México: el brutal caso de las 11 mujeres de Atenco que complica a Peña Nieto

Protesta en México Derechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría abrir una nueva investigación sobre los incidentes en Atenco tras diez años.

Han pasado más de diez años y el caso, uno de los más notorios en México por la brutal represión policial, no sólo se resiste a quedar en el olvido sino que ahora será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que podría condenar al Estado por su responsabilidad en los hechos y ordenar una nueva investigación.

San Salvador de Atenco es sinónimo de los excesos de las autoridades en el país. Esta localidad en el estado de México, a 40 kilómetros de la capital mexicana, fue escenario de un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas, psicológicas y sexuales a decenas de mujeres.

Al frente de la entidad estaba por ese entonces el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Los organismos de derechos humanos consideran que el Estado mexicano no sólo violó los derechos humanos de las víctimas sino que incumplió su obligación de investigar los hechos adecuadamente y recomiendan identificar las responsabilidades que se derivan de la cadena de mando.

BBC Mundo explica algunas claves del caso.

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Image caption La represión en Atenco ocurrió en 2006, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto gobernaba la localidad.

¿Qué ocurrió?

El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.

El objetivo era ponerle fin a un movimiento de protesta surgido como oposición a un proyecto para construir un nuevo aeropuerto para Ciudad de México en el municipio de Atenco.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con policías del estado de México por un conflicto vecinal debido a la instalación de vendedores de plantas y flores en un mercado municipal.

En ese primer enfrentamiento los agentes de seguridad quedaron en desventaja ante los vecinos de Atenco, pero al día siguiente regresaron apoyados por la Policía Federal y helicópteros e implementaron un violento operativo.

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Image caption No hubo condenados por los incidentes en Atenco.

Y luego se desató el horror.

Dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas resultaron detenidas.

¿Qué dicen las víctimas y los organismos de derechos humanos?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras una denuncia recibida en abril de 2008 y años posteriores de estudio presentó el caso el 27 de septiembre ante la Corte IDH, asegura que la detención de las 11 mujeres que presentaron la denuncia fue ilegal y arbitraria y considera:

  • "Acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica", incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación en el caso de siete de ellas.
  • Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales.
  • El Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
  • Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
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Image caption Tras el enfrentamiento en Atengo murieron 2 personas y hubo centenares de heridos.

En el informe de admisibilidad de la Comisión se afirma que las víctimas reportaron haber sufrido por parte de los policías violación por vía oral y vaginal con dedos y otros objetos, tocamientos en los genitales y pellizcos y mordidas en los senos.

Las 11 mujeres que presentaron el caso ante la CIDH son: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.

Algunas eran periodistas y estudiantes que fueron a cubrir las protestas, una era médica y fue a atender a los heridos, y otras estaban de compras en el mercado de Texcoco.

Algunas simplemente iban caminando por la calle, de acuerdo a una reciente investigación deThe New York Times en la que algunas de las mujeres hablaron públicamente por primera vez.

Suhelen Cuevas le dijo al diario estadounidense que casi el único contacto físico que puede mantener con su pareja es tomarse de la mano.

“Me quitaron la mitad de mi vida”, aseguró.

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Image caption Las mujeres torturadas y violadas tuvieron graves secuelas en sus vidas.

Las mujeres no sólo fueron abusadas sino que estuvieron entre ocho días y hasta dos años y ocho meses presas acusadas por distintos delitos, que incluían el uso de explosivos.

“Ese día marcó mi vida, y lo único que quería hacer después era lastimarme", le afirmó Claudia Hernández al Times.

"Me siento tan chiquita comparada con lo que era. Me pregunto: ‘¿Qué he hecho en estos diez años?’ (...) Supongo que sobrevivir”, agregó.

¿Cómo se ha defendido el Estado mexicano?

El gobierno anunció el 17 de septiembre que la CIDH le había notificado que pasaría el caso 12.846 "Mariana Selvas Gómez y otras" a la Corte.

En ese mismo comunicado las autoridades mexicanas señalaron que el Estado reconoció en marzo de 2013 su responsabilidad y que "continúa realizando todos los esfuerzos" para impulsar la investigación, sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación.

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Image caption El gobierno mexicano se defiende de las acusaciones argumentando que se tomaron medidas.

A la fecha hay más de 30 personas detenidas pero ninguna ha sido condenada.

El gobierno aseguró que:

  • El Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica.
  • El Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares.
  • Ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con las recomendaciones dictadas por la CIDH.

¿Cómo es el procedimiento en la Corte?

A ojos de la Comisión, el Estado mexicano no ha cumplido con sus recomendaciones y por ello consideró pertinente que el caso pase a la Corte.

Ahora se espera que en los próximos tres meses ambas partes, las denunciantes y el Estado, presenten por escrito sus puntos de vista.

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Image caption Entre las víctimas de abuso había periodistas, estudiantes, una médica y mujeres que estaban de compras o caminando por la calle.

Luego tendrá lugar una audiencia, que suele ser pública, donde las víctimas, las autoridades, peritos y testigos brindan su testimonio, y más adelante se presentan los alegatos finales.

Desde que la Corte comienza a analizar un caso hasta que se dicta sentencia transcurre un tiempo promedio de 21 meses.

La Corte está compuesta por un tribunal colegiado de siete jueces y su protocolo establece que el magistrado cuya nacionalidad coincida con el Estado denunciado se abstiene de participar.

En este caso el mexicano Eduardo Ferrer, vicepresidente de la Corte, no podrá hacerlo y de darse un empate en alguna decisión, el presidente, el brasileño Roberto Caldas, tendrá un voto doble.

El tribunal también está integrado por una jueza de Costa Rica y magistrados de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.

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Image caption La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría demorarse casi 2 años antes de dictar sentencia.

¿Qué podría ocurrir con el presidente Peña Nieto?

La Corte no tiene como fin encontrar responsabilidades a nivel individual, a diferencia por ejemplo de la Corte Penal Internacional.

De esta forma, no podría inculpar al entonces gobernador y actual presidente Enrique Peña Nieto, ni a otros funcionarios de menor rango.

La potestad del organismo es condenar a los Estados y puede ordenar medidas de reparación y que los casos se vuelvan a investigar a nivel interno.

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Image caption La sentencia de la Corte podría complicar a Peña Nieto.

Las decisiones de la Corte son de cumplimiento obligatorio.

En el caso del presidente Peña Nieto una sentencia condenatoria contra el Estado no hará más que ponerlo en una situación incómoda por haber ordenado el operativo policial y haber puesto en duda meses después las denuncias de las mujeres.

"Hay que dar la dimensión al tema. Parece que para todo se pretende afirmar que a partir de los sucesos de Atenco la policía tiene por norma las violaciones", afirmó en junio de 2006, y añadió: "también es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato".

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