Última actualización: sábado, 25 de abril de 2009 - 05:42 GMT

Polémica entre hispanos por el Censo 2010

Papeleta del censo de Estados Unidos. Crédito: U.S. Census Bureau, Public Information Office (PIO)

Se estima que en 2000 más de un millón de hispanos no fueron registrados, alrededor de un 3% de la comunidad.

En abierta oposición al camino tomado por las principales organizaciones hispanas en Estados Unidos, un grupo nacional de pastores evangélicos latinos lanzó una campaña para boicotear el censo poblacional del próximo año.

"Si los inmigrantes indocumentados hacen falta para ser contados, también son buenos entonces para ser legalizados", dijo a BBC Mundo el reverendo Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (CONLAMIC).

El grupo representa a más de 20.000 iglesias evangélicas en 34 estados de Estados Unidos, en las cuales estiman que un 30% de los feligreses no tiene residencia legal.

La CONLAMIC recomienda no responder los formularios del censo hasta que no sea aprobada una reforma migratoria integral, que contemple un camino a la ciudadanía para los aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas en el país.

Si los inmigrantes indocumentados hacen falta para ser contados, también son buenos entonces para ser legalizados

Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC

Para Laura Barrera, vicedirectora de la Campaña del Censo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés) es "una absoluta irresponsabilidad".

"Con esto lo único que hacen es dañar a la comunidad y negarle la representación política que le corresponde", aseguró.

NALEO, junto a las mayores organizaciones hispanas en el país -como el Consejo Nacional de la Raza- y los principales medios de comunicación latinos, patrocina la campaña "Ya Es Hora. ¡Hágase Contar!" para alentar la participación en el censo.

Todos suman

La ley estadounidense obliga al gobierno a realizar al inicio de cada decenio un conteo nacional de población, a partir del cual luego se calculan los presupuestos federales para servicios públicos y se reparten las bancas legislativas durante la siguiente década.

Se estima que en el pasado censo de 2000 más de un millón de hispanos no fueron registrados, alrededor de un 3% de la comunidad.

Con esto lo único que hacen es dañar a la comunidad y negarle la representación política que le corresponde

Laura Barrera, vicedirectora de NALEO

La omisión significó la pérdida de millones de dólares en partidas presupuestarias para las ciudades en que vivían y posiblemente de bancas en la Cámara de Representantes del Congreso Nacional y las legislaturas estatales.

Esta vez la Oficina del Censo de Estados Unidos enviará por primera vez en su historia formularios bilingües en aquellos lugares donde hay una concentración importante de latinos.

Las autoridades censales han repetido incansablemente que el objetivo es contar hasta la última persona sin importar su estatus migratorio, una pregunta que -por cierto- no se hace en los formularios.

Riesgos y beneficios

Para el reverendo Rivera, los inmigrantes indocumentados no tienen nada que ganar con el censo.

"Las organizaciones como NALEO le mienten a la gente. Lo único que les importa es velar por sus propios intereses", dijo el pastor evangélico.

"Cual es el propósito de alentarlos a que vayan y se hagan contar si el dinero que luego surge de ello se utiliza para contratar más policías y perseguirlos como animales".

"Ponerlos en evidencia es dar argumentos a quienes después usan esos números para justificar las deportaciones".

No creo que dar visibilidad real a la comunidad hispana vaya a terminar en una mayor persecución, como pudiera haber pasado antes

John Fanestil, presidente de la Fundación para el Cambio

Según Rivera, aquellos alcaldes y gobernadores que estén preocupados por perder sus presupuestos debieran ir a presionar al Congreso para que se apruebe una reforma migratoria integral que permita la legalización de estas personas.

John Fanestil, un ministro de la Iglesia Metodista Unida en San Diego, California, y presidente de la Fundación para el Cambio, cree que los beneficios superan largamente los riesgos que pudiera encerrar la participación en el censo.

"Tal vez esté demasiado infectado por el optimismo con la administración de Obama, pero no creo que dar visibilidad real a la comunidad hispana vaya a terminar en una mayor persecución, como pudiera haber pasado antes".

El reverendo Fanestil apoya la participación en el censo.

Primero legalizar

Más allá del boicot, las personas sin residencia legal generalmente evitan deliberadamente el contacto con los censistas, o con cualquier institución pública, por temor a que ello pueda perjudicar su permanencia en el país.

Por eso los portavoces de la Oficina del Censo aclaran que tienen prohibido "por ley" compartir información individual con cualquier otro organismo de gobierno, con un énfasis particular en las autoridades migratorias.

El reverendo Rivera, líder de la organización que promueve el boicot, asegura que hay evidencia en contrario.

"Nuestra gente debe saber que en 1940 el Departamento de Guerra usó esos datos para poner en campos de detención a todos los japoneses-estadounidenses".

Ahora más que nunca hay que hacerse contar para que el gobierno sepa cuanto somos y así podamos justificar la necesidad de una reforma migratoria

Laura Barrera, vicedirectora de NALEO

"O que en 2004 se entregó al Departamento de Seguridad Interna la información sobre las áreas con alta concentración de residentes de origen árabe", expresó el pastor evangélico.

Laura Barrera, de NALEO, asegura que son acusaciones infundadas.

"Ahora más que nunca hay que hacerse contar para que el gobierno sepa cuántos somos y así podamos justificar la necesidad de una reforma migratoria".

"Los líderes de la comunidad debemos alentar la participación y no lo contrario", dijo a BBC Mundo.

Rivera afirma, sin embargo, que no hay garantías de que los datos del censo no sean mal utilizados.

Su principal temor es que terminen estimulando acuerdos entre el Departamento de Seguridad Interna y las policías locales para que apliquen las leyes migratorias federales allí donde haya concentraciones "sospechosas" de hispanos.

"Antes de contarlos hay que legalizarlos", reclama Rivera.

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