Supremo de EE.UU. sienta precedente migratorio

Celda en una prisión.
Image caption La intención de la ley era desalojar un poco las cárceles y deshacerse de inmigrantes que fueran criminales.

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocó la deportación de un mexicano condenado por posesión de drogas, podría allanar el camino para que no sean expulsados del país decenas de miles de inmigrantes documentados que han cometido delitos menores.

Los nueve magistrados del alto tribunal concluyeron por unanimidad que el inmigrante José Ángel Carachuri-Rosendo -que en diferentes ocasiones se había declarado culpable de poseer un cigarrillo de marihuana y una pastilla de ansiolítico sin receta- fue indebidamente deportado.

Carachuri-Rosendo, de 32 años, nació en México y en 1983, cuando tenía cinco años, se trasladó junto a su familia a Texas y obtuvo los debidos documentos migratorios desde que tenía cinco años.

La pastilla de Xanax sin receta fue su segunda convicción por posesión de drogas. Un año antes cumplió una condena de 20 días de prisión por tener menos de dos onzas de marihuana.

Cuando el gobierno federal inició el procedimiento de deportación, argumentó que Carachuri-Rosendo no podía apelar ante un juez de inmigración por lenidad porque su segunda condena constituía un delito grave.

La cuestión en su caso era determinar si la segunda ofensa era en realidad un delito grave, ya que de ser así, el gobierno no tenía otra opción que deportarlo bajo las actuales leyes migratorias. De lo contrario, el secretario de Justicia tenía la discreción de mostrar lenidad.

Pero una corte de apelaciones de Nueva Orleans se mostró de acuerdo con la Casa Blanca que -una vez que el caso fue llevado ante la Corte Suprema- argumentó que el fallo fue correcto porque la segunda condena del inmigrante pudo haber sido manejada como un crimen serio bajo la ley federal.

Sentido común

Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema John Paul Stevens dijo que el punto de vista del gobierno desafiaba el sentido común.

“Habitualmente no consideramos que una sentencia de 10 días por la posesión desautorizada de la cantidad trivial de un medicamento es `un delito grave`”, escribió Stevens en la decisión del tribunal.

“Carachuri-Rosendo, y otros en su misma posición, pueden ahora buscar la cancelación de la deportación y por lo tanto evitar la dura consecuencia de un traslado obligatorio”, agregó el juez.

Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión de la Corte Suprema.

“La decisión de la Corte Suprema restaura un nivel de medida y racionalidad a las políticas de inmigración que con frecuencia son innecesariamente estrictas e implacables”, declaró Beth Werlin del centro de acción legal del Consejo de Inmigración de EE.UU. (AIC por sus siglas en inglés).

“La decisión es un paso importante para empezar a abordar algunos de los absurdos de las leyes de inmigración que fueron aprobadas en 1996 que tratan de igual manera a un ladrón de tiendas y a un asesino”, opinó por su parte Benjamin Johnson, director del AIC.

Image caption Un mexicano indocumentado es detenido por un agente migratorio.

Esas leyes han despojado a los jueces de inmigración de la habilidad de tomar en cuenta los detalles de un caso y determinar si el castigo está de acuerdo con el crimen”, agregó Johnson.

El caso de Carachuri-Rosendo ilustra los duros efectos que ha tenido sobre decenas de miles de inmigrantes documentados la ley federal que fue aprobada en 1996 con la intención de que el país se pudiera deshacer de inmigrantes que fueran criminales violentos.

La nueva legislación requería la deportación inmediata de cualquier persona que no fuera un ciudadano estadounidense y que haya sido condenado por un delito grave.

Pero en esa ocasión el Congreso no definió el término “delito grave” y a partir de entonces los jueces de inmigración han estado decidiendo por ellos mismos cuáles son los crímenes que entran en esa definición.

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