Cortocircuito en Washington por la marihuana

Marihuana

Independientemente de que los californianos decidan hacer la marihuana legal en el referéndum convocado para noviembre, la hierba seguirá siendo considerada como droga ilegal por las leyes nacionales.

Y eso puede generar un cortocircuito legal y policial. Mientras la policía del estado dejaría de perseguir a quienes tengan o consuman la droga, las fuerzas federales seguirán considerándolo un delito y seguirán haciendo arrestos.

Es algo similar a lo que sucede en los 14 estados en los que el uso médico de la marihuana está autorizado, donde los dispensarios que se encargan de distribuir la droga por prescripción suelen ser allanados por las autoridades federales.

Según datos del Buró federal de Investigaciones (FBI), el uso de marihuana creció en 8% en 2009 y los arrestos por posesión equivalen a la mitad de las detenciones que se realizan en EE.UU.

"Precursora"

Con la llegada del presidente Barak Obama al poder se había anunciado un cese a las operaciones contra dispensarios en estados que toleran la llamada "marihuana medicinal", sin embargo, eso no significa que apoye una despenalización nacional de la droga.

En su sitio en internet, la Agencia de Lucha contra la Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés) señala que la marihuana es una droga que sirve de "precursora" y que puede conducir a problemas de adicción entre adultos

Image caption La legalización de la marihuana generará choques en cuanto a su interpretación y aplicación.

Para la DEA, que expresa la posición oficial del gobierno federal estadounidense, "la proposición de que la marihuana inhalada es 'medicinal' es falsa truculencia usada por aquellos que promueven una total legalización".

Según Kevin Sabet, asesor de la Casa Blanca para el control de drogas, la marihuana "es una droga peligrosa" que causa problemas sociales y médicos, cuyo uso no debería estar sujeto a votación popular.

"La marihuana no puede ser la única excepción en la historia mundial que no pasa por un proceso científico para ser aprobada como medicina", dijo Sabet en una reciente conferencia en Montana, estado que en 2004 aprobó el uso de la hierba para fines medicinales.

"¿Cómo podemos imaginar que una droga peligrosa e illegal como la marihuana debería ser votada por la gente? Así no es como hacemos medicina en este país", afirmó Sabet.

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Cortocircuito

La posición oficial expresada por Sabet y por la DEA parece indicar que California estaría en rumbo de colisión con la legislación federal.

"Tenemos la dicotomía entre el estado estatal y el estado federal. En ese sentido creo que las leyes locales deberían respetar a las federales porque si no entraríamos en un problema de estado de derecho", le dijo a BBC Mundo, Iván Cachanosky, economista argentino que ha desarrollado investigaciones para el Instituto Cato de Washington.

Cachanosky sugiere que para evitar ese casi seguro choque, sería recomendable que la ley se estableciera vía la Corte Suprema de Justicia, tras una evaluación documentada de argumentos y no en una votación que estará sometida a pasiones de campaña.

En cualquier caso, el economista piensa que la legalización podría inducir a "consumir marihuana en vez de otros estupefacientes más peligrosos" y hasta podría encontrarse una manera de certificar la calidad del producto.

Problemas de suministro

Lo que ni promotores ni detractores avizoran en el corto plazo es una liberación tal que convierta en "empresas" legítimas de comercio internacional a los carteles que hoy venden droga ilegalmente en EE.UU.

Al igual que con los suministros para los dispensarios de marihuana en los estados que han permitido el uso médico, el producto que legalizarían en California vendría de proveedores certificados por el gobierno local.

Pero incluso en esa adjudicación podría haber problemas. En julio pasado, la Universidad Rutgers de Nueva Jersey rechazó el pedido del gobierno del estado para centralizar los cultivos medicinales de marihuana con fines medicinales.

¿La razón? Las autoridades universitarias le dijeron al gobernador que participar en el programa –aunque legal a nivel estatal- podría perjudicar los US$552 millones en donaciones, contratos y préstamos que la institución recibe anualmente de parte del gobierno federal.

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