Arizona entre demandas y contrademandas

Jueza Susan Bolton
Image caption La jueza Bolton podría ordenar este jueves que se suspenda la aplicación de la ley

Este jueves una corte de Phoenix, Arizona, escuchará los argumentos de la demanda que presentó el gobierno de Estados Unidos contra el estado de Arizona para evitar la entrada en vigencia de la ley de inmigración que debería empezar a regir el 29 de julio.

En la demanda, la Casa Blanca argumenta que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden tener prevalencia sobre los códigos federales o la Constitución.

Además, ha pedido a la jueza Susan Bolton que emita una orden judicial preliminar que bloquee la ley, conocida con el código SB 1070, mientras se realiza el juicio, asegurando que causaría un daño irreparable si entra en vigencia.

La ley autoriza a la policía estatal a solicitar documentación a quienes consideran "razonablemente sospechosos" de estar en el país de manera ilegal, en lo que algunos consideran una autorización al uso de perfiles raciales, algo prohibido por las leyes estadounidenses que impiden la discriminación por raza u origen nacional.

Tras la ola de críticas iniciales, el texto fue modificado para disipar las acusaciones de "ley racista" y ahora la policía solo podrá investigar el estado migratorio de un sospechoso si tiene un contacto legal por otra razón, como un control de tránsito.

Arizona "sólo colabora"

Image caption El republicano Russell Pearce promovió la ley de Arizona que se aprobó en abril.

Este martes el gobierno de Arizona presentó una contrademanda argumentando que el cuidado de la frontera es también área de su competencia y que la nueva legislación sólo busca "complementar", y no usurpar, la acción federal, que considera deficiente.

La ley SB 1070 fue aprobada en abril pasado por la legislature estatal, controlada por el Partido Republicano y su ejecútese lo puso la gobernadora Janet Brewer, también del partido opuesto al presidente Obama.

Brewer afirmó a través de un comunicado que confía en que "la corte rechazará el intento del presidente Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos por su falla de reforzar las leyes federales de inmigración".

Al justificar la adopción de la ley, la gobernadora Brewer explicó que el gobierno federal no garantiza la vigilancia de la frontera entre su estado y México, por donde pasaría la mitad de los inmigrantes indocumentados que entran a EE.UU.

"Ese es el único argumento que le queda", aseguró a BBC Mundo Gladys Limón, consejera legal de Maldef, siglas en inglés del Fondo Mexicano Estadounidense para la Educacion Legal, una de las organizaciones que participa en la demanda contra Arizona.

"Las cortes federales, incluyendo la Corte Suprema, consistentemente han declarado que la autoridad de establecer y reforzar las leyes de inmigración le pertenece exclusivamente al gobierno federal", dijo Limón, aunque reconoció que "no todas las leyes estatales que regulan la inmigración son ilegales".

Todos a la espera

Después de escuchar los argumentos de ambas partes, este jueves la jueza Bolton podría ordenar que se suspenda la aplicación de la ley, en cuyo caso las autoridades estatales podrían apelar.

Pero en caso de que el tribunal estime que la Casa Blanca no demostró que haya riesgo de daños irreparables, permitiría que la ley entre en vigencia el 29 de julio, mientras se realiza el juicio de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad.

Si la ley entrara en vigor, el Departamento de Justicia ha informado que hará seguimiento al comportamiento de la policia estatal para garantizar que no incurre en abusos a los derechos de los inmigrantes o de las minorías en general.

Expertos legales consultados por BBC Mundo han asegurado que existe la posibilidad de que la jueza Bolton ordene la no aplicación de algunas partes de la ley, mientras que permita que el resto empiece a ser usado.

Eso equivaldría a autorizar a los estados a legislar en ciertos aspectos de la política migratoria, lo que daría la señal de partida para otros estados y ciudades que aspiran a establecer reglas para manejar el problema de los indocumentados.

Exigencia nacional

Image caption Estimaciones oficiales establecen que cerca de 12 millones de personas viven en EE.UU. sin la documentación migratoria requerida.

Pese a la polémica que ha generado, la ley de Arizona cuenta con gran respaldo entre la opinión pública estatal y nacional, como reconocen los mismos críticos del plan.

"Es una manifestación de que el público está exigiendo al gobierno federal que acometa una reforma integral de las leyes migratorias" aseguró a BBC Mundo, Maribel Hasting, portavoz de Americas Voice, un centro de estudios de políticas públicas ubicado en Washington.

Sin embargo, Hastings reconoce que el ambiente en el Congreso estadounidense "no es el más propicio" para que un proyecto de reforma empiece a ser discutido este año, antes de las elecciones parlamentarias de noviembre en las que los demócratas podrían perder sus mayorías en ambas cámaras.

"Precisamente por eso es que sería necesario que se tomara acción ahora", afirmó Hastings, para quien el episodio de Arizona debería forzar a los congresistas a adoptar una reforma inmigratoria integral.

El debate está estancado en parte porque muchos parlamentarios temen enajenarse el voto de sus distritos si apoyan lo que algunos consideran que sería una amnistía que favorecería a los millones de indocumentados sin reforzar la seguridad fronteriza.

Lea: EE.UU. anuncia envío de tropas a frontera con México

Para tratar de convencer a los estadounidenses y en particular a los republicanos de que ese no es el caso, el presidente Obama ordeno el despliegue de 1200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera a partir del 1 de agosto.

Estimaciones oficiales establecen en cerca de 12 millones, las personas que viven en EE.UU. sin la documentación migratoria requerida.

El 80% son de origen latinoamericano, en su mayoría mexicanos y centroamericanos.

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.