España: Mariano Rajoy pone plazos a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia de Cataluña y califica el referéndum de "ataque desleal y peligroso"

Mariano Rajoy Derechos de autor de la imagen EPA
Image caption Rajoy dijo que su gobierno quería ofrecer certeza tanto a españoles como a catalanes.

El gobierno español dio este este miércoles un ultimátum al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que aclare antes del próximo lunes si proclamó la independencia durante su ambiguo discurso del miércoles.

El requerimiento, publicado por medios locales, indica que la solicitud invita a la autoridad regional a que cese, además, "sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España".

El texto explica que dichas solicitudes constituyen un paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución, que limitaría las competencias autonómicas de la región y le daría poder al gobierno central para adoptar "las medidas necesarias" para forzar a Cataluña a cumplir con las obligaciones constitucionales.

Este martes, en un discurso ante el parlamento regional, Puigdemont declaró que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para emprender un proceso de diálogo.

La vaguedad de la declaración, que ponía de alguna forma la pelota en el techo del gobierno central, generó rechazo e incertidumbre tanto entre quienes apoyan la independencia como entre quienes se le oponen.

En una jugada que le devolvió nuevamente la pelota al gobierno catalán, el presidente español, Mariano Rajoy, pidió a Puigdemont a dar "certezas a los españoles y a los catalanes" tras la "confusión generada por la Generalitat (la autoridad regional)".

Solicitud previa

En la mañana de este miércoles, Rajoy, aclaró que dicha solicitud es previa "a cualquiera de las medidas del gobiernoque puede adoptar al amparo del artículo 155".

Derechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption Rajoy subrayó que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal y un "ejercicio contra la democracia".

Horas más tardes, ante el congreso, el presidente del gobierno central volvió a rechazar el referéndum celebrado el pasado 1 de octubre, que calificó de "ataque desleal y peligroso".

"Queremos ofrecer claridad y seguridad jurídica. La respuesta de la Generalitat -el gobierno catalán- marcará los acontecimientos de los próximos días", agregó Rajoy.

En una conferencia posterior a la de Rajoy, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, dijo que el gobierno español y su partido, el PSOE, acordaron abrir en seis meses una reforma constitucional sobre el modelo de estructura territorial de España.

Sánchez y Rajoy, que se reunieron anoche, comparten la reflexión de que "ha llegado la hora de abordar la reforma constitucional", explicó el líder socialista.

Pero precisó que el PSOE se va a negar a que la reforma constitucional admita un referéndum de autodeterminación.

"Ataque desleal y peligroso"

Por la tarde, a las 16:00 hora local, Rajoy volvió a comparecer ante el Congreso español y subrayó en repetidas ocasiones que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal y un "ejercicio contra la democracia".

Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption 72 diputados firmaron una declaración de independencia.

"Fue un ataque desleal y muy peligroso contra la Constitución, la unión de España, el estatuto de autonomía y la convivencia" de la ciudadanía.

Insistió en que las imágenes vistas aquel día mostraron las "dramáticas e inevitables consecuencias de la quiebra de la legalidad" y señaló a quienes impulsaron el proceso y organizaron el referéndum como "únicos responsables".

Asimismo, agradeció a los jueces, fiscales, policías y guardias civiles, cuya actuación consideró proporcionada.

Según el jefe del gobierno español, quedó claro que "el cuento de hadas del referéndum" no era tal: "No fue pacífica, ni gratuita, ni tendrá el reconocimiento de la Unión Europea y tendrá costos muy altos".

"Ninguna Constitución europea reconoce el derecho de autodeterminación. La independencia de Cataluña es contraria a cualquier norma de derecho internacional", subrayó.

Media playback is unsupported on your device
El presidente de Cataluña pide suspender los efectos de la declaración de independencia.

Por otra parte, también hizo referencia a la disposición de dialogar con el gobierno de Madrid que había mostrado Puigdemont la víspera, en una comparecencia en el Parlamento catalán, y que el presidente catalán reiteró este miércoles.

"Soy un firme partidario del diálogo, pero debo advertir que no es posible aceptar la imposición unilateral de puntos de vista que no puede aceptar una de las partes. Y no se puede negociar sobre la titularidad de la soberanía nacional", dijo.

Y añadió: "Sin duda se puede dialogar en una situación como esta; se puede mejorar el marco de convivencia, pero en el marco de las instituciones existentes".

Ambigüedad

Tras el anuncio de Puidemont, 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una "república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

La comparecencia de Puigdemont fue recibida con críticas en Madrid, pero también con decepción e incluso algún llanto entre los manifestantes independentistas que se reunieron en las inmediaciones del parlamento regional.

Derechos de autor de la imagen EPA
Image caption Así fue la reacción de algunos manifestantes cuando Puigdemont pareció declarar la independencia y luego, cuando pidió su suspensión.

La primer reacción desde el gobierno central llegó por parte de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría: "Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación".

Ámbito inexplorado

Desde ese momento, muchos especulaban con la activación del artículo 155.

El de este artículo es un ámbito todavía inexplorado, porque nunca se desarrolló en leyes concretas y por lo tanto se desconoce cual podría ser todo su alcance.

En ese contexto, ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependería de la interpretación que de él quiera hacer el gobierno español.

Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación estaría sujeta a la aprobación "por mayoría absoluta del Senado", según dice el propio artículo.

Eso implicaría que esas medidas que el gobierno considere "necesarias" tendrían que ser concretadas y puestas a debate en un pleno parlamentario, antes de ser sometidas a votación por el senado.

Contenido relacionado