Un helicóptero del CICPC dispara contra el ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Venezuela en lo que el gobierno denuncia como "escalada golpista"

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El momento en que un helicóptero ataca el Tribunal Supremo de Venezuela

El gobierno de Venezuela denunció este martes una "escalada golpista" después de que un helicóptero pilotado por un policía que había publicado una proclama contra Nicolás Maduro disparara contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior.

El ministro de Información, Ernesto Villegas, identificó como autor al inspector Oscar Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a quien señaló por tener vínculos con la CIA.

Según Villegas, Pérez hurtó un helicóptero poco después de publicar en sus redes sociales un video en el que habla del gobierno como "transitorio y criminal" y dice hacer un despliegue para "devolver el poder al pueblo democrático".

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Nicolás Maduro: "Vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado"

El ministro dijo que desde la aeronave se lanzaron cuatro granadas -una no explotó- y se hicieron 15 disparos. No se reportaron heridos.

El gobierno informó en la tarde del miércoles que el helicóptero fue encontrado en una zona montañosa a unos 50 kilómetros de Caracas.

Villegas además vinculó al atacante con el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, ahora crítico con el gobierno.

Durante el anuncio, el gobierno no dio a conocer pruebas de que los disparos y lanzamientos de granadas se produjeron.

Por su parte, líderes de la oposición cuestionaron la versión oficial, afirmando que aún no hay suficiente información sobre el helicóptero y llamando a continuar con las manifestaciones en las calles.

Varios comentaristas opositores fueron más allá y calificaron el episodio de "un show".

La ONG especializada en defensa Control Ciudadano, crítica del gobierno, aseguró que el supuesto alzamiento en armas era falso.

En redes sociales, vecinos del edificio del Tribunal Supremo publicaron videos en que se puede ver un helicóptero azul con distintivos de la policía sobrevolando la sede del TSJ. Además se oyen disparos y al menos una detonación.

También fueron compartidas fotografías de los tripulantes de la nave sosteniendo un cartel en el que se puede leer la palabra "libertad" y el número 350, en referencia al artículo de la Constitución venezolana que es invocado por la oposición al gobierno de Maduro como legitimación de la desobediencia civil.

El incidente se registró en la tarde de un día de múltiples sucesos en Venezuela en medio del fuerte clima de tensión que vive el país desde que, hace casi tres meses, comenzara una ola de protestas contra el gobierno que ha dejado ya casi 80 muertos.

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"Somos guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo", el manifiesto que Óscar Pérez difundió antes del ataque del helicóptero

Después del incidente del helicóptero, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Freddy Guevara afirmó que todavía no tenían la suficiente información al respecto.

"Lo único seguro es que la calle debe seguir: mañana tranca (bloqueo de calles) nacional", dijo el asambleísta.

Horas antes, los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se enfrentaron con agentes de la Guardia Nacional y denunciaron el asedio del palacio legislativo por parte de simpatizantes del oficialismo.

El presidente Maduro también elevó el tono el martes más temprano.

"Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la Revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas", dijo en un acto.

El inspector sublevado

Pero las imágenes del helicóptero generaron confusión en un país en conflicto y en el que el gobierno acusa a la oposición de estar tramando un golpe de Estado.

El inspector Pérez publicó en las redes sociales un video en el que lee un comunicado en el que habla de un "combate en contra de la muerte de inocentes que luchan por su derecho, en contra del hambre".

"Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal", dice Pérez en el video con cuatro compañeros encapuchados a su espalda.

El grupo, que dice no pertenecer a ningún partido político, se define como "nacionalista, patriota e institucionalista" y contrario a la "tiranía"

Image caption Diputados de oposición denunciaron el asedio de simpatizantes oficialistas sobre el palacio legislativo.

El ministro Villegas lo tildó de "acto subversivo" y "ataque armado" y dijo que el individuo, antes de identificarlo como Oscar Pérez, "se ha alzado en armas contra la Constitución".

Maduro habló de "ataque terrorista armado contra las instituciones del país".

En un comunicado del TSJ, el presidente del tribunal, Maikel Moreno, rechazó y condenó el "ataque terrorista" que puso "en peligro la integridad física de los trabajadores y trabajadoras que se encontraban dentro de sus instalaciones".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido muy criticado por la oposición y por la fiscal general, Luisa Ortega, quienes lo acusan de actuar al dictado del Ejecutivo, que está promoviendo ahora una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado y redactar una nueva Carta Magna.

La oposición y sectores del chavismo crítico están en contra y acusan al gobierno de haberse convertido en una "dictadura". El Ejecutivo, por su parte, afirma que sus rivales políticos están promoviendo un golpe y una intervención extranjera.

El germen de las protestas fueron dos decisiones del TSJ por las que se atribuía los poderes de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo. Aunque fueron parcialmente corregidas, el descontento continúa sobre todo por la grave situación económica que vive el país.

Casi a la misma hora del incidente del helicóptero se conoció una sentencia del TSJ que da a la Defensoría del Pueblo el mismo poder que a la Fiscalía para acusar e investigar, lo que algunos constitucionalistas como José Ignacio Hernández interpretan como una forma de minar el poder del Ministerio Público, ahora crítico del Ejecutivo y del poder Judicial.

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