BBC Mundo

Inicio > Internacional

No sólo presidente: las otras propuestas que se votan en EE.UU.

Facebook Twitter Compartir
5 nov 2012 10:30 GMT

Valeria Perasso

BBC Mundo, California

Votante en Florida

Aunque las miradas están puestas en el demócrata Barack Obama y su rival republicano, Mitt Romney, los estadounidenses deberán decidir mucho más que el nombre de su próximo presidente cuando vayan a las urnas este 6 de noviembre.

A los puestos públicos en juego, se suman las llamadas iniciativas estatales, conocidas en inglés como ballot measures, por las que deberán pronunciarse los ciudadanos: un total de 176 en el país.

Y las disputas en torno a estas propuestas han dado lugar a verdaderas guerras de campaña: avisos de radio y TV y páginas enteras en la prensa escrita subvencionados por distintas organizaciones civiles, empresas o grupos de lobbistas y destinados a promover un "Vote sí" o "Vote no", según el caso.

California, Florida y Alabama, con 11 medidas cada uno, son los estados que mayor uso darán a esta herramienta del sistema electoral estadounidense, que funciona con la lógica de un referendo y define cuestiones con frecuencia más cercanas a la vida cotidiana de los votantes que las que se dictan desde Washington.

En el listado hay de todo: desde cuestiones técnicas –como la duración del mandato de los alguaciles- a temas que podrían marcar puntos de inflexión en la sociedad entera, como el aborto o la eutanasia. BBC Mundo le presenta aquí seis de las más controvertidas… y un puñado de las más curiosas.

Matrimonio gay: ¿llegó la hora?

Los habitantes de cuatro estados decidirán en noviembre su postura frente al casamiento entre personas del mismo sexo. Un tema que no es nuevo, pero que ha marcado como nunca la campaña presidencial de 2012: mientras que los republicanos se oponen, el mandatario demócrata se declaró a favor en un discurso público de mayo pasado.

La treintena de iniciativas presentadas en el pasado para lograr el reconocimiento del matrimonio gay en distintos estados fueron fracasos rotundos, mientras que en otros se lograron avances pero por la vía legislativa: hasta ahora, ningún territorio estadounidense ha aprobado la unión mediante votación popular.

"¿Quiere usted habilitar al estado de Maine para emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo?", se lee en la papeleta de este territorio del noroeste. De ganar el "sí", el gobierno de Maine se convertiría en el primero en legalizar el casamiento igualitario desde las urnas, tras rechazarlo en un referendo de 2009.

En Washington y Maryland, en tanto, los ciudadanos se pronunciarán sobre si deben mantenerse las leyes aprobadas recientemente por las respectivas legislaturas estatales para extender los derechos matrimoniales a parejas de gays y lesbianas.

Minnesota, en cambio, votará una posible enmienda constitucional para definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, prohibiendo en consecuencia los de personas del mismo sexo desde la carta magna estatal.

Los analistas señalan que la elección podría marcar un momento de quiebre: las encuestas nacionales revelan un apoyo mayoritario y sostenido para el casamiento entre homosexuales (54% de los estadounidenses, según una medición de mayo de NBC/Wall Street Journal).

Marihuana para todos

Washington, Oregon y Colorado están en carrera para ser el primer estado del país en legalizar la marihuana con fines recreativos: según las encuestas, Washington es el que más cerca estaría de lograrlo.

Allí, la Iniciativa 502 -como se denomina a la impulsada por el lobby New Approach Washington- ha generado menor oposición a las dos similares que se juegan en Oregon y Colorado: entre 51% y 57% de los votantes locales estaría a favor, según distintas encuestas, y alrededor de 41% en contra.

De prosperar, se volverá legal tanto la producción como la posesión y la distribución de cannabis, al tiempo que se gravará la venta, sólo habilitada para mayores de 21 años y bajo el control del ente que supervisa la comercialización de alcohol.

