Indígenas de Paraguay exigen cumplimiento de sentencia

Fotos: Indígenas de la comunidad Xákmok Kásek, cedidos por la ONG Tierraviva
Image caption Desde 1990, la comunidad Xákmok Kásek ha reclamado su derecho a vivir en su territorio tradicional.

Indígenas de la comunidad Xákmok Kásek que habitan el Chaco Paraguayo, se organizarán con otros, de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, para exigir al Estado el cumplimiento inmediato de las sentencias favorables a sus intereses emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH emitió recientemente una sentencia condenando al Estado paraguayo por violar los derechos de la comunidad indígena Xákmok Kásek en lo que se refiere a la propiedad colectiva, a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño.

El fallo también señala que el Estado violó la protección judicial, las garantías judiciales y a la persona jurídica, incumpliendo además el deber de no discriminar a los integrantes de la comunidad Xákmok Kásek.

Paraguay es el único país bajo la jurisdicción de la CIDH que ha sido condenado tres veces por violación de derechos de los pueblos indígenas.

En 2005 y 2006, la Corte emitió sentencias a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa respectivamente estableciendo que el Estado deberá devolver sus tierras a estas comunidades.

Pese a que las órdenes de la CIDH tienen carácter vinculante, el cumplimiento en relación con estos dos casos, hasta ahora ha sido ínfimo.

"Desde hace cinco años el Estado no cumple con las resoluciones de la Corte por lo que los miembros de las tres comunidades -Xákmok Kásek, Yakye Axa y Sawhoyamaxa-, son conscientes que únicamente organizándose conjuntamente podrán tener algún peso para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias", le dijo a BBC Mundo Ricardo Morínigo, director de comunicaciones de la ONG Tierraviva, que acompañó todo el proceso de la reivindicación indígena tanto a nivel nacional como internacional.

Desde 1990, la comunidad Xákmok Kásek ha reclamado al Estado su derecho a vivir en su territorio tradicional. Tras 20 años de infructuosos trámites internos en el país, la comunidad se vio obligada a elevar su reclamo ante los organismos internacionales de derechos humanos.

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Devolución de las tierras

Image caption Los indígenas reclaman al Estado paraguayo no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral.

Según la sentencia de la Corte, Paraguay deberá devolver, antes de finales de 2013, las 10.700 hectáreas de tierra reivindicadas por la comunidad Xákmok Kásek.

Las tierras, parte del territorio tradicional del pueblo Sanapaná –una de cuyas comunidades es Xákmok Kásek-, están actualmente tituladas a nombre del ganadero Roberto Eaton, poseedor de unas 7.000 hectáreas de las tierras. Las 3.000 hectáreas restantes están en posesión de la cooperativa menonita "Chortizert".

En caso que el Estado no devuelva sus tierras a Xákmok Kásek en el plazo establecido, deberá abonar a los indígenas US$10.000 por cada mes de atraso en el cumplimiento de este punto de la sentencia.

La CIDH también obliga al Estado paraguayo a proteger inmediatamente las tierras reclamadas para evitar actos de deforestación y no destruir los lugares importantes de la comunidad.

Igualmente, deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos de violación de los derechos indígenas probados durante el proceso de investigación.

Otras obligaciones

Con respecto a la situación en que se encuentra actualmente la comunidad, la sentencia señala que de manera inmediata, las instituciones del Estado deberán entregar agua para consumo y aseo personal y realizar una revisión médica y psicosocial a todos los miembros y en especial a los niños, niñas y ancianos.

En materia de salud, debe llevar a cabo tareas de vacunación y desparasitación, atención a embarazadas y durante los primeros meses de nacido del niño.

Para estas tareas el Ministerio de Salud deberá establecer, en menos de seis meses, un puesto de salud permanente y un sistema de comunicación en la aldea 25 de febrero, donde actualmente viven los indígenas de Xákmok Kásek.

En este punto, la sentencia también señala que el Estado deberá entregar a los indígenas, alimentos en cantidad y calidad suficiente, proveer de instalaciones sanitarias, mejorar la infraestructura de la escuela e implementar, durante el próximo año, un programa de registro para todos los indígenas de la comunidad.

Millonaria indemnización

Image caption Las familias se repartirán la indemnización.

El documento condenatorio menciona que Paraguay deberá presupuestar US$700.000 para financiar proyectos de desarrollo dentro de la comunidad. En los próximos seis meses debe ser conformado el comité de implementación de este plan y el mismo estará compuesto por un representante del Estado, uno de la comunidad y uno de consenso.

La CIDH dispuso una indemnización de US$270.000 para el resarcimiento de daños causados por los años de abuso a los que fue sometida esta comunidad. El monto será distribuido a las familias que forman parte de Xákmok Kásek.

En otro punto de la sentencia se menciona que el Estado deberá igualmente entregar US$25.000 por costos y gastos, monto que será entregado a los líderes y la comunidad resolverá el destino de este dinero.

El Estado promete cumplir

Si bien el aspecto principal del reclamo indígena, la devolución de sus tierras, no ha sido satisfecho aún, representantes del Estado paraguayo dijeron a BBC Mundo que existe "la mejor predisposición y voluntad para cumplir con las sentencias condenatorias de la CIDH".

"Con respecto al caso de la comunidad Xákmok Kásek, una gran parte de las tierras que ellos reclaman fue declarada 'Área Silvestre Protegida bajo Dominio Privado' por decreto del Poder Ejecutivo de enero de 2008. Se debe anular ese decreto y plantear la expropiación o la compra directa del terreno", le dijo a BBC Mundo el procurador delegado de la República, Abrahán Martínez.

El funcionario explicó que un área protegida no se puede expropiar pero que ya existe un dictamen favorable de la Secretaría del Ambiente recomendando la anulación del decreto.

"Con eso podemos plantear la expropiación o la compra directa de las tierras, tema que será tratado en una próxima reunión del Consejo de Ministros y dependerá ya de la decisión final del presidente Fernando Lugo", expresó Martínez.

Con respecto a los otros dos casos, Martínez relató que se conformó una comisión especial, la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias, que tratará de avanzar hacia las soluciones.

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