El Ejército de México pide investigar la presunta ejecución de un ladrón de combustible grabada en video

Robo de combustible en Puebla Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption La presunta ejecución ocurrió el 3 de mayo en el poblado de Palmarito, en el estado de Puebla, el mismo día en que el ejército chocó con ladrones de combustible.

En el video aparecen un grupo de personas armadas y con uniforme militar. Hay un hombre acostado boca abajo sobre la calle. Recibe un disparo en la cabeza.

Son imágenes tomadas por cámaras de seguridad y difundidas este miércoles por un diario mexicano. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pidió a la fiscalía una investigación sobre los hechos.

La presunta ejecución ocurrió el 3 de mayo en el poblado de Palmarito, en el estado de Puebla, el mismo día en que el ejército chocó con ladrones de combustible.

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Image caption "El video capta el momento en el que al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido", señaló la Sedena.

Fue un enfrentamiento inédito en el que por primera vez militares murieron a manos de los llamados "huachicoleros". Ese día fallecieron diez personas, cuatro de ellas militares, y 12 agentes resultaron heridos.

Por el momento no ha sido confirmado oficialmente que el video corresponde a los hechos que se dieron en el marco de ese enfrentamiento y tampoco ha sido desmentido por las autoridades.

"Debe ser esclarecido"

"El video capta el momento en el que al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido", señaló la Sedena en un comunicado divulgado este miércoles, "lo cual debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Publico de la Federación que lleva la investigación de los hechos".

La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), aseguró el Ejército, debe "determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado".

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Image caption Por primera vez militares murieron a manos de los llamados "huachicoleros". Ese día fallecieron diez personas, cuatro de ellas militares, y 12 agentes resultaron heridos.

Previo a la supuesta ejecución, dijo la Sedena, el video —divulgado por el diario Cambio de Puebla— muestra cuando los militares son agredidos con "disparos de arma de fuego desde diversos vehículos", logrando la detención de una persona.

Al final del video se ve cómo los soldados se aproximan a la cámara de seguridad, parece que la desmontan y se corta la filmación.

El Ejército señaló que "bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionados con todo rigor".

De confirmarse la participación de soldados, no sería la primera vez que el Ejército mexicano se ve involucrado en un caso así. Los militares han sido señalados de excederse en la fuerza al confrontar presuntos delincuentes.

Uno de los casos más controvertidos fue la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

La versión oficial fue que los soldados respondieron a un ataque de presuntos delincuentes. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que al menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas. Ocho militares involucrados en ese choque fueron absueltos y liberados.

Y desde abril de 2014 la Sedena no informa públicamente sobre el número de víctimas civiles en choques con militares, algo que hacía con regularidad.

El problema del robo de combustible

La zona donde ocurrieron los enfrentamientos es parte del llamado "Triángulo Rojo", formado por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac, donde se encuentra la comunidad de Palmarito.

En esta región se concentra el mayor número de tomas clandestinas para robar combustible, más de 3.000 han sido localizadas en los últimos años, según la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pemex pierde por este motivo un promedio de 5 millones de litros cada día. En lo que va del actual gobierno, que inició en diciembre de 2012, las pérdidas son mayores a 97.000 millones de pesos, unos US$5.000 millones.

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