La avanzada podría, sin embargo, generar conflictos con el gobierno federal, que tiene a la marihuana en la lista de sustancias prohibidas: una disputa de poder entre la órbita estatal y la nacional, que ya se ha visto en aquellos estados cuyas legislaturas aprobaron la marihuana con fines medicinales.

Hay 17 territorios que contemplan su uso terapéutico y dos más podrían sumarse: Arkansas y Massachusetts tienen sendas ballot measures sobre marihuana medicinal por definir el próximo martes.

La muerte, a votación

Dos de las iniciativas versan sobre la muerte: pena capital en California y suicidio asistido en Massachusetts.

La Proposición 34 californiana intenta ser la vía para que este estado, que se jacta de su mentalidad progresista, sea el número 18 en el país en erradicar la ejecución de reos, todavía vigente como castigo (aunque no ha habido casos en seis años) en un sistema carcelario que alberga a casi 75% de los presos del país.

Varios actores populares, como Martin Sheen y el latino Edward James Olmos, se han manifestado a favor de la abolición, mientras que tres exgobernadores han salido a pedir continuidad para la pena capital. Y los márgenes entre ambos son de unos pocos puntos porcentuales: una encuesta de septiembre señala que 48% votaría a favor de la conmutación de penas y 43% en contra.

De conseguir el visto bueno, unos 720 condenados verían su sentencia de muerte inmediatamente transformada en una de prisión perpetua sin opción de libertad condicional.

En tanto, en Massachusetts se evaluará la legalización de una variante de la eutanasia, en la que los pacientes terminales pueden obtener una dosis letal de drogas si han recibido un diagnóstico de seis meses de vida o menos.

La medida "Muerte con Dignidad", que ha generado un intenso debate en el estado del este, establece que los enfermos tienen que dejar constancia de su deseo de ser asistidos en el suicidio, dos veces por vía oral y una por escrito.

Soñadores atentos

Los votantes de Maryland, un territorio donde la población hispana ha crecido más del doble en la última década, decidirán si otorgan a los universitarios indocumentados el derecho a pagar aranceles académicos similares a los de sus compañeros estadounidenses.

El llamado DreamAct estatal –en alusión a la propuesta de ley que lleva más de diez años sin ser aprobada por el Congreso nacional- beneficiaría a jóvenes sin papeles que quieran acceder a la educación superior, si han asistido a escuelas locales por tres años y pueden demostrar que sus padres o guardianes pagan impuestos.

Ello aliviaría, dicen sus impulsores, parte de la carga financiera a la que se enfrentan: los aranceles anuales son de unos US$7.000 para estudiantes del estado y más de US$25.000 para los de fuera, entre quienes se cuentan los sin papeles.

Pero es precisamente el costo lo que ha generado oposición: sus detractores señalan que la población estudiantil indocumentada podría cuadruplicarse en los próximos dos años, lo que aumentaría la presión sobre las arcas estatales con un desembolso estimado en US$3,5 millones anuales.

La organización Educating Maryland Kids, que impulsa la iniciativa, considera más bien que el incremento del alumnado será gradual, semejante al que se ha visto en otros estados que tienen sus versiones del Dream Act aprobados por las legislaturas.

Si, tal como indican los sondeos, la medida logra el apoyo mayoritario, Maryland será el primer distrito en tener una norma para los dreamers (soñadores) definida por voto popular.

Racismo constitucional

La "Enmienda 4" se destaca entre más de una decena de iniciativas en la papeleta de Alabama: es la que propone erradicar el lenguaje racista de la Constitución estatal.

Aunque han pasado 60 años desde que la Corte Suprema estadounidense declaró ilegal la segregación en las escuelas, todavía se mantienen las enmiendas que Alabama hizo a su Constitución en 1956, con léxico segregacionista: una herencia de las llamadas leyes Jim Crow, que ordenaban la separación por razas en las aulas y otros espacios públicos.

