La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presenta recurso de nulidad contra la Constituyente de Maduro: "Destruye el legado de Chávez"

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Image caption La fiscal Luisa Ortega cree que la Constituyente que impulsa Nicolás Maduro atenta contra el legado de Hugo Chávez.

Frente a las acusaciones y las amenazas de que le queda poco en el cargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aumentó este jueves su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Ortega presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

"Está destruyendo el legado del presidente Chávez. El chavismo es una filosofía de vida y este es el principal legado del presidente Chávez", dijo Ortega con la Constitución de 1999 en la mano frente a la sede del TSJ.

La fiscal se ha convertido en la única voz crítica del Estado contra el gobierno en los últimos dos meses.

Sus postulados coinciden con los de la oposición, que desde comienzos de abril promueve una ola de protestas contra el gobierno por la difícil situación económica y social que vive el país y porque argumentan que el Ejecutivo ha tomado una deriva autoritaria.

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Image caption La fiscal general se ha convertido en uno de los principales personajes políticos de la crisis en Venezuela.

En hechos relacionados con las protestas han muerto ya 67 personas, según la fiscalía.

Ortega, que se define como chavista y ocupa el cargo desde 2007, está en desacuerdo con Maduro, sucesor de Hugo Chávez en la presidencia tras la muerte del comandante en 2013.

Y sobre todo está en contra de la Constituyente. Al igual que la oposición critica que no haya un referendo previo para consultar si la población la desea o no. También critica las bases de elección, que será territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.

"Está en juego el país"

Tanto el TSJ como el Consejo Nacional Electoral (CNE) han validado las propuestas del Ejecutivo.

La fiscal acusó este jueves también al CNE de incurrir en "violaciones de la progresividad de los derechos humanos".

"Está en juego el país, la integridad de los venezolanos, la paz que nos merecemos", dijo Ortega, acusada de "traidora" por el oficialismo.

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Image caption El oficialismo ha convocado actos públicos para criticar la actuación de la fiscal general.

La Constituyente, que estará formada por más de 500 miembros que serán elegidos el 30 de julio, tendrá poder absoluto para poder destituir incluso a Ortega.

"A esa fiscalía le quedan 53 días", dijo el miércoles en televisión Diosdado Cabello, diputado oficialista y uno de los hombres fuertes del partido del gobierno.

Con ello hacía referencia a los días que restan hasta el 30 de julio.

"Llamados violentos"

La fiscal criticó este jueves esas amenazas y los "llamados violentos" del gobierno a participar en la Constituyente.

"He leído que dicen ´los vamos a aniquilar'; que están obligados a participar porque si no, serán enjuiciados por traición; que quienes no la aceptan (la Constituyente) son fascistas, terroristas, traidores", dijo.

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Image caption Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral, ha dado luz verde a la Constiuyente que promueve el presidente Nicolás Maduro.

"No podemos vivir en un país así", concluyó antes de pedir al resto de ciudadanos que piensen como ella que acudan también al TSJ a rechazar la convocatoria de la Constituyente.

Sin embargo, es muy difícil que el recurso prospere, ya que generalmente el TSJ falla a favor de las tesis del gobierno. La oposición acusa al máximo tribunal de actuar siguiendo los dictados del Ejecutivo.

Ortega también ha criticado el uso de la fuerza y las presuntas violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad durante las protestas, que civiles sean juzgados por tribunales militares y ha reconocido el deterioro económico del país.

La investigaciones del Ministerio Público además han contradicho versiones oficiales sobre la muerte de algunos manifestantes.

El gobierno de Maduro acusa a la oposición de conspirar para dar un golpe de Estado por las protestas que se iniciaron a principios de abril tras dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que el órgano judicial se atribuía las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

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