policías locales a perseguir y detener a sospechosos de haber violado las normas migratorias federales.

El 287 (g) es, desde hace tiempo, objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de defensa de los inmigrantes con el argumento de que su implementación ha dado lugar a ostensibles abusos y violaciones de los derechos civiles.

Pero las objeciones también llegan desde el sector político, donde se cuestiona que la carga adicional distrae recursos indispensables en la lucha y prevención de los delitos comunes en las comunidades que se han sumado al acuerdo con el ICE.

Retroceso

Aunque la audiencia de este jueves abarca la aplicación general del programa en todo el país, quien ocupa el centro de la polémica es el jefe policial del condado de Maricopa, Joe Arpaio, el autodenominado sheriff (comisario) más duro de Estados Unidos.

George Gascón, jefe del Departamento de Policía de Mesa, ciudad del condado de Maricopa, dijo a los senadores que la aplicación de la 287 (g) ha hecho retroceder la situación a la década de los '50 o los '60, cuando los policías eran vistos como enemigos de las minorías.

Gascón es colega de Arpaio y uno de sus más duros críticos al mismo tiempo.

"Es casi imposible ganar la confianza necesaria para aplicar la ley allí donde las comunidades temen que el policía luego ayude a deportarlos, a ellos mismos, a un vecino, a un amigo o a un familiar", dijo el jefe policial.

Gascón señaló que lo que se conseguía con esto era que la gente, en vez de apoyarse en las autoridades, terminara cediendo el control de sus barrios a los maleantes y reclamó la intervención del gobierno federal para poner fin a esta situación.

"Los negros de ahora"

Apaio es acusado por las organizaciones pro-inmigrantes de utilizar infracciones menores para detener a quienes "parecen" hispanos e investigar su situación migratoria.

La presidenta de la audiencia, la senadora demócrata por California Zoe Lofgren, se refirió específicamente a las acusaciones de prejuicio racial. "Es importante que cuando tratamos de aplicar la ley, también nosotros mismos la cumplamos. De eso es lo que se trata esta audiencia", dijo Lofgren en su discurso de apertura.

El senador John Conyers, un demócrata por Michigan que preside el Comité Judicial del Senado, sugirió que en estos tiempos "el marrón es el nuevo negro".

"Desafortunadamente, cargar contra los inmigrantes es ahora un deporte muy popular en algunas zonas", señaló.

La ausencia de Arpaio en la audiencia también fue motivo de controversia. El senador republicano por Texas Ted Poe cuestionó a la presidenta Logfren que el sheriff de Maricopa no estuviera presente.

La senadora le aseguró que la oferta había existido pero que él la había rechazado públicamente a través de la prensa.

Cacería de brujas

Arpaio, quien dirige la policía de Maricopa desde hace 17 años, asegura que nunca fue formalmente invitado.

"Ellos no quieren escuchar la verdad. Esto es sólo una cacería de brujas", dijo el sheriff a los medios.

En la audiencia, el senador Trent Frank, republicano de Arizona, salió en su defensa señalando que en realidad los disparos son contra la política inmigratoria estadounidense.

También este jueves, una treintena de policías de Maricopa manifestaron frente a la sede municipal de Phoenix -cuyo alcalde Phil Gordon es también un duro crítico de Arpaio- en una muestra de apoyo a su jefe.

Y es que aunque despierte la ira de los activistas en todo el país, el estilo de Joe Arpaio es inmensamente popular en su distrito. Su quinta reelección consecutiva como jefe policial de Maricopa es prueba de ello.

"Lo único que yo hago es hacer cumplir las leyes. 'Todas' las leyes", asegura.

La senadora Lofgren anunció que la investigación sobre la aplicación del 287 (g) continuará.

Pero para Arpaio los problemas tampoco se acaban allí.

Actualmente, su oficina está bajo la investigación del Departamento de Justicia por presuntas violaciones a los derechos civiles, y la Unión para las Libertades Civiles en Estados Unidos (ACLU, por su siglas en inglés) lo demandó por discriminación racial.

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