EE.UU.: decreto sobre tortura desata polémica

Una protesta afuera del Consulado de España en Manhattan para pedir que se detengan a los funcionarios del gobierno de George W. Bush, que supuestamente torturaron a sospechosos de terrorismo.
Image caption Manifestaciones contra funcionarios estadounidenses involucrados en torturas se han desarrollado en EE.UU.

Una de las primeras medidas de Barack Obama al asumir la presidencia de Estados Unidos, fue emitir una orden ejecutiva que prohíbe la tortura, pero qué hacer con los que torturaron antes de la firma de este decreto se está convirtiendo en uno de los temas más espinosos de sus primeros cien días en la Casa Blanca.

A medida que se dan a conocer más detalles acerca de las actividades de tortura de la administración Bush, crece en Washington el número de voces que piden una investigación y exigen consecuencias para los que participaron en estos operativos.

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que se debería crear "algún tipo de comisión de la verdad para ver que fue lo que sucedió... No creo que se debe dar inmunidad a todo el mundo de una forma masiva", dijo la líder demócrata en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Y no sólo los demócratas están pidiendo una investigación, el ex-gobernador republicano de Nueva Jersey, Tom Kean, quien presidió la comisión especial que investigó los ataques del 9-11, dijo que se necesita una investigación exhaustiva que le rinda cuentas al público.

"Siempre he pensado que eso (ahogamiento simulado) es... y desde la inquisición española, siempre se ha considerado tortura, y siempre he pensado que es tortura y es algo que los estadounidenses no deben hacer", afirmó Kean en una entrevista con la cadena NBC.

¿Investigación necesaria o distracción política?

Image caption Pelosi cree que se debe establecer una comisión de la verdad.

La idea de una comisión especial no ha generado ningún entusiasmo en la Casa Blanca. En una reunión privada con un grupo de congresistas el jueves en la noche, Obama indicó que no quería un comité especial, ya que esto podría robarle ímpetu a su agenda de cambio y podría generar una distracción enfocada en el pasado.

Obama dijo en una visita reciente a la CIA que su administración no tiene intenciones de presentar cargos contra los agentes que llevaron a cabo estos interrogatorios, pero no ha descartado la posibilidad de acciones judiciales contra quienes dieron la autorización legal para implementar estas tácticas.

El líder demócrata del Senado, Harry Reid, también descartó la creación de una comisión de la verdad, "por ahora".

"Creo que sería muy imprudente, desde mi punto de vista, comenzar a crear comisiones, juntas, tribunales, hasta que tengamos todos los hechos ante nosotros", aseguró Reid, quien agregó que está a la espera de un informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el asunto, antes de tomar cualquier acción.

"Hasta que no tengamos ese informe, creo que debemos relajarnos, entendiendo que esto es algo difícil", agregó el senador en una rueda de prensa.

Exigen un fiscal especial

Image caption Reid, líder demócrata, descartó crear una comisión "por ahora".

Pero para un creciente número de activistas y organizaciones de derechos humanos, no se debe esperar más, ya que consideran que existe suficiente evidencia para iniciar un proceso legal contra quienes participaron en ciertos programas antiterroristas de la administración Bush.

Una coalición de organizaciones nacionales ya presentaron más de 250 mil firmas al fiscal general, Eric Holder, exigiendo la designación de un fiscal especial para investigar los interrogatorios realizados durante la pasada administración Bush, en base a varios documentos oficiales sobre estos procedimientos dados a conocer recientemente.

Los folios detallan el trato a los presos sospechosos de terrorismo incluyendo golpes, la privación del sueño, sometimiento a posturas físicas dolorosas, la manipulación de la alimentación y el "ahogamiento simulado" que fue aplicado cerca de 226 veces a dos presos en un mes.

"La tortura es un crimen. Es el trabajo del fiscal general asegurar que se de una investigación para determinar exactamente quien autorizó, sancionó y implementó estas actividades para que esas personas asuman las consecuencias", dijo Caroline Fredrickson, directora de la oficina legislativa de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), entidad que es parte de este esfuerzo.

Más evidencia

Image caption Organizaciones de EE.UU. le han pedido al Fiscal General que designe a un fiscal especial.

"La evidencia que está saliendo exige la necesidad inmediata de un fiscal especial", dijo a BBC Mundo, Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales.

Según Ratner, abogado experto en derechos humanos, el programa de tortura de la administración Bush fue autorizado e implementado al más alto nivel y se debe enjuiciar al ex-secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, la ex-secretaria de Estado Condoleeza Rice, el ex-director de la CIA, George Tenet, y el ex-fiscal general, Alberto Gonzales, entre otros, ya que existe "amplia evidencia" en su contra.

Ratner, quien fue uno de los abogados que argumentó, y ganó el caso, a favor de los derechos legales de los detenidos en Guantámano ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, aseguró que para estos programas de interrogación no debe existir el "borrón y cuenta nueva" que ha mencionado el presidente Obama.

"Tenemos que enviar el mensaje de que si torturas, serás enjuiciado. No estamos hablando de retribución o venganza tiene que ser claro de que si violas la ley y torturas, serás perseguido, que no depende de quien es el presidente de turno", argumentó Ratner y señaló que la imagen y autoridad moral de Estados Unidos sufre si no hay consecuencias para quienes violan la ley.

El jurista agregó que en las próximas semanas saldrá a la luz mucha más evidencia, incluyendo material gráfico, que harán imposible ignorar el creciente llamado a verdaderas sanciones para los involucrados.

El público también está dividido

Mientras sigue el debate en Washington, las encuestas indican que el público también está dividido sobre el tema.

Una encuesta reciente de la firma Gallup, reveló que aunque el 62% está a favor de "algún tipo" de investigación sobre el posible uso de la tortura para interrogar sospechosos de terrorismo, el 38% apoya una investigación criminal, o sea una investigación con penalidades legales. El 34% se opone a los dos tipos de panel investigativo.

Y tal vez Obama se esté fijando en otra encuesta de la Prensa Asociada que dice que por primera vez en años, un alto porcentaje de los estadounidenses cree que el país en general "va en la dirección correcta".

Según el sondeo, el 48% está optimista acerca del futuro del país, en comparación al 17% que pensaba lo mismo en octubre del 2008 en los últimos meses de la administración Bush.

Y por si acaso, el 90%, un número récord, estima que la economía es un asunto de suma importancia nacional.

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.