Qué ha cambiado (y qué no) a un año del asesinato en Honduras de la ambientalista Berta Cáceres que conmocionó a América Latina

Berta Cáceres recibe el Premio Goldman en 2015 Derechos de autor de la imagen Steve Fisch
Image caption Cáceres encabezó la campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca.

"Ha sido un año bien difícil por la impunidad de la justicia hondureña", le dice a BBC Mundo Berta Zúñiga Cáceres.

Ella es hija de la activista ambiental Berta Cáceres, asesinada hace exactamente un año en Honduras, en un caso que no sólo conmocionó a Honduras, sino también al resto del mundo.

La noche del 3 de marzo de 2016, cuatro personas entraron en la casa que tenía en La Esperanza, en el oeste del país, y dispararon contra ella y contra Gustavo Castro, un activista mexicano amigo de Cáceres que dormía en la habitación contigua aquella noche.

Cáceres murió y Castro, el único testigo del asesinato, quedó malherido.

La activista encabezaba una campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, alertando sobre el impacto ambiental del proyecto.

En abril de 2015, su lucha le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

Cuando se cumple el primer aniversario de la desaparición de la dirigente hondureña, BBC Mundo analiza en 4 preguntas lo que cambiado y sigue igual a un año de la muerte de Cáceres, un caso que la justicia aún no ha resuelto.

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Image caption Berta Cáceres fue amenazada en repetidas ocasiones por hacer campaña en contra de la presa hidroeléctrica Agua Zarca.

1. ¿Cuál es el estado de la investigación?

La muerte de Cáceres no pilló por sorpresa ni a su familia ni a la sociedad hondureña.

Conocida por su activismo en contra de proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas, Cáceres había denunciado previamente las amenazas que estaba sufriendo.

"Me siguen, amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia", escribió Cáceres en el informe 2015 de la organización Global Witness, que nombró a Honduras el país más peligroso para el activismo ambiental.

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Image caption El activista mexicano Gustavo Castro estaba en casa de Berta Cáceres la noche del asesinato.

La persecución que sufrió Cáceres fue consecuencia de su campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, situado a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital del país, Tegucigalpa.

En septiembre de 2013, Cáceres fue acusada de provocar daños a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), responsable del proyecto.

Desde entonces su vida peligraba.

"Berta puso 30 denuncias en el Ministerio Público antes de morir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenía conocimiento de todas estas denuncias", explicaba hace un año Tomás Gómez, sustituto de Cáceres al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

A pesar de que en 2015 fue reconocida con el prestigioso Premio Goldman, concedido a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el gobierno hondureño falló a la hora de protegerla.

Y es que en el momento de su muerte, Cáceres gozaba de la protección de las autoridades tras las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

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Image caption "Si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán", dice Erika Guevara-Rosas.

"El trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras. El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán", asegura en un comunicado publicado hace unos días Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"La investigación del asesinato de Berta muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia".

Aunque en su momento Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras, confirmó que el activismo de Cáceres fue el motivo de su ejecución, el caso sigue sin resolverse.

"Ha sido un año bien difícil por la impunidad de la justicia hondureña. Hasta el momento hay 8 personas que fueron detenidas en procesos bien irregulares", confirma Berta Zúñiga Cáceres.

Según la joven de 26 años, las detenciones se realizaron para acallar la presión internacional.

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Image caption "El Estado no puede aprobar leyes a espaldas de los pueblos", dice Tomás Gómez.

El diario británico The Guardian publicó el martes un artículo que apuntaba a altas esferas políticas y militares de Honduras y Estados Unidos como instigadoras del asesinato de Cáceres.

"Fue un crimen de Estado", denuncia la hija de la activista.

El periódico cita una fuente legal anónima que habría filtrado documentos de la investigación, y que asegura que el asesinato de Cáceres presenta todas las características de una operación diseñada por la inteligencia militar.

De hecho, de entre los 8 detenidos hasta el momento en el marco de la investigación hay varios militares y exmilitares hondureños.

Entre ellos figuran Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército y veterano de las fuerzas especiales, y Douglas Giovanny Bustillo, lugarteniente retirado del ejército y exjefe de seguridad de DESA entre 2013 y 2015.

Además, el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia de Honduras, recuerda el diario.

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Image caption "Berta nos enseñó a luchar, a tener sentido común", dice Tomás Gómez, el coordinador general del Copinh.

Las revelaciones publicadas por el periódico británico no sorprenden a la hija de Cáceres.

"Seguro que muchos de ellos saldrán en libertad pronto. Además de que no se sabe nada de los autores intelectuales del asesinato, seguro que habrá impunidad total para los autores materiales de la muerte de mi madre", lamenta Berta Zúñiga Cáceres.

2. ¿Qué pasó con la organización de Cáceres?

"Berta nos enseñó a luchar, a tener sentido común. Berta nunca se doblegó, ni se dejó vencer. Nosotros tampoco nos vamos a doblegar".

Con estas palabras recuerda a la activista Tomás Gómez, coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), organización a la que también pertenecía Cáceres.

Con motivo del primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental hondureña, la entidad organizó las jornadas "Berta Vive, Copinh Sigue" en La Esperanza, en el departamento hondureño de Intibucá, en las que participaron dirigentes y delegados de 6 pueblos indígenas.

Además de recordar a la dirigente lenca Berta Berta Cáceres, el objetivo de las jornadas era discutir sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un mecanismo democrático que obliga a los Estados a realizar consultas antes de tomar decisiones que afecten los derechos de los pueblos indígenas.

