¿En qué se diferencia el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC del que fue rechazado en el plebiscito?

Juan Manuel Santos Derechos de autor de la imagen Presidencia de Colombia
Image caption El presidente Juan Manuel Santos deberá ahora decidir -en consenso con las FARC- cómo refrendar el nuevo acuerdo.

"Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos", dijo a los ciudadanos de su país el presidente de Colombia Juan Manuel Santos este sábado, luego de que desde La Habana los representantes de su gobierno y los de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un nuevo acuerdo de paz.

Es un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban voceros del "No", que lograron una pequeña mayoría el 2 de octubre pasado para rechazar en plebiscito el acuerdo original. Pero también se incluyeron otras modificaciones.

El texto pasó ahora de 297 a 310 páginas, lo que da cuenta de que se trató en general de incorporar aclaraciones y dar detalles.

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Image caption Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, afirmó que el texto preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo.

El presidente Santos y el jefe de su equipo negociador, Humberto De la Calle, explicaron los cambios tras la firma en La Habana.

BBC Mundo contrastó sus dichos con el texto del nuevo acuerdo publicado en las primeras horas de este lunes.

Estas son algunas de las principales modificaciones, lo que dijo el gobierno, y lo que está escrito en el nuevo texto:

  • El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución", dijo Santos. No obstante, se acuerda incorporar un artículo transitorio a la Constitución, que además de incorporar lo que dijo el presidente, dice: "Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final". Y señala que las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado. El artículo tendrá vigencia desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores. Es una forma de intentar blindar el acuerdo ante potenciales Presidencias que quisieran modificarlo.
  • La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años, dijo el presidente Santos. De acuerdo con el texto, podrán agregarse cinco años más (que son a su vez prorrogables) para concluir las actividades de la jurisdicción. El plazo de dos años para solicitudes de investigación podrá prorrogarse por uno más (e incluso un poco más, en casos excepcionales).
  • No habrá jueces extranjeros en la JEP (como sí contemplaba el anterior acuerdo). Serán 38 magistrados colombianos (y hasta 13 más como suplentes); sí habrá diez juristas expertos extranjeros (y hasta cuatro suplentes) que darán opiniones a los tribunales especiales.
  • Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. Aunque esto no es tan simple. Para pedir revisión mediante lo que en Colombia se llama acción de tutela, primero se deberá pasar por dos instancias de apelación de la JEP y el mecanismo de admisión en la Corte Constitucional hará difícil que lleguen a ella las tutelas: la decisión la tomarán dos magistrados de la Corte y dos de la JEP y todos deberán votar a favor de que se admita.
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Image caption Las primeras reacciones populares ante el anuncio no se hicieron esperar.
  • Se definió con mayor claridad qué será la "restricción efectiva de la libertad" (pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata). El nuevo acuerdo especifica que los magistrados de la JEP deberán indicar dónde se cumplirá la pena, que será en un espacio no mayor al de una vereda (la más chica división rural de Colombia); qué horarios deberán respetar los sentenciados; y otros detalles acerca del período de implementación del castigo, como los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas.
  • "El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades", dijo el presidente Santos, respecto a un punto que se incorporó en el texto modificado.
  • Algo incorporado en el nuevo acuerdo, que no fue mencionado por De la Calle o Santos, es un punto en el que se aclara que los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo de enriquecimiento personal podrían quedar por fuera de la JEP (es decir, ser sometidos a la justicia regular y perder los beneficios de la justicia especial).
  • Hay otra modificación que no fue exigida por el "No". Era algo que preocupada a otros sectores, como a la organización Human Rights Watch (HRW) y tiene que ver con el rol de los mandos en las acciones de sus subordinados. El acuerdo anterior decía: "En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción". Y sostenía que la responsabilidad por actos de subordinados debía basarse en un control y conocimiento constante de su conducta. El nuevo texto aclara: "Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma" (ese artículo dice que el superior es responsable si "hubiere sabido" o "hubiere debido saber" que sus subalternos estaban cometiendo un crimen; aunque algunas interpretaciones sugieren que el nuevo acuerdo sigue sin tener tanto alcance). Una modificación similar se incorporó para el caso de los mandos de las FARC. Por otra parte, el nuevo texto menciona que deberán responder ante la JEP agentes del Estado que hayan "participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado" por "acciones u omisiones". Al hablar de "diseño" puede esto involucrar a mandos que no hayan participado materialmente del delito (es igual con el caso de "omisión": si un mando no actuó para detener la conducta delictiva).
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Image caption En Bogotá, los partidarios del acuerdo celebraron en la calle.
  • El nuevo acuerdo especifica que las FARC deberán declarar durante la dejación de armas sus bienes y activos. Éstos luego se utilizarán para reparar a las víctimas del conflicto.
  • Se agregaron algunas líneas que aclaran cómo se decidirá si el narcotráfico es delito conexo a la rebelión o delito político y puede, por lo tanto, ser considerado amnistiable: "Se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana con aplicación del principio de favorabilidad". El texto del acuerdo dice que se considerarán delitos conexos "las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar" la rebelión, lo cual incluye a cualquier conducta ilícita que no haya "derivado enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio". Algunos líderes del "No" pedían que el narcotráfico no fuera amnistiable. Esta modificación no satisface su demanda en forma clara, porque sólo parece señalar que será así en caso en que haya habido enriquecimiento personal.
  • Se reducirá en un 30% respecto al acuerdo anterior la financiación al partido de las FARC, dijo el presidente Santos: "Para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos". El nuevo acuerdo no menciona la cifra de la que habla el presidente. Sí dice que el movimiento político que constituyan las FARC recibirá anualmente hasta julio de 2026: "Una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final". El anterior acuerdo decía que le darían un 10% del presupuesto que se distribuye entre los partidos políticos. Pero no todo son reducciones: el nuevo acuerdo aumenta de 5 a 7% el porcentaje de ese presupuesto que se le dará al partido de las FARC hasta julio de 2022 para "contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática".
  • "Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida", dijo el presidente. "Lo que sí se dejó claro", agregó, "es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos". El texto también deja claro: "Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia".
  • El nuevo acuerdo dice: "Se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado".
  • Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.
  • Hubo un gran cambio que pedían muchos votantes del "No" que finalmente no se incorporó al nuevo acuerdo. Los opositores querían que se les cerrara la posibilidad a los jefes guerrilleros de acceder a cargos electivos. Eso se mantuvo: podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir de 2018.

Ahora los líderes del "No" analizarán este nuevo texto y lo hablarán con el gobierno. Si respaldan el acuerdo modificado, su puesta en marcha será bastante fácil,; podría hacerse a través de un gran pacto nacional.

Pero si lo rechazan el gobierno deberá decidir si vuelve a enviar a sus negociadores a La Habana a buscar un nuevo acuerdo.

O podría optar por avanzar -sin el apoyo del "No"- en la refrendación del texto difundido este lunes, mediante alguno de los siguientes mecanismos, que deberá consensuar con las FARC (tal como dice el acuerdo): convocar un nuevo plebiscito, utilizar otro modo de refrendación popular o hacer que se tramite directamente por el Congreso, en el que hoy el presidente tiene una mayoría que lo respalda.

Nota: Este artículo fue actualizado el lunes 14 de noviembre, tras la difusión del texto del nuevo acuerdo de paz. Más adelante se modificó el punto sobre responsabilidad de mando, quitando una intepretación de la posición de HRW que no era precisa e indicando que hay quienes siguen viendo limitaciones en el texto del nuevo acuerdo respecto a ese punto.

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