En la carta magna de Alabama se lee que no hay derecho para la educación pública a expensas de los contribuyentes y que “los estudiantes deben asistir a escuelas provistas para su propia raza”, dos reglas que ya no tienen aplicación práctica y que ahora se busca sean borradas del papel.

No es el primer intento: en 2004 se presentó una moción parecida que, para sorpresa de muchos, no logró el visto bueno de la mayoría. Una de las razones que esgrimieron sus oponentes fue que la modificación del texto constitucional dejaba abierta la posibilidad de incrementar los impuestos sobre las propiedades, en caso de que fuera necesario aportar al presupuesto escolar. Lo consideraron, más bien, un intento velado de regular el financiamiento de la educación estatal.

Ahora, los activistas han redoblado esfuerzos para que la ley máxima del estado cambie sus referencias anacrónicas (y no es un dato menor que recién en 2000 se eliminó de ella las restricciones al matrimonio interracial).

Pero no será fácil: dos de los grupos afroamericanos más fuertes -Conferencia Democrática y Alianza Nuevo Sur- han llamado a boicotear la elección, porque consideran que, aunque se cambien las palabras, no se dan garantías suficientes de que se financiará una educación pública igualitaria.

Etiquetas en la comida

La campaña por la Proposición 37 ha sacudido a la opinión pública en California: es la iniciativa que obligaría a los productores de alimentos crudos o procesados a incluir información en las etiquetas cuando dentro del paquete haya algún ingrediente genéticamente modificado.

De aprobarse, California sería el primer estado del país en imponer esta regulación ante la poderosa industria de la alimentación.

El partido Demócrata se pronunció a favor hace unos días, al considerar que Estados Unidos está atrasado en la regulación de transgénicos en comparación con otros países industrializados.

Pero los grupos opositores aseguran que, para hacer cumplir la norma, se requeriría un costoso monitoreo de la producción, además de cambios en los empaques o los ingredientes, lo cual impactaría directamente en los precios de los alimentos.

Asimismo, hay quienes consideran que se trata de un gran plan de mercadeo apoyado por la industria de alimentos orgánicos, que perjudicaría mayormente al sector agropecuario. Y la disputa es cerrada: 44% del electorado dirá "sí" y 42% anticipa rechazarla.

De todo un poco…

Más allá de las iniciativas polémicas que capturan la atención y los fondos de campaña, en la lista hay otras varias que sorprenderán a más de un votante.

Como la que pone en disputa la propiedad del Gran Cañón del Colorado: "¿Debe ser un bien de todos los estadounidenses o sólo de los residentes de este estado?", deberán responder los electores de Arizona. La propuesta, apoyada por un legislador republicano, quiere lograr el control soberano sobre millones de hectáreas de propiedad federal, entre las que se cuenta el turístico parque natural.

En otros cuatro estados lo que está en juego es la suerte de la fauna: se votarán iniciativas que buscan proteger el derecho a cazar y pescar, en una disputa que enfrenta a asociaciones deportivas con grupos defensores de los derechos de los animales. En Kentucky, de hecho, esta es la única medida que será sometida a referendo.

En cambio, en Dakota del Norte se intentará convertir en delito el daño intencional de perros, gatos y caballos.

Para los ciudadanos de Kansas, sólo hay una medida por definir en la boleta: la que propone modificar el esquema de los impuestos que pesan sobre... los barcos.

Pero la más curiosa es sin duda la llamada Proposición 40: no tanto por su temática, sino porque se ha quedado sin dueño. Pensada por republicanos de California para impulsar un rediseño de los distritos electorales, llega al día de los comicios sin nadie que la respalde, después de que sus impulsores abandonaran la campaña.

La llaman "el zombi" o "la propuesta huérfana" y, de ser aprobada, probablemente nadie se ocupe de organizar los festejos.

Compartir

Email De.licio.us Facebook Menéame Sónico Twitter Technorati