Venezuela: opciones frente la expropiación

Agroisleña
Image caption ¿Qué opción le queda a quien considera que su bien le ha sido expropiado injusta o ilegalmente?

Lo dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre pasado: su gobierno se propone tomar medidas más radicales.

Eso implica la "recuperación" de miles de hectáreas de tierras y la toma de propiedad por el estado de empresas que considera clave para el avance del proceso socialista.

La reciente expropiación de la fabricante de lubricantes Venoco, sumado a la proveedora de insumos agrícolas Agroisleña, apuntan en esa dirección. Lo que tiene a portavoces del sector privado denunciado lo que ellos llaman una nueva arremetida contra la propiedad privada.

"Vemos con preocupación que el gobierno sigue tomando medidas de expropiación sin cumplir lo que establece el artículo 115 de la Constitución", dijo recientemente el presidente de la Confederación de Industriales, Conindustria, Carlos Larrazábal.

Dicho artículo garantiza el derecho a la propiedad y señala que "sólo por casa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".

De potestad a deber

Pero, desde el punto de vista del oficialismo, este asunto tiene sus matices.

"No existe Estado alguno que más bien no haya reforzado tanto la propiedad privada (…) Ahora, que el Estado tiene que tomar determinadas decisiones (…) es un asunto de utilidad pública e interés social. Y eso es más que una simple potestad del Estado, para convertirse en un deber en su búsqueda de la Felicidad social y la Justicia", dijo este lunes el abogado constitucionalista y diputado oficialista Carlos Escarrá.

Al menos dos instrumentos jurídicos facilitan este proceso. La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece la posibilidad de "proceder a la adquisición forzosa" de bienes y actividades relacionados con el sector "sin necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional", según su exposición de motivos.

Por otro lado, una reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios formalizó lo que críticos llamaron la "expropiación express", al permitir que todos los bienes puedan ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo nacional, con la condición de que "se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado".

La ley no contempla la apertura de procesos judiciales. En cuanto a indemnizaciones, señala que "se podrá compensar y disminuir del monto (…) lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados".

La práctica

Image caption El sector privado denuncia lo que llama una nueva arremetida contra la propiedad privada.

"En la práctica no se hace ninguna de las cosas que están previstas en la Constitución", le explica a BBC Mundo el economista Alejandro Sucre. "No se explica por qué el bien es de utilidad pública. Y por muchas expropiaciones, que se utiliza en lugar de sanciones, no se paga nada", añadió.

En un contexto en el que no hay juicio previo (y, por tanto, no hay derecho a la defensa previa), ¿qué opción le queda a quien considera que su bien, grande o pequeño, le ha sido expropiado injusta o ilegalmente?

En su artículo 8, la ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública le otorga a los propietarios la potestad de "ejercer todas las acciones posesorias o petitorias que correspondan, a fin de que se le mantenga el uso, goce y disfrute y de su propiedad, debiendo ser indemizado en los daños y perjuicios que ocasione el acto legal".

Algunos han emprendido el sendero jurídico, que el gobierno dice abierto y a la disposición de todos. Pero el éxito no siempre ha tocado a su puerta. "En el caso de los que han recibido pago, casi siempre es por las relaciones internacionales de los afectados, si son países amigos del gobierno. Hay un elemento político más que jurídico", opina Alejandro Sure.

El gobierno ha manejado también otras fórmulas. En marzo de 2009, y frente a una situación de escasez que el gobierno atribuía a la especulación y acaparamiento de alimentos, el presidente Hugo Chávez les advirtió a empresas del sector que no iba a permitir que siguieran "burlándose del pueblo".

"Si lo hacen (si paran la producción) les expropio todas las plantas y les pago con papeles. No crean que les voy a pagar con dinero contante y sonante", advirtió".

Dos vías

De una forma y otra, y según un informe de mayo de 2010 de la firma de análisis económico Econalítica, las adquisiciones de empresas privadas (por expropiación o compra) por parte del Estado habían costado unos US$23.000 millones. De estos se habían pagado hasta entones US$8.670 millones, mientras que se debían US$14.645 millones.

Esto incluye desde las grandes petroleras y siderúrgicas, hasta los negocios de distribución de alimentos en mercados populares o los pequeños comercios expropiados en los alrededores de la plaza Bolívar para renovar el casco histórico.

"Para estos pequeños negocios, existen dos vías: la de Franklin Brito (el productor agropecuario que, tras prolongadas huelgas de hambre por una disputa con el gobierno por tierras, falleció en septiembre pasado) o dejar sentada su queja en los tribunales, aunque sea sólo como una formalidad", señala Sucre.

El caso más reciente de la "vía Brito" lo constituye la protesta de dos hermanos de doble nacionalidad venezolana y española, en huelga de hambre en el edificio donde opera el consulado español, buscando apoyo para que se les pague el dinero acordado por la expropiación de unos terrenos suyos en 2005.

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