Venezuela: en un "limbo" presos electos diputados

Las rejas de una cárcel
Image caption Han pasado casi dos semanas de las elecciones y Pileri y Sánchez no han salido de prisión.

Dos diputados electos a la Asamblea Nacional que se encuentran privados de libertad, continúan esperando una respuesta de la justicia venezolana en torno a su excarcelación, lo que daban por seguro una vez que triunfaron en los comicios del pasado 26 de septiembre.

Se trata de Biagio Pileri y José Sánchez, alias “Mazuco”, dos ex funcionarios públicos a quienes la oposición considera presos políticos y quienes obtuvieron escaños por los estados Yaracuy y Zulia respectivamente.

De acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, quienes resulten electos diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación.

Es decir, no podrán ser juzgados ni procesados por delitos, a menos que medie un complejo procedimiento que implica un “antejuicio de mérito” por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un “allanamiento” (o levantamiento) de la inmunidad por la Asamblea Nacional.

Pasadas casi dos semanas desde el acto electoral, Pileri y Sánchez siguen esperando su liberación, algo que abogados constitucionalistas y portavoces críticos consideran incomprensible. Sus expedientes pasarían a manos del TJS esta semana.

Inmunidad vs. impunidad

Image caption Para Flores, el máximo tribunal de Venezuela es el que tiene la última palabra.

Por el oficialismo, son pocos los que han hablado sobre el asunto. Entre ellos se cuenta la actual presidenta de la Asamblea Cilia Flores, quien hace poco manifestó que será el máximo tribunal de la República el que tenga la última palabra.

“La inmunidad no es impunidad. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Ahí hay unas personas que están siendo condenadas, no por delito político, sino juzgadas por homicidio y otra por corrupción”, señaló la parlamentaria.

La situación de estos diputados electos se resume como sigue: Pileri, ex alcalde del municipio Bruzual, fue acusado de corrupción. Un tribunal mixto lo declaró inocente el pasado 19 de julio. Sin embargo, la Fiscalía apeló y solicitó que se le mantuviera detenido hasta que el caso fuera reconsiderado.

Sánchez era secretario de seguridad de la gobernación de Zulia, en tiempos del ex candidato presidencial, Manuel Rosales, hoy exiliado. Se le acusa de ser el autor intelectual de la muerte de un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, un evento con supuestas ramificaciones hasta el propio Manuel Rosales.

En 2009 un tribunal admitió la querella y ordenó la apertura de un juicio oral en su contra, pero el juicio no ha avanzado. “Mazuco”, como también se le conoce, tiene tres años detenido.

“Extremadamente grave”

La postulación de “presos políticos” por parte de la oposición fue resultado de un proceso complejo. Algunos de los más prominentes, como los ex comisarios de policía sentenciados por las muertes del golpe de abril de 2002, no pudieron participar porque en el ínterin se les dictó sentencia definitivamente firme y perdieron sus derechos políticos.

En otros casos, como el de la ex jueza María Lourdes Afiuni, los factores de oposición no llegaron a un acuerdo. Afiuni, acusada de colaborar con la fuga de un prominente banquero ex aliado del gobierno, se lanzó con el apoyo de partidos pequeños y no ganó.

Siempre se planteó la postulación de estas personas como una manera de otorgarles una libertad que el bloque opositor considera negado por razones políticas. Pero no ha ocurrido así en la práctica y se ignora cómo fallará el TSJ.

En 1978, David Nieves y Salom Meza, dos dirigentes políticos a quienes se le seguía un proceso por su supuesta relación con el sonado secuestro de un famoso empresario, fueron electos al entonces Congreso. Los tribunales les dieron libertad inmediata.

Para el experto constitucionalista Alberto Arteaga, el caso de Sánchez y Pilieri no es diferente. “La inmunidad no es un privilegio personal, es una prerrogativa funcional a la que se llega por la expresión de la voluntad popular. Desconocerla es desconocer la voluntad del pueblo”, le dijo a BBC Mundo.

Según Arteaga, si la postulación de estos ciudadanos fue aceptada como buena por la autoridad electoral, la entrega de la credencial de diputado tendría que ser suficiente para que se ordenara su excarcelación.

“No cabe otra manera o interpretación. Es de esos asuntos que son de evidente aplicación (…) Lo que uno esperaría es que el TSJ restablezca el derecho que ha sido desconocido. Lamentablemente, podría ocurrir cualquier cosa. Esperemos que no ocurra, sería extremadamente grave”, añadió.

Después de la elección del 26 de septiembre, la fiscal general Luisa Ortega Díaz sólo se ha pronunciado para manifestar que su despacho no es responsable del retardo procesal en el caso Mazuco.

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