"Queremos que se respete el tema de la consulta previa, libre e informada -una exigencia del Convenio 169 de la OIT-, y vamos a posicionarnos como pueblos indígenas. El Estado no puede aprobar leyes a espaldas de los pueblos", dijo Tomás Gómez, coordinador del Copinh.

Por eso luchaba Berta Cáceres antes de ser asesinada.

"La propuesta que presentamos hace un año quedó engavetada en el Congreso Nacional", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante su intervención en las jornadas.

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Image caption "Seguro que habrá impunidad total para los autores materiales de la muerte de mi madre", dice a BBC Mundo Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada.

"Berta fue parte del proceso de construcción del proyecto de ley sobre la Consulta. Es increíble ver cómo, a un año de su asesinato, aún no se han capturado ni a los autores intelectuales del crimen, ni se ha cerrado la empresa DESA ni su proyecto de muerte Agua Zarca y no se está respondiendo a las demandas del Copinh y de la familia de Berta", concluyó Miranda.

3. ¿Qué fue del proyecto Agua Zarca?

Aunque, como apunta Miriam Miranda, el proyecto de Agua Zarca no ha sido cancelado, las obras de construcción de la central hidroeléctrica quedaron paralizadas tras la muerte de Berta Cáceres.

"La concesión, por el contrario, sigue intacta", aclara la hija de la activista.

Tras el golpe de estado de 2009 en Honduras, los diferentes gobiernos que sucedieron al derrocado presidente Manuel Zelaya han otorgado 111 para la construcción de hidroeléctricas, tal como señala el medio digital salvadoreño El Faro.

Estas construcciones, según los ambientalistas, amenazan la subsistencia de los pobladores de las tierras en las que se asientan estos proyectos, en su mayoría de origen lenca, ya que necesitan los ríos para pescar, regar los cultivos y para consumir.

Así, Copinh siempre ha sostenido que Agua Zarca causa daño a las comunidades indígenas.

Sin embargo, miembros de varias comunidades delos departamentos de Santa Bárbara e Intibucádemandan la reactivación del proyecto.

Copinh ha "satanizado" el proyecto de Agua Zarca, asegura el presidente del Consejo de Gestión y Desarrollo del Sur de Santa Bárbara, José Héctor García.

Según el dirigente, una de las razones es que generaba cerca de 4.000 empleos.

De las 11 comunidades beneficiadas, "sólo la mitad de una está en contra de la hidroeléctrica", añade.

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Image caption Berta Zúñiga Cáceres: "El Estado jamás admitirá su responsabilidad en el asesinato de mi madre".

Tras el asesinato de Cáceres, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) -una de las instituciones que financia Agua Zarca- invitó a cuatro expertos internacionales para que revisaran el proyecto.

El informe resultante ratifica la violencia sufrida por las comunidades durante estos años, pero advierte que "sin el proyecto, estas comunidades han experimentado una recesión significativa".

Además, "si el Estado no toma la iniciativa para invertir en proyectos de desarrollo en la zona, el resultado seguirá siendo la marginación y el abandono de estas comunidades", concluye el informe.

La hija de Cáceres, por su parte, exige "la salida inmediata y definitiva de los financiadores de este proyecto de muerte".

4. ¿Qué dice la familia de Berta Cáceres a un año de su muerte?

Desde que murió Berta Cáceres su familia no ha dejado de luchar porque se esclarezca el asesinato.

"La familia lo único que exigimos es justicia", le dice a BBC Mundo su hija Berta Zúñiga Cáceres.

Ella lamenta la falta de apoyo mostrada por el gobierno hondureño y denuncia la"escasa información" que dice han recibido por parte de las autoridades.

Convencida de la implicación del ejército en la muerte de la activista, asegura que, aunque esto logre demostrarse, "el Estado jamás admitirá su responsabilidad en el asesinato" de su madre.

Por último, recuerda que la principal motivación de Cáceres era "la lucha contra el racismo y la exclusión".

"Era una mujer exigente que siempre tenía presentes sus orígenesy que siempre nos exigió que no fuéramos indiferentes a la lucha indígena".


LOS DETENIDOS

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Image caption El exmilitar Henry Javier Hernández Rodríguez fue detenido el 15 de enero de 2017 en Tegucigalpa.

De los ocho detenidos acusados de haber participado en el asesinato de la activista lenca, tres son militares o exmilitares y cinco civiles:

  1. Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército y veterano de las fuerzas especiales
  2. Douglas Giovanny Bustillo, lugarteniente retirado del ejército y exjefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) entre 2013 y 2015
  3. Henry Javier Hernández Rodríguez(foto), sargento y francotirador de las fuerzas especiales. Investigadores sospechan que siguió trabajando como informante para los servicios de inteligencia hondureños después de dejar el ejército, en 2013
  4. Sergio Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y comunicaciones de DESA
  5. Edilson Atilio Duarte, autor material del crimen
  6. Emerson Eusebio Duarte, hermano gemelo de Edilson. Las autoridades hondureñas le decomisaron el revólver del calibre 38 con el que habría sido asesinada Berta Cáceres
  7. Óscar Aroldo Torres Velásquez, acusado de participar en el asesinato de Berta Cáceres y en el intento de asesinato de Gustavo Castro
  8. Elvin Rápalo Orellana, el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, aseguró en el momento de su detención (septiembre de 2016) que Rápalo Orellana fue detenido como "coautor" del asesinato de Cáceres y que fue quien supuestamente disparó contra el mexicano Gustavo Castro

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