Latinas indocumentadas: del abuso doméstico a la deportación

María Bolaños Derechos de autor de la imagen FFFA
Image caption Bolaños dando su testimonio ante un tribunal del ICE en noviembre de 2010, contando su caso de violencia doméstica seguido de una causa de deportación en su contra.

Es una amenaza invisible para millones de latinas indocumentadas en Estados Unidos: ser objeto de violencia doméstica y no atreverse a denunciarlo por miedo a la deportación.

Bajo el plan Comunidades Seguras, la situación de las víctimas de abusos intrafamiliares ha empeorado, según denuncian distintas organizaciones.

Este programa, creado en 2009 para identificar y deportar a criminales indocumentados que representan una “amenaza a la seguridad”, ha generado un aumento récord en la expulsión de otros “sin papeles” sin antecedentes penales, entre ellos mujeres abusadas.

El Sec-Comm, como se lo conoce, permite a la policía cotejar las huellas dactilares de sospechosos con las bases de datos de las agencias federales de migración y conocer de inmediato si un detenido está en situación irregular en el país.

El programa ha sido criticado no sólo por organizaciones defensoras de los inmigrantes sino también por gobernadores de distintos estados y congresistas demócratas. Según las estadísticas, el Sec-Comm ha sido el principal motor para un aumento de 70% en las deportaciones en los últimos dos años.

El rechazo público rindió frutos: el pasado viernes, el gobierno de Barack Obama anunció cambios al programa con nuevas reglas para las deportaciones que benefician a aquellos indocumentados que sirvan como informantes o testigos de crímenes.

“Se debe prestar particular atención a las víctimas de violencia doméstica o tráfico de personas”, señaló el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable del Sec-Comm.

Incierto

La novedad parece traer aire para las mujeres que sufren abuso doméstico, quienes tendrían un reaseguro y un incentivo para concurrir a la policía y denunciar a sus parejas.

Pero, ¿será esto suficiente para defenderlas?

Distintas organizaciones no gubernamentales recibieron los cambios anunciados con moderado beneplácito: destacan que son una señal clara del gobierno federal de que el programa de Comunidades Seguras no funciona como se había prometido. Pero, alertan, el caso de las indocumentadas que sufren abusos en casa es mucho más complejo.

“El sistema de inmigración quebrado recae fuertemente sobre las mujeres. Son ellas las que más sufren la separación de la familia (cuando un miembro es deportado) y, si además sufren violencia doméstica, son doblemente víctimas”, dijo Gustavo Andrade, director de organización Casa de Maryland, dedicada a asistir a los latinos en ese estado.

La colaboración entre policías locales y agentes de inmigración, señalan los expertos, ha tenido efectos concretos en la disminución de denuncias por violencia doméstica.

“Ya de por sí existen muchas razones para no llamar a la policía en esa situación de peligro, empezando por el temor a las represalias que pueda tomar la misma pareja. Si encima hay una amenaza latente de terminar siendo deportada, se agrega un obstáculo gigante”, recalcó Andrade.

Esperando la deportación

María Bolaños lo ha vivido en carne propia.

Después de llamar a la policía tras una pelea con su esposo que incluyó violencia física, la mujer lleva ahora más de un año peleando ante la Justicia para evitar ser deportada y separada de su hija de 2 años (que es ciudadana estadounidense por nacimiento).

Según relata, los oficiales que llegaron a su domicilio la arrestaron bajo la sospecha de que vendía ilegalmente tarjetas para teléfonos.

“Pensé que me iban a ayudar, pero la policía me entregó a Inmigración y hoy tengo orden de deportación. No soy criminal, soy una trabajadora”, se defendió la mujer, quien ha testificado para dejar al desnudo las fallas del sistema y tendrá su próxima cita en la Corte el 3 de octubre.

Según voceros de la Casa de Maryland, que respaldó a Bolaños en su causa, el caso ha sacado a la luz el complejo vínculo entre deportación y violencia doméstica, que afecta a miles de mujeres latinas –aunque no hay cifras oficiales- y es de larga data.

“La aplicación de controles migratorios más rigurosos hace que muchas mujeres inmigrantes toleren por más tiempo la vida en un contexto de violencia doméstica. Pero, además, el efecto secundario que logran es que los perpetradores del abuso no sean castigados”, coincidió Leslye Orloff, directora del Programa de Mujeres Inmigrantes de la organización Legal Momentum, en diálogo con BBC Mundo.

Paliativos

Existen herramientas legales para hacer frente a estos casos sin temer ser una expulsión –como la ley Federal de Violencia contra la Mujer de 1994 y las visas tipo U de carácter humanitario-, pero no todas las inmigrantes conocen sus derechos.

De hecho, en operativos policiales de rutina, muchas veces los agentes carecen de elementos para evaluar quién es la víctima y proceden al llamado “doble arresto”, pese a que está desaconsejado por ley.

Una vez que ambos, víctima y victimario, son detenidos, sus respectivas huellas dactilares pueden ser cruzadas contra la información de las agencias de migración.

“Muchas situaciones se dan por algo tan simple como que la víctima no habla inglés y no puede explicarse, por eso insistimos en que deben establecerse métodos de ‘screening’ (evaluación preliminar) con la ayuda de organizaciones no gubernamentales”, sugirió Orloff.

Según estiman distintos asesores legales, alrededor de 1% de las mujeres abusadas accede a una visa U que las salve de la salida a la fuerza.

El resto, como María Bolaños, deberá ir al banquillo para pelear por su causa o pasar a engrosar las estadísticas -del mismo ICE- que señalan que 55% de los deportados desde que entró en vigencia el Sec-Comm son en realidad inocentes, infractores menores o acusados sin condena firme.

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