Un jurado de Estados Unidos declara "responsable" al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada por la muerte de civiles durante la "Masacre de octubre" de 2003

Sánchez de Lozada Derechos de autor de la imagen Reuters
Image caption Sánchez de Lozada es el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado responsable en Estados Unidos por abusos de derechos humanos.

Un jurado civil de Estados Unidos declaró este martes al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, responsables de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas en 2003 durante la llamada "Masacre de octubre".

Sánchez de Lozada es el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado responsable en Estados Unidos por abusos de derechos humanos.

De acuerdo con la sentencia, el exmandatario deberá indemnizar con US$10 millones a familiares de ocho indígenas aimaras que la policía mató durante los sucesos de 2003.

La sentencia a los dos exfuncionarios no contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.

Ambos niegan los cargos presentados en su contra.

El juicio a Sánchez de Lozada y su ministro se comenzó el pasado 5 de marzo en una corte civil en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, y el jurado inició las deliberaciones 21 días después.

La demanda estuvo enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.

Sin embargo, nunca hasta ahora se había conseguido llegar a juzgar a un expresidente por estos motivos.

Aunque no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, se presentaron en la corte en durante las sesiones iniciales.

La "guerra del gas"

Sánchez de Lozada gobernó Bolivia por dos periodos: primero de 1993 a 1997 y luego de agosto de 2002 hasta octubre de 2003, cuando huyó a Estados Unidos tras la revuelta de la Guerra del Gas.

El inicio de su mandato se vio estremecido por un intento de aumento de los impuestos, denuncias de enriquecimiento ilícito y el uso de la política en beneficio de sus negocios.

Derechos de autor de la imagen Center for Constitutional Rights
Image caption Los demandantes celebran el fallo en las afueras de la corte en Fort Lauderdale, Florida.

"Bolivia vivía en un clima de conflictividad social muy elevado, con grandes protestas protagonizadas sobre todo por indígenas aimaras, cocaleros y sectores como la clase media y los universitarios", explica el periodista boliviano de BBC Mundo Boris Miranda, autor del libro "La última tarde del adiós" sobre la Masacre de Octubre.

Las protestas se intensificaron tras el anuncio de varias decisiones del gobierno de Sánchez de Lozada -conocido popularmente como 'Goni'-, como la de exportar gas natural boliviano a EE.UU. a través de Chile.

Entre las críticas a los planes del ejecutivo estaban las que señalaban los bajos precios a los que se querían hacer las exportaciones y la falta de un plan que abasteciera antes el mercado nacional.

Sin embargo, la tensión se disparó el 20 de septiembre de 2003, cuando en un operativo militar en el noreste de La Paz murieron la niña de ocho años Marlene Rojas -a quien le impactó una bala perdida cuando estaba en el interior de su casa- y otras cuatro personas.

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Image caption Sánchez Berzaín vive actualmente en Miami, donde escribe incluso columnas de opinión para un diario local.

Los choques entre los manifestantes y efectivos del ejército durante esas semanas se concentraron en las ciudades de La Paz y El Alto, y dejaron un saldo de más de 50 muertos y unos 400 heridos.

Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 y huyó de forma inmediata, al igual que Sánchez Berzaín.

Tras su huida a Estados Unidos, el fiscal general de Bolivia alegó que el entonces mandatario había sustraído de manera ilegal alrededor de US$22 millones de las arcas del gobierno.

Bolivia lleva años solicitando la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Pese a que cinco altos cargos militares de entonces están en prisión por su papel en la represión de las protestas, el expresidente y su ministro de Defensa nunca pudieron ser juzgados en su país como presuntos responsables políticos de lo sucedido.

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