Derecho a saber: británicos a oscuras

Facturas censuradas
Image caption Así se ven las facturas censuradas en el sitio del gobierno.

La furia de la ciudadanía británica con sus representantes políticos no parece amainar. Por el contrario, la prensa condenó unánime este viernes la falta de transparencia en el parlamento.

La gran mayoría de los diarios británicos encabezaron sus ediciones de este viernes con franjas negras que ocultaban información.

De esta manera quisieron hacer un paralelo a la forma como la Cámara de los Comunes publicó este jueves la lista de gastos parlamentarios.

Y es que el cuerpo legislativo había prometido una publicación oficial de todos los cobros de parlamentarios de los últimos cuatro años. Sin embargo, el periódico "The Daily Telegraph" se adelantó en varias semanas y dejó toda información en manos del electorado, provocando un escándalo que sacudió la política del Reino Unido hasta sus cimientos, y del cual la clase política aún no parece recuperarse.

Image caption El descontento con la versión oficial de los hechos se hizo escuchar a través de la prensa.

Para muchos, la información entregada el jueves por la Cámara de los Comunes parece más un intento de encubrimiento que otra cosa.

Los detalles de las facturas publicadas aparecen tapados en negro, con el argumento de proteger la seguridad y la privacidad de quienes efectuaron los reclamos. Esto supone, entre otras cosas, que no se puede saber a través de estas facturas si los parlamentarios cambiaron de dirección domiciliaria para obtener beneficios económicos.

Los parlamentarios británicos tienen derecho a reclamar al Estado los gastos que les representa el mantenimiento de una segunda casa, indispensable para asistir a las sesiones de la Cámara en Londres, más allá del hogar familiar que posean en su distrito electoral.

El Daily Telegraph había revelado a comienzos de mayo que varios parlamentarios periódicamente cambiaban la dirección de su segunda casa para reclamar al fisco los costos de reparaciones y remodelaciones en su hogar familiar, provocando un escándalo que sacudió la política del Reino Unido hasta sus cimientos, y del cual la clase política aún no se recupera.

Vergüenza generalizada.

Lo grave es que si sólo se hubieran conocido los reclamos a través de la publicación oficial de gastos, muchos de esos funcionarios seguirían hoy en sus puestos, aseguró el analista político de la BBC Nick Robinson.

Gracias al Daily Telegraph los británicos supieron entre otras cosas que:

  • Andrew McKay, parlamentario conservador, reclamó gastos de su "segunda casa" cuando en realidad no tiene una propiedad en su distrito electoral.
  • Margaret Moran, parlamentaria laborista, cobró 22.000 libras esterlinas al contribuyente para reparar la podredumbre de su "segunda casa". En la versión oficial de los hechos no se revela que ésta se ubica en la ciudad de Southampton, bastante lejos de su distrito electoral, Luton.
    Image caption El periódico Times también reflejó en su portada lo ocurrido.
  • Sir Peter Viggers, parlamentario conservador ,reclamó al fisco el costo de una isla artificial con forma de caseta para los patos del lago de su jardín. Las facturas publicadas el jueves no muestran este reclamo, que finalmente resultó infructuoso.
  • Hazel Blears, ahora ex secretaria de Estado para las Comunidades, reclamó gastos para su "segunda casa", pero la dirección de ésta cambió hasta tres veces en un año. Las facturas oficiales no muestran esto porque las direcciones están borradas.

Heather Brooke, integrante de la campaña que derivó en la Ley de Libertad de Información con la que se pudo exigir la publicación de los gastos parlamentarios, dijo a la BBC que la publicación oficial hecha el jueves es "una versión que no llega a los estándares requeridos".

De acuerdo a Brooke, el argumento de la seguridad personal que habría motivado el ocultamiento de ciertos detalles, "está totalmente desacreditado". Agregó: "Me parece que evitar la vergüenza generalizada ha sido el factor principal a la hora de tapar con negro".

Sin embargo, para el parlamentario laborista Stuart Bell, la publicación se hizo conforme a la ley y afirmó que sólo se ocultó la "información privada".

De acuerdo a Bell, el ejercicio fue un "logro formidable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de apertura con el público".

Sin embargo, la gran mayoría de los diarios británicos de hoy coinciden en que la censura de la información oficial está legitimando lo que de otra manera se habría podido criticar en el "Daily Telegraph", que compró una información en ese momento confidencial.

La prensa tiene una visión condenatoria unánime: la falta de transparencia en el parlamento ha vuelto a empañar el funcionamiento de una institución.

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