Colombia: se aplaza la entrega de armas de las FARC en el marco del proceso de paz

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Image caption Este lunes el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución televisiva que la entrega de armas no se completará este martes, sino en 20 días.

Finalmente no se cumplió el plazo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaran las armas tras el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado con el gobierno.

Era algo que muchos veían venir. La misma misión de Naciones Unidas en Colombia lo había anticipado.

Lo mismo ocurrió con otras fechas "inamovibles" de este proceso de paz, que ha puesto fin a un conflicto de más de 52 años que ha dejado más de 220.000 muertos.

Este lunes el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución televisiva que la entrega de armas no se completará este martes, sino en 20 días.

También dijo que la duración de las 26 zonas transitorias en las que están concentrados cerca de 7.000 guerrilleros se extenderá hasta el 1 de agosto de 2017, luego de lo cual se espera que los guerrilleros se reintegren a la vida civil mediante un proceso que todavía está por definirse.

Detalles

Minutos después de que hablara Santos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación al Acuerdo Final (CSIVI) -en la que hay representantes del gobierno y las FARC)- emitió un comunicado conjunto en el que daba detalles respecto al nuevo calendario.

Explicó que del 1 al 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARC, incluyendo las milicias, habrán dejado sus armas de dotación (a excepción de unos pocos encargados de ayudar a identificar escondites de armamento, a extraerlo o a dar seguridad en los campamentos actuales de las zonas transitorias).

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Image caption La lentitud en la construcción de los campamentos en las zonas de transición también ha sido señalada como causa de retraso en el calendario de implementación.

Tras dejar las armas, los guerrilleros recibirán una acreditación por parte del gobierno que les permite hacer su tránsito a la legalidad y la vida civil.

Respecto a las alrededor de 900 caletas (escondites) de las FARC distribuidos por todo el país, que contienen armamento de diferente tipo y explosivos, las partes acordaron que se identificarán y se extraerá su contenido para que la ONU disponga de él en un período de tres meses a partir del 1 de junio.

Por otra parte, la CSIVI indicó que si bien las zonas transitorias se terminarán el 1 de agosto (antes de esa fecha todas las armas habrán sido retiradas por la ONU de allí), luego se convertirán en lo que denominó Espacios Territoriales de Capacitación y reincorporación.

"Servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP (EP es por "Ejército del Pueblo", nombre completo de la guerrilla) para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria", explica el comunicado.

Según informó la CSIVI, el gobierno se comprometió a tramitar las normativas y tomar las medidas necesarias para brindar a las FARC seguridad jurídica (amnistías, libertad condicional, suspensiones de captura, dependiendo del caso), seguridad física (protección ante posibles ataques) y seguridad socioeconómica (compromiso de apoyo económico).

Éxito del cese el fuego

"Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo", dijo el presidente.

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Image caption Se suponía que los guerrilleros entregarían unas 7.000 armas antes de fin de mayo.

"Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación", agregó. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".

Santos destacó que el cese el fuego bilateral y definitivo, que comenzó hace seis meses, ha dado frutos.

Efectivamente, el cese el fuego se sostuvo y redujo notablemente los niveles de violencia en todo el país.

Retrasos

¿Qué ocurrió, qué llevó a este cambio de fechas?

Una serie de hechos fueron retrasando la implementación de lo acordado en noviembre.

Primero fue la victoria del "No" en el plebiscito de 2016 en el que los colombianos debían responder si estaban a favor o en contra de lo pactado tras cuatro años de negociaciones públicas en La Habana, Cuba.

Eso obligó a rediseñar el acuerdo, que luego fue refrendado vía Congreso.

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Image caption El triunfo del "No" en el plebiscito de octubre de 2016 sobre los acuerdos llevó a un retraso en el calendario de implementación.

Un nuevo impacto fue el del retraso de la construcción de los campamentos (áreas de vivienda) dentro de las zonas de transición, así como la aprobación legislativa de una serie de garantías para los guerrilleros, como por ejemplo la amnistía.

A eso se sumó el retraso en la preparación de los contenedores de Naciones Unidas para recibir el armamento y en la conformación de los listados de guerrilleros y de armas.

El golpe definitivo al calendario original se lo dio una sentencia de la Corte Constitucional, anunciada hace unos diez días (todavía no se conoce el texto completo), que modifica un procedimiento legislativo especial -denominado fast-track- para la aprobación de las leyes necesarias para la implementación del acuerdo.

Al conocerse la decisión de la Corte, las FARC consideraron que se estaba frente a la peor crisis de todo el proceso de paz y que una ralentización del proceso legislativo, así como el riesgo, desde su punto de vista, de que se hicieran modificaciones sustanciales al acuerdo, implicaba que no podían dejar las armas en la fecha convenida.

Su temor era que una vez entregados los fusiles, "los compromisos se conviertan en promesas".

Para el gobierno la decisión no tendría implicaciones tan drásticas e insistió en su absoluto compromiso de cumplir lo pactado.

Parece no haber alcanzado, y tras dos semanas de reuniones intensas en la CSIVI, se llegó al compromiso de estas nuevas fechas.

Advertencia

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Image caption Timochenko, líder de las FARC, ha sido uno de los negociadores del proceso de paz.

"En un mes se debe haber terminado el proceso de dejación de las armas de las FARC", había dicho, convencido, a fines de abril, Santos. No pudo ser.

Desde la misión de la ONU en Colombia, que acompaña los acuerdos, siempre pensaron que era buena idea extender los plazos. A mediados de febrero, su jefe Jean Arnault, le escribió en febrero pasado una carta a la CSIVI.

Ante el retraso en la construcción de los campamentos, les preguntaba a las partes: "¿Estarían de acuerdo las partes con recalendarizar el inicio de la recepción escalonada por la Misión del armamento hasta esa fecha (después de fines de marzo)? ¿O estarían dispuestas a considerar otras opciones de entrega gradual?".

El gobierno no estaba de acuerdo.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la canciller, María Ángela Holguín, le respondieron, también por carta: "Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP hemos insistido en que los 180 días para la dejación de armas no varían".

No obstante, a partir de entonces las FARC empezaron a sugerir una extensión de 90 días de las zonas veredales.

Finalmente, las partes parecen haberse encontrado a mitad de camino.

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