Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denuncia que en Venezuela hay "una política para reprimir la disidencia política e infundir miedo"

Fuerzas de seguridad de Venezuela Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption El informe del Alto Comisionado de la Derechos Humanos de la ONU critica duramente al gobierno de Venezuela.

Las conclusiones del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la actuación del Estado venezolanos en los últimos meses de protestas antigubernamentales son contundentes.

Los abusos cometidos "señalan la existencia de una política de represión de la disidencia política e infundir miedo en la población para frenar las manifestaciones", dice el documento.

Este informe final, publicado el miércoles, asegura que el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias no fueron hechos individuales.

Durante cuatro meses Venezuela, de abril a agosto, vivió una ola de protestas contra el gobierno en las que murieron unas 120 personas. La oposición culpó al gobierno de "represión", mientras que el Ejecutivo acusó a sus rivales políticos de estar promoviendo actos "terroristas".

El informe del Alto Comisionado se basa en los datos de la anterior gestión del Ministerio Público venezolano, destituida tras la instalación de una Asamblea Constituyente con poderes absolutos que dirige Venezuela desde hace poco menos de un mes.

Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, alerta de que la situación en Venezuela podría empeorar.

De acuerdo al informe, de los 124 muertos que hubo hasta el 31 de julio, 46 fueron víctimas de los cuerpos de seguridad y 27 de los llamados colectivos, grupos de civiles armados afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Las políticas de las autoridades en respuesta a las protestas han ido en detrimento de los derechos y libertades de los venezolanos", dijo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, que pide una investigación imparcial.

Informe a distancia

El gobierno de Venezuela ya expresó hace tres semanas, al conocerse el resultado preliminar del informe, su disconformidad con las conclusiones.

Según un comunicado de la Cancillería, el informe omite "la abundante, esclarecedora y fidedigna documentación que el Estado venezolano ha suministrado" y que "demuestra la responsabilidad de los dirigentes opositores en la organización, promoción y financiamiento de actos violentos que han arrojado un doloroso saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos e incontables daños y sufrimientos al pueblo venezolano".

Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption El informe también señala los ataques de los que han sido víctimas las fuerzas de seguridad.

El gobierno destaca que el informe de los expertos se realizó a distancia. La oficina del Alto Comisionado lamenta que el gobierno venezolano no respondió a su petición de acceso al país.

El informe destaca también "serias violaciones del debido proceso y patrones de maltrato, en algunos casos hasta de torturas", dijo Zeid, que también admite el uso de medios violento por parte de algunos grupos antigubernamentales, a los que responsabiliza de la muerte de "al menos cuatro personas".

El informe critica que se tache de "terroristas" y "enemigos" a manifestantes y periodistas.

Dudas sobre la Comisión de la Verdad

El Alto Comisionado también muestra su preocupación por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, recientemente creada por la Constituyente, controlada por el oficialismo por la negativa a participar de la oposición, que la considera "fraudulenta".

Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption El informe recoge los datos de la gestión en el Ministerio Público de la fiscal Luisa Ortega, ya destituida de su cargo.

"No cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad para realizar investigaciones obre abusos y violaciones de derechos humanos que sean independientes y libres de motivaciones políticas", alerta Zeid.

La Constituyente aprobó el martes una medida para realizar juicio por traición a la patria a miembros de la oposición que hayan pedido sanciones como las que impuso contra el gobierno de Venezuela recientemente Estados Unidos.