EE.UU.: firmas al banquillo por apartheid

IBM
Image caption IBM es una de las empresas que pueden ser llevadas a juicio por su colaboración durante el apartheid.

Una jueza de Estados Unidos dictaminó que se pueden interponer demandas contra varias grandes compañías acusadas de ayudar al gobierno de Sudáfrica durante la era de la segregación racial o apartheid.

Según el fallo, miles de víctimas de la política que se comenzó a instalar jurídicamente en 1948 y rigió hasta principios de los '90 podrán llevar ante la justicia al gigante de la informática IBM, a las automotrices Daimler, Ford y General Motors y a la fabricante de armas Rheinmetall Group.

Las acusan de suministrar equipos que las fuerzas de seguridad sudafricanas usaron para reprimir la disensión.

Las firmas afectadas aún no han respondido al dictamen de la jueza.

"Ceguera voluntaria"

La decisión de Shira Schaindlin de Nueva York, quien es una jueza distrital -el nivel más bajo en el sistema federal estadounidense- es la más reciente de una larga lista de fallos en un caso que empezó hace siete años y que originalmente involucraba a muchas más corporaciones, entre ellas petroleras y bancos.

Pero el número de acusados se ha ido reduciendo a medida que pasa por los diferentes tribunales y, como sus homólogos anteriores, la jueza Schaindlin sobreseyó causas contra varias otras compañías.

"Los acusados de sencillamente negociar con el gobierno sudafricano fueron desestimados", aclaró.

No obstante, en el caso de los fabricantes de autos, los demandantes argumentan que estos sabían que sus vehículos iban a ser utilizados por las fuerzas de seguridad para reprimir, y en el de las compañías informáticas, que estaban conscientes de que sus programas estaban siendo usados para violar los derechos de los negros.

La jueza rechazó el argumento de IBM de que no le correspondía a la empresa decirle a los clientes cómo usar sus productos.

"Ese nivel de ceguera voluntaria frente a crímenes que violan la ley internacional no puede derrotar la clara evidencia de que la asistencia de IBM sustancial y directamente apoyaría al apartheid".

Con la ley contra piratas

Scheindlin rechazó también las alegaciones de que los procesos judiciales podrían enturbiar las relaciones entre EE.UU. y Sudáfrica, cuyos gobiernos han apoyado los esfuerzos para sobreseer los casos.

El fallo de la jueza neoyorquina sin embargo, señala Lucy Bailey de la BBC, probablemente será apelado, pero en principio remueve el último bloqueo legal para darle vía a los cargos de compañías de auxiliar e incitar abusos a los derechos humanos contra esas compañías.

En mayo pasado, la Corte Suprema de EE.UU. no pudo fallar en el caso pues cuatro de sus nueve jueces tuvieron que retirarse: tres porque tienen acciones en las compañías involucradas y uno aparentemente por lazos familiares.

Las demandas se apoyan en una ley del siglo XVIII diseñada para procesar piratas, pero que le permite a las cortes federales de EE.UU. ordenar compensaciones por cualquier violación de la ley internacional cometida en cualquier lugar del mundo.

El gobierno sudafricano por su parte ha mantenido siempre que cualquier demanda debe ser presentada a través de los sistemas legales y políticos de ese país.