Las gigantescas protestas anticorrupción, sin líderes ni discursos, que tienen contra las cuerdas al gobierno de Rumania

Protesta en la Plaza de la Victoria de Bucarest Derechos de autor de la imagen AP
Image caption Cientos de miles de personas continuaron se tomaron la Plaza de la Victoria de Bucarest el domingo durante el sexto día consecutivo de protestas.

Son las mayores protestas que se han visto en Rumania desde que una movilización popular derrocó al gobierno comunista de Nicolae Ceausescu en 1989.

Desde hace ya seis días, centenares de miles de personas habían estado saliendo diariamente a las calles para protestar por la intención del gobierno de descriminalizar los delitos de abusos de poder que involucraran sumas inferiores a los 200.000 lei (US$47.500).

Y ni siquiera la derogación de la polémica medida, anunciada el domingo, logró calmar las aguas.

Esa misma noche, cerca de medio millón de personas volvieron a movilizarse para demandar la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu, a quien acusan de tratar de proteger así a sus aliados.

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Las masivas protestas contra el gobierno y la corrupción en Rumania

Como ya es costumbre, en la plaza de la Victoria de Bucarest no se pronunciaron discursos, pero abundaron los gritos de Hotsii! ¡Hotsii!" ("¡Bandidos! ¡Bandidos!").

Mientras, un gigantesco láser proyectaba la palabra "¡Dimisión!" sobre la fachada de la propia oficina de Grindeanu, en el cargo desde el pasado 4 de enero.

Sin confianza

Antes de su derogación, las nuevas autoridades habían defendido el polémico decreto como necesario para descongestionar las cárceles y evitar el abuso de las leyes anticorrupción.

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Image caption La figura de Liviu Dragnea, el líder del gobernante PSD, está en el centro de las protestas.

Pero la medida claramente beneficiaba a muchos exfuncionarios y políticos, incluyendo al líder del gobernante Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, quien enfrenta cargos por fraude en perjuicio del Estado por poco más de US$25.000.

Y como explica el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe, a pesar de la derogación del decreto, muchos de los manifestantes no confían en que el gobierno vaya a cumplir su palabra.

"Temen que la nueva legislación, prometida por el primer ministro cuando abolió del decreto de la discordia, pueda contener algunos de los mismos elementos bajo diferente forma", explicó Thorpe.

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Image caption Los críticos de la iniciativa afirman que la misma buscaba beneficiar a políticos y exfuncionarios acusados de corrupción.

"Queremos que se vayan. No basta con que la derogación (del decreto). Hicieron algo muy malo y los queremos fuera", le dijo también a la BBC una de las manifestantes del domingo.

"Estamos determinados a resistir y a seguir luchando hasta que el gobierno renuncie. Han perdido toda credibilidad y no sólo con el pueblo de Rumania, así que es hora de que se vayan", agregó otro.

"Momento único"

Las masivas protestas, que no tienen líderes visibles, parecen haberse organizado espontáneamente a través de las redes sociales.

"Sinceramente creo que se trata de un momento único para mi país", le dijo a la BBC Sorin, un antiguo líder estudiantil de 38 años.

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Image caption Las de la última semana son las mayores protestas en Rumania desde la caída del comunismo en 1989.

"Somos una nueva generación, empujada por sentimientos nacionales, que estamos luchando por nuestros derechos", aseguró el joven, que ahora trabaja en finanzas.

Pero no todos están de acuerdo con la idea de que lo que se vive en Rumania es una simple batalla entre funcionarios corruptos y una sociedad que lucha contra la corrupción.

"¿Quién está organizando todo esto? Es difícil de decir pero espero que las instituciones estatales tengan esta información", le dijo a una televisora local Liviu Dragnea.

"Pero me reprocho a mí mismo el no haber comprendido que este es un plan mucho mejor organizado que un simple movimiento espontáneo", aseguró el líder del gobernante PSD, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

"República de fiscales"

El aliado del PSD en la coalición de gobierno, Calin Tariceanu, líder de la Alianza de Liberales y Demócratas, también sostiene que la situación es más complicada.

"Lamento decirlo, pero en Rumania el poder judicialno es independiente", le dijo a la BBC el ex primer ministro, quien actualmente se desempeña como presidente del Senado.

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Image caption Muchos manifestantes exigen la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu.

Y, según Tariceanu, los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) se han aliado con los miembros de los servicios secretos y algunos jueces para violar las libertades civiles de una forma no vista desde la época del comunismo.

"La DNA y los servicios de inteligencia se han convertido en instituciones que no respetan el marco legal, son corruptas y son empleadas para sacar ventaja en las batallas políticas de Rumania", afirmó el político.

Y algo parecido le dijo a la BBC Adrian Nastase, ex primer ministro Social Demócrata que ha sido sentenciado dos veces a prisión por corrupción y chantaje luego de investigaciones de la agencia anticorrupción.

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Image caption Las manifestaciones parecen ser espontáneas, pero el gobierno sospecha.

Según Nastase, bajo el mantra de la lucha contra la corrupción, la Dirección Nacional Anticorrupción se ha convertido en un "superpoder" y Rumania en una "república de fiscales".

Y, en respuesta, el gobierno Social Demócrata, que llegó al poder hace nada más un mes, simplemente estaría tratando de "recalibrar las relaciones entre las instituciones del Estado".

¿Amenaza abortada?

Todo esto, sin embargo, es categóricamente negado por la directora de la DNA, Laura Kovesi, quien le dijo a la BBC que su oficina ha investigado tanto a funcionarios de gobierno como figuras de la oposición.

"Los casos iniciados por la DNA son además vistos, verificados y revisados por los jueces. Y los jueces en Rumania son imparciales", aseguró también Kovesi.

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Image caption Según Laura Kovesi, la iniciativa gubernamental implicaría un serio retroceso para la lucha contra la corrupción en Rumania.

Y, según la funcionaria, los planes del gobierno no sólo habrían limitado drásticamente las capacidades de la agencia a su cargo, sino también obligado a la liberación de cientos de políticos, alcaldes, jueces, funcionarios de aduana y jefes de empresas e instituciones estatales ya condenados por corrupción; además de descarrilar buena parte de los 2.151 casos que están siendo investigados.

Por lo pronto, sin embargo, esta amenaza parece haberse disipado.

Y lo que queda por verse es el impacto que podrían tener las protestas sobre la continuidad del gobierno de Grindeanu.

"Este es un país en el que las protestas callejeras ya han logrado derrocar gobiernos en el pasado", recordó el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe.

"Y los manifestantes lo saben